Activistas por los Derechos Humanos señalan que mientras se profundiza la emergencia humanitaria compleja no se conocen los detalles de ese acuerdo de cooperación ni sus alcances.
Unas 80 organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales así como varios activistas cuestionaron un reciente acuerdo anunciado entre la oficina de Naciones Unidas en Venezuela y el gobierno de Nicolás Maduro, acusado por la propia ONU de ser un régimen violador de los Derechos Humanos.
«Ante la firma del nuevo marco que regirá la cooperación entre las Naciones Unidas y el gobierno de Venezuela para el periodo 2023-2026, la red venezolana de organizaciones de la sociedad civil Sinergia expresó su preocupación por “las llamativas deficiencias y omisiones” que presenta el documento, señalaron las ONG en un comunicado difundido esta última semana de octubre.
Las ONG y activistas por los Derechos Humanos están agrupados en una red llamada Sinergia, que presentó la iniciativa.
El acuerdo entre Maduro y la Oficina , indica el comunicado de Sinergia, no hace mención al contexto socio político en el que tendrá lugar dicha cooperación.
(Medios de propaganda del chavismo celebran este acuerdo con la ONU como parte de la supuesta «normalización» del país y del pleno reconocimiento internacional del gobierno de Maduro).
«ElMinisterio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior de Venezuela precisó que este acuerdo propone una hoja de ruta alineada del desarrollo bajo el compromiso global de la agenda 2030”, dice el medio propagandístico Telesur.
“En un país en el que la emergencia humanitaria compleja no solo se mantiene, sino que se profundiza, es imperativo y responsable considerar el conflicto social y político como la base o causa fundamental de dicha emergencia”, indica el por su parte el comunicado de las ONG.
“El presente marco de cooperación no debe ser instrumentalizado para normalizar esta crisis”.
Sinergia
El documento firmado entre la ONU y el gobierno venezolano tampoco da a conocer el alcance de las consultas que se habrían realizado a la sociedad civil.
Ante dicha situación, las organizaciones civiles firmantes exhortan a los representantes de Naciones Unidas en Venezuela a explicitar el contexto socio político en el que se firma el Acuerdo, “de forma de facilitar la acción concertada de los múltiples actores nacionales y los organismos de protección y cooperación internacional”.
En este contexto, el comunicado, refrendado por 83 organizaciones de la sociedad civil, hace un llamado a que se incorpore en el acuerdo el conjunto de recomendaciones que diversos mecanismos de seguimiento y protección de los Derechos Humanos del sistema de Naciones Unidas han realizado en los últimos once años al Estado venezolano, incluidas las recomendaciones emitidas por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
La red de OSC Sinergia exhorta finalmente que se reconozcan los problemas estructurales que, en materia de derechos humanos y justicia, persisten en Venezuela, y llama a los actores a comprender que, para alcanzar la convivencia democrática, se requiere “construir una ruta electoral que garantice la realización de elecciones auténticas”, que incluya además las recomendaciones realizadas por la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea y del Panel de Expertos de Naciones Unidas para las elecciones regionales del 2021.
El comunicado promovido por la red Sinergia, y refrendado por más de 80 organizaciones de la sociedad civil venezolana y por un significativo número de defensores de derechos humanos, indica además que la firma del acuerdo marco no respeta los fundamentos y contenidos de la Agenda de Desarrollo Sostenible.
Los marcos de cooperación de las Naciones Unidas son el instrumento más importante con que cuenta dicha organización para la planificación, coordinación y ejecución de las acciones para el desarrollo y el impulso de la Agenda 2030, compromisos asumidos por los estados miembros en las Naciones Unidas en el año 2015 y que establecen un conjunto de 17 objetivos, metas e indicadores para avanzar en la superación de desafíos que enfrenta la humanidad en el presente y en el futuro del planeta.
Estos objetivos son interdependientes y tienen su centralidad en el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas, así como en la erradicación de la pobreza, el impulso del desarrollo económico y la protección del ambiente, en un marco de construcción de paz y cooperación.
«En contextos frágiles, con profunda desestructuración de las capacidades por el debilitamiento de las instituciones, como lo es hoy el caso de Venezuela, cumplir con el Objetivo 16, referido a la promoción de sociedades justas, pacíficas e inclusivas, implica hacer un amplio esfuerzo entre los múltiples actores para llevar adelante un proceso de reformas estructurales que permitan rescatar la gobernabilidad democrática, el estado de derecho y la eficacia y capacidad de rendir cuentas».
Teniendo en cuenta todo lo dicho, las organizaciones firmantes consideran imperativo que, en el marco de la firma del nuevo marco de cooperación, se garanticen las siguientes acciones:
● Se explicite el contexto socio político en el que se firma el Acuerdo, de forma de facilitar la acción concertada de los múltiples actores nacionales y los organismos de protección y cooperación internacional;
● Se incorpore, en el marco de dicho contexto, el conjunto de recomendaciones que diversos mecanismos de seguimiento y protección de los derechos humanos del sistema de Naciones Unidas han realizado en los últimos once años al Estado venezolano, tales como las emanadas de los Comités de Tratados Internacionales de Derechos Humanos, el Examen Periódico Universal (EPU), la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Comisión de Encuestas de la OIT y la Comisión Interamericana de DDHH, entre otros;
● Se reconozcan los problemas estructurales que, en materia de derechos humanos y justicia, persisten
en Venezuela. La aproximación al conflicto venezolano debe incluir como prioridad la búsqueda de
justicia como parte de la construcción de paz. Para asegurar el acceso a la justicia para toda la
ciudadanía es necesaria la creación y el fortalecimiento de instituciones efectivas, independientes y
responsables en todos los niveles, con apego a los principios de los derechos humanos en implementación del Objetivo 16.
● Se comprenda que para alcanzar la convivencia democrática se requiere construir una ruta electoral que garantice la realización de elecciones auténticas, que incluya las recomendaciones realizadas por la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea y del Panel de Expertos de Naciones Unidas para las elecciones regionales del 2021;
● Se adopte la perspectiva de los nexos, como el marco fundamental para el abordaje de los problemas de los países en situaciones de crisis sostenidas, como lo es el caso de Venezuela, de forma de articular la acción humanitaria, el desarrollo, la defensa de los derechos humanos y la construcción de paz, para dar respuestas que alivien el sufrimiento y no causen más daño, respetando en todo momento los mandatos y medios de cada sistema;
● Se aseguren los mecanismos de participación activa de toda la sociedad venezolana en el proceso y se faciliten los medios para el seguimiento y la rendición de cuentas, de forma de no dejar a nadie atrás, al decir en el lenguaje de la Agenda, asegurando la interconexión, la indivisibilidad, la inclusión y la cooperación entre las múltiples partes interesadas.
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