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Por carbón, la quema y explosión de la Sierra de Perijá

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26/06/2015
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IMÁGENES DE LA SIERRA DE PERIJÁ: SOCIEDAD HOMO EN NATURA

En Zulia, la producción carbonífera ha generado empleos pero también estragos ambientales. Un decreto presidencial da luz verde al incremento de la actividad con el fin de alimentar una planta termoeléctrica. Promesa de reducir los apagones. Se destruirá el fino equilibrio del ecosistema. A eso se suma la presencia de una empresa china en un proyecto que es rechazado por ambientalistas y habitantes de la región

Una amenaza silente se cierne sobre una porción de la Sierra de Perijá, en el noroeste del estado Zulia. Aunque suene alarmista, hay razones para hacer tal afirmación: si se llega a concretar la expansión de la minería del carbón —a la que el Gobierno nacional dio luz verde—, los ríos, la vegetación, los suelos y las poblaciones indígenas que forman parte de este ecosistema serán las primeras víctimas. Visto así, pareciera que en lugar de la protección de un paraje privilegiado, la prioridad está en el desarrollo de una economía depredadora, de un proyecto que se lleve todo a su paso.

Si bien en Zulia se explota el carbón desde los años ochenta, una información oficial hizo que se encendieran las alarmas. En febrero de este año se publicó el decreto 1.606, en la Gaceta Oficial 40.599, que transfiere a Carbones del Zulia, filial de Petróleos de Venezuela, los derechos de exploración y explotación carbonífera en una zona de 24.192,14 hectáreas. ¿Y cuál es el problema? Que las minas actuales —Norte y Paso Diablo— abarcan 1.763 hectáreas, con concesiones de un total de 7.250 hectáreas, lo que significa que este instrumento da pie para la ampliación de la actividad.

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Lusbi Portillo, coordinador de la ONG Homo et Natura, explica que esa expansión se traduciría en la apertura de minas en los alrededores de los ríos Socuy y Cachirí. La intención, entre otras, es aumentar las cantidades de carbón —en 2014 se produjeron 682.858,72 toneladas métricas en Zulia—, para alimentar un proyecto de carboeléctrica, en el que participará la empresa china Sinohydro con una inversión de 7 millardos de dólares.

Portillo afirma que en noviembre de 2012 Petróleos de Venezuela (Pdvsa) firmó un memorándum de entendimiento con Li Ming, representante de la compañía asiática, para elaborar estudios de ingeniería y financiamiento. “Se reforzaron con la contratación de la empresa india Essar Projects Limited, registrada en los Emiratos Árabes Unidos, el 9 de octubre de 2013, con la firma de su vicepresidente, Jasbir Singh”, señala un documento de la organización.

El decreto que permite la ampliación de la zona minera responde, hasta cierto punto, a los intereses de mantener este proyecto, que comenzaría a construirse en 2013, pero que aún no ha arrancado. Y, aunque el decreto indica con claridad que la explotación estará a cargo de una empresa venezolana, los ambientalistas manejan otra información: Portillo señala que los chinos serán los responsables de la inversión para poner a trabajar las minas a tope y abrir las nuevas, y que tienen ese permiso por 30 años, además de que construirán un puerto y una vía ferroviaria.

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El interés de la empresa china —que ha participado en otros proyectos en Venezuela, como la planta termoeléctrica de El Palito— es asegurar la recuperación de la inversión de la carboeléctrica.

Estas son las cuentas que hace Portillo: las minas Norte y Paso Diablo tienen carbón hasta el año 2022, por lo que, a partir de ese momento, se requerirá abrir las minas Socuy Norte y Socuy Sur. En esa zona se podrán obtener 172 millones de toneladas y, más adelante, se podrán producir otras 252 millones de toneladas si se explota el carbón que se encuentra en el lecho del río Socuy. Toda la destrucción —más la quema de 9.000 toneladas de carbón diarias—  valdrá la pena para ellos, pues anualmente la carboeléctrica generará 538,97 millones de dólares en ganancias, por la venta de 1.000 megavatios de electricidad. La idea, señala un informe de Homo et Natura, será expandir esta cantidad a 3.000 megavatios.

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Los voceros oficiales justifican ese plan con una promesa: reducir los apagones en la región. A eso se suma que se ha considerado al carbón como un producto clave de la economía nacional, de acuerdo con el Plan de la Patria 2013-2019. La Memoria y Cuenta del Ministerio de Petróleo y Minería, correspondiente a 2014, señala como uno de los logros la delimitación de 7 áreas de desarrollo minero en el país, 5 de carbón y 2 de feldespato, con un total de 24.314 hectáreas —que coincide con la zona indicada en el decreto 1.606.

