Algunos sectores tratan de impulsar el regreso de Miguel Rodríguez Torres a algún alto cargo en Venezuela. Pero el exministro de Interior tiene cuentas pendientes con los derechos humanos. La ONG Laboratorio de Paz divulgó un informe al respecto
Laboratorio de Paz publicó el informe “Expediente Miguel Rodríguez Torres: Responsabilidad de mando, DDHH y transición democrática en Venezuela”, un documento que analiza la trayectoria institucional del exministro de Interior y Justicia durante las protestas de 2014 y evalúa su eventual regreso a altos cargos del sector defensa o seguridad desde la perspectiva de los estándares internacionales de derechos humanos.
El informe se publica en un contexto en el que distintos actores políticos han planteado públicamente la posibilidad de que Rodríguez Torres pueda ocupar nuevamente responsabilidades estratégicas dentro del Estado venezolano. Ante ese escenario, el documento sostiene que los procesos de transición democrática exigen no solo cambios políticos formales, sino una revisión crítica del desempeño institucional de quienes ejercieron autoridad en períodos caracterizados por graves violaciones de derechos humanos.
El documento examina la actuación de Rodríguez Torres como Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (2013–2014), período en el que organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas y diversas organizaciones documentaron:
El informe destaca que la Misión de la ONU estableció la responsabilidad institucional de los más altos niveles del aparato de seguridad, incluyendo quienes ejercieron el rol de ministros de interior y justicia, en relación con los crímenes documentados desde 2014, aplicando el principio de responsabilidad de mando.
Asimismo, se analizan casos emblemáticos de estigmatización pública de víctimas y defensores de derechos humanos, así como la política de militarización adoptada durante las protestas, que desplazó el enfoque de seguridad ciudadana hacia una lógica de seguridad nacional.
El documento reconoce que Rodríguez Torres fue posteriormente detenido y considerado víctima de persecución política. Sin embargo, subraya que dicha circunstancia no elimina la necesidad de evaluar su actuación previa en cargos de alta responsabilidad, especialmente en el marco de procesos de transición y garantías de no repetición.
Desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, la condición posterior de víctima es independiente del análisis de la responsabilidad institucional derivada del ejercicio previo de funciones públicas.
Oficial del Ejército con formación en inteligencia y seguridad de Estado, «antes de su designación como ministro, Rodríguez Torres desempeñó funciones relevantes en organismos de inteligencia del Estado venezolano, incluyendo responsabilidades en la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), posteriormente transformada en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN)», se lee en el informe.
«En abril de 2013, tras la elección presidencial de Nicolás Maduro, Rodríguez Torres fue designado Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, cargo responsable de la conducción de la política de seguridad interna, el control del orden público y la coordinación de los cuerpos policiales y de seguridad del Estado».
El documento precisa: «Durante su gestión se produjeron las protestas masivas iniciadas en febrero de 2014, en cuyo contexto organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos documentaron graves violaciones de derechos humanos por parte de fuerzas de seguridad estatales, incluyendo uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y malos tratos a personas detenidas».
«Tras su salida del cargo ministerial en octubre de 2014, Rodríguez Torres mantuvo inicialmente vínculos con el oficialismo, pero posteriormente expresó posiciones críticas frente al gobierno de Nicolás Maduro», dice el informe: «En marzo de 2018 fue detenido por autoridades venezolanas bajo acusaciones relacionadas con presuntas conspiraciones contra el gobierno. Su detención fue cuestionada por organizaciones de derechos humanos y sectores políticos, que señalaron la ausencia de garantías procesales y la posible motivación política de su encarcelamiento».
El informe incorpora testimonios de personas que participaron en las protestas de 2014 y que denuncian que su eventual regreso a posiciones de poder enviaría un mensaje de impunidad y continuidad de prácticas represivas, afectando la confianza ciudadana en una transición democrática genuina.
«La respuesta estatal al ciclo de protestas implicó el despliegue de cuerpos de seguridad y fuerzas militares para el control del orden público, lo que derivó en enfrentamientos, violencia política y graves denuncias de violaciones de derechos humanos documentadas por organismos nacionales e internacionales», precisa el informe: «Entre febrero y junio de 2014 se registraron decenas de personas fallecidas, centenares de heridos y miles de detenciones en el contexto de las manifestaciones, configurando un punto de inflexión en la evolución del conflicto político venezolano contemporáneo».
«La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas (en adelante Misión ONU) investiga violaciones de derechos humanos en el país a partir del año 2014, lo que coincide con la gestión de MRT al frente del Ministerio de Interior y Justicia», apunta el documento: «Al respecto señala: ‘La Misión tiene motivos razonables para creer que tanto el Presidente como los Ministros del Interior y de Defensa ordenaron o contribuyeron a la comisión de los crímenes documentados (…) y teniendo la autoridad efectiva para hacerlo, no adoptaron medidas de prevención y represión'».
El documento de Laboratorio de Paz cita entre sus ejemplos de actuaciones del exministro el caso del asesinato de la estudiante y modelo Génesis Carmona ocurrido en Valencia el 19 de febrero de 2014 y reseñado por Amnistía Internacional: “La marcha se desarrollaba pacíficamente con un cordón de la Guardia Nacional Bolivariana que precedía a los manifestantes. En un momento, los guardias se habrían apartado para dar paso a un grupo de civiles armados en motos que comenzaron a disparar contra los manifestantes. La mayoría de los manifestantes se habrían arrojado al suelo para esquivar las balas, pero Génesis habría salido corriendo en dirección contraria cuando recibió un impacto de bala en la cabeza”.
Esto declaró Rodríguez Torres al día siguiente al lado de Nicolás Maduro: «Tenemos también guardias nacionales heridos de bala. Y un caso muy lamentable: El caso de la muchacha que falleció en Valencia. Una joven muy hermosa. Esa muchacha murió por una bala que salió de sus propias filas. Es lamentable que lleguemos a estos extremos de violencia. Ya hay testigos que así lo señalan, testigos de la misma agrupación la que ella andaba que la conocen. Y que indudablemente son seres humanos. Y deben tener mucho dolor por la muerte de su compañera, y que vieron quien fue que la asesinó. Entonces ese no es el camino señores: la muerte, la sangre. Así no se resolverán las crisis. Los problemas, las diferencias, eso se resuelve con política de altura, con diálogo, con la búsqueda de soluciones conjuntas a los problemas que nos son comunes a todos los venezolanos».
Laboratorio de Paz concluye que una transición democrática sostenible requiere:
Según la organización Miguel Rodríguez Torres debe responder por su responsabilidad en la comisión de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo delitos contra la humanidad en Venezuela. La propia Misión de la ONU estableció que su responsabilidad no sería solamente por ordenar la realización de los abusos sino también por omisión: “teniendo la autoridad efectiva para hacerlo, no adoptaron medidas de prevención y represión”.
La eventual designación de funcionarios asociados a períodos investigados por mecanismos internacionales podría debilitar los procesos de reforma institucional y enviar una señal contradictoria respecto al compromiso con la rendición de cuentas y los derechos humanos.
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