Rafael Tudares ha vivido 374 días de aislamiento, sin visitas ni contacto con su mujer e hijos. Sin acceder a un abogado. La mayor parte de este tiempo, su lugar de reclusión se desconocía. El giro inesperado que ha tomado la vida política en Venezuela, desde el 3 de enero de 2026, con Delcy Rodríguez como presidenta interina, pero con línea directa a la Casa Blanca y al Departamento de Estado, ha terminado por abrir lo que nunca debió cerrarse, en verdad lo que nunca debió suceder.
Tres días antes del 10 de enero de 2025, cuando se anunciaba que Nicolás Maduro gobernaría hasta 2031, Rafael Tudares fue detenido. Hace poco más de un mes se supo que había sido condenado. Se trató de un juicio clandestino. Sin derecho a una defensa privada, presentado ante un juez tras un prolongado aislamiento.
Rafael Tudares recibió la máxima sentencia contemplada en el Código Penal venezolano: 30 años de prisión. Ser el yerno de Edmundo González Urrutia pasó a ser su delito, una saña que escandalizó a distintas organizaciones de derechos humanos, dentro y fuera de Venezuela.
Tudares fue detenido el primer día de clases de 2025, cuando llevaba al colegio a sus dos hijos pequeños. Este hombre, completamente desvinculado del activismo político y dedicado a sus actividades profesionales y familiares en Caracas, fue interceptado por hombres con el rostro cubierto y fuertemente armados. Un guion que se ha repetido en el país, como lo reportan diversos casos compilados por la Misión de Verificación de los Hechos de la ONU.
Los hombres armados y encapuchados se lo llevaron y dejaron a sus hijos abandonados en el vehículo. Testigos relataron entonces el acto de crueldad que representó en sí aquella detención. Se castigaba también a los nietos del otrora candidato presidencial, que según las actas recabadas por la oposición y mostradas en distintos foros internacionales venció a Maduro en los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024.
La decisión judicial que condenó a Tudares marcó un precedente. La justicia penal extendió su alcance hacia el entorno familiar directo de los opositores, aplicando sanciones reservadas para delitos graves como traición a la patria o terrorismo a ciudadanos sin participación en la vida pública.
Para el momento de su aprehensión, el perfil del detenido era el de un ciudadano dedicado a la actividad privada. No existían registros de declaraciones públicas, participación en mítines o roles logísticos dentro del comando de campaña de la oposición. Su única conexión con la coyuntura política era su matrimonio con la hija de González Urrutia.
Según su esposa, las etapas de imputación y acusación se desarrollaron sin acceso pleno a la defensa y con obstáculos permanentes para obtener información oficial. Se le vulneraron derechos esenciales contemplados en la Constitución vigente en Venezuela: incluidos los relativos al debido proceso y la prohibición de desapariciones forzadas, así como disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Venezuela.
La situación de incomunicación, por poco más de un año, la ausencia de información para la familia y el impedimento de contactar a abogados terminaron siendo parte de un rosario de violaciones a derechos básicos.
En su post de este viernes 16 de enero, tras ver a su esposo, Mariana González condensa una suerte de balance doloroso, de ese encuentro de 25 minutos, mediado por un vidrio blidado: “Luego de tanto tiempo sin información, ese instante fue un alivio y, al mismo tiempo, un recordatorio doloroso: nadie que esté preso injustamente y en situación de desaparición forzada, puede estar bien”.
En un país en el que pasan casos de este tipo, en realidad, nadie puede estar bien.