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En definitiva, se trata de una propuesta que ha sido evaluada por el Gobierno y que se enmarca en los acuerdos con China, uno de los principales socios comerciales de Venezuela. Otras empresas, además de Sinohydro, han puesto el ojo en la minería nacional. En 2013 hubo revuelo cuando se supo que la compañía china Citic Group estaría a cargo de un mapa minero, con el que se certificarían los recursos del país. En efecto, ese trabajo se hizo: en el mapa de Citic con la prospección 2013-2014 sobre el carbón venezolano, se señalan las áreas de interés. Entre ellas, la apetecible zona de la Sierra de Perijá.

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Una larga historia

El decreto 1.606 no sólo indica las hectáreas y las coordenadas, sino que también obliga a hacer el trabajo con rapidez: Carbones del Zulia deberá presentar su “Plan de Explotación” en los tres meses siguientes al cierre del ejercicio económico de este año. Pero, pese a esta novedad, ya en el pasado esta zona había estado bajo la mira de varias empresas nacionales y extranjeras, de acuerdo con un libro inédito escrito por Portillo.

A eso se agrega que en 2004 el Gobierno parecía apoyar la ampliación de la explotación de este recurso. En ese entonces también había un proyecto de termoeléctrica alimentada con carbón. Una investigación de Robin Nieto, publicada en 2004 en el portal Voltairenet.org, cita cifras oficiales de Carbozulia: la planta produciría 500 megavatios y costaría 948 millones de dólares. Se construiría, igualmente, una red ferroviaria, con una inversión de 281 millones de dólares, que permitiría transportar el carbón desde la Sierra de Perijá hasta el puerto. Ese plan nunca se concretó por las movilizaciones de las organizaciones ambientalistas e indígenas.

En 2005, el Ministerio del Ambiente publicó un informe en el que revelaba los daños de la explotación del carbón. Los datos impulsaron al ex presidente Hugo Chávez a manifestarse, en varias ocasiones, en contra de la actividad. Una de ellas fue en 2006, cuando en una rueda de prensa dijo: “Yo, por ejemplo, le dije al general Martínez Mendoza en Corpozulia, que había un proyecto allá de explotación del carbón en grandes dimensiones y entonces me trajeron unas críticas, y yo dije: ‘Mire, si no hay un método que asegure el respeto a las selvas y a las montañas que tardaron millones de años en formarse, por allá en la Sierra de Perijá, ¿no?, donde está este carbón, entonces si no hay un método que me demuestre de verdad, verdad, que no vamos a destruir la selva, ni a contaminar al ambiente en esos pueblos, ese carbón se quedará debajo de la tierra, no lo sacamos de ahí, que se quede debajo de la tierra’”.

Un año después, en 2007, Chávez anunció la nacionalización de las empresas del Estado. En ese momento, señala Portillo, Carbones del Guasare, que estaba integrada por compañías venezolanas y extranjeras, quedó con 51% del capital y sólo con un representante foráneo —Peabody Energy Corporation—; Carbones de La Guajira fue nacionalizada en su totalidad. En ese mismo marco, el ex mandatario repitió lo que ya había dicho antes: que no se ampliaría la explotación del carbón.  Para Portillo, esa orden presidencial explica la reducción sustancial de la producción carbonífera en el país: en 2006 se producían más de 7,16 millones de toneladas métricas, mientras que en 2014 la cantidad era de 687.682 toneladas métricas —99% de ese total se extrae en el estado Zulia. En realidad, esta parece ser una tendencia en otras naciones. El informe BP Statistical Review of World Energy, de referencia en este campo, señala que países como México, España, Zimbabue y Nueva Zelanda produjeron menos cantidad de carbón en 2014 que en 2013. En este ranking, Venezuela aporta menos de 0,05% de la producción mundial. A eso se suma que, en términos generales, el consumo de carbón aumentó 0,4% en 2014, un porcentaje mucho menor que el promedio del crecimiento anual de los últimos 10 años, que se ubicó en 2,9%.

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Efectos perversos

Pese a esa baja en la producción, las consecuencias de tantos años de actividad han sido nefastas. Uno de los efectos ha sido el desplazamiento de los habitantes de la zona, en su mayoría indígenas. Portillo explica que, cuando se abrieron las minas Paso Diablo y Norte, comunidades como Casa Negra se tuvieron que ir a otros lugares. Otras como Santo Domingo, La