Organizaciones de DDHH denuncian "inoperancia" y "complicidad" de la Defensoría del Pueblo

La organización Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento presentó su más reciente informe titulado “El Argos dormido. Responsabilidad de la Defensoría del Pueblo en la situación de violación a derechos humanos en Venezuela”, un documento que expone con detalle el rol omisivo, inoperante y políticamente alineado de la Defensoría del Pueblo frente a la crisis de derechos humanos que atraviesa el país.

Nombrado en referencia al centinela de cien ojos de la mitología griega, el informe plantea que la Defensoría venezolana ha cerrado los ojos frente a la tortura, las desapariciones forzadas, la represión y las detenciones arbitrarias ocurridas en los últimos años.

«Este informe, elaborado por Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento, realiza una evaluación exhaustiva sobre el rol de la Defensoría del Pueblo (DP) en Venezuela, institución creada para promover y proteger los derechos humanos pero que, en el contexto actual, ha devenido en un órgano inoperante, silencioso e incluso cómplice ante la grave crisis de derechos humanos en el país», se lee en su resumen ejecutivo.

En particular, el documento señala la responsabilidad directa de su actual titular, Alfredo Ruiz, designado por una instancia ilegítima y con un historial de alineación al poder político. «El informe documenta que, durante la gestión de Ruiz, más de 1.100 personas han sido víctimas de tortura y al menos 40 han fallecido por esta causa sin que la Defensoría haya exigido sanción a los responsables. Esta inacción contrasta con la aprobación de la Ley contra la Tortura, en el año 2013, de la cual Alfredo Ruiz fue uno de sus promotores. Tampoco ha actuado de oficio ni dado respuesta a denuncias documentadas por organizaciones como Provea, Foro Penal, Acceso a la Justicia y Justicia, Encuentro y Perdón, ni por la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela», dice el documento en la enumeración de los hallazgos de la investigación.

“Estamos ante una institución que ha traicionado su mandato constitucional y se ha convertido en parte del problema, no de la solución”, alertó la organización autora del informe.

«Frente a un contexto de violaciones sistemáticas de derechos humanos, la pasividad —o peor aún, la alineación con el poder— de quien debía proteger a la ciudadanía representa no sólo una traición a su mandato constitucional, sino una forma de violencia institucional. Por ello, este informe no es sólo una evaluación, sino un llamado urgente a repensar, recuperar y exigir el rol que le corresponde a esta figura clave en cualquier Estado que aspire a ser democrático».

Principales hallazgos:

– Más de 1.225 víctimas de tortura y al menos 40 muertes por malos tratos entre 2018 y 2024, sin acciones visibles de la Defensoría.

– Silencio institucional ante crímenes de lesa humanidad denunciados ante la Corte Penal Internacional.

– Degradación del estatus internacional de la Defensoría por parte de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, GANHRI, de categoría “A” a “B”, debido a su falta de independencia y eficacia. Esta sanción ha limitado su participación en foros internacionales y es reflejo del retroceso institucional que vive el país en materia de derechos humanos. No es un dato menor: «En su fase inicial, la Defensoría del Pueblo fue vista como un avance institucional en la región, producto de la Constitución de 1999. La acreditación “A” le permitió insertarse en redes internacionales, tener acceso a cooperación técnica y proyectar una imagen de país comprometido con los derechos humanos. Por ello pudo participar, como miembro de pleno derecho, en los órganos internacionales de derechos humanos, incluyendo la ONU; podía hacer intervenciones orales, enviar informes alternativos y participar en diálogos internacionales», dice el informe. «Debido al deterioro de la situación de DDHH en el país y la débil actuación institucional de la DP, GANHRI decide degradarla de categoría “A” a “B” en mayo de 2016, bajo la gestión de Tarek William Saab».

– Nepotismo y opacidad interna, en contravención a leyes nacionales y estándares internacionales.

– Testimonios de víctimas y familiares que denuncian trabas burocráticas, intimidación y nula respuesta oficial.

Responsabilidades y urgencias

El informe advierte que la omisión de funciones por parte de la Defensoría podría implicar responsabilidad penal y administrativa conforme a la legislación venezolana. Propone, además, una hoja de ruta para reconstruir esta institución en un futuro proceso de transición democrática.

Recomendaciones

Entre las recomendaciones clave destacan:

A la sociedad civil: documentar la inacción institucional y exigir reformas.

A la comunidad internacional: mantener la presión diplomática y visibilizar el rol cómplice de la Defensoría del Pueblo.

A un futuro gobierno democrático: reformar la Ley Orgánica de la Defensoría, realizar auditorías de gestiones pasadas y garantizar procesos de selección independientes y transparentes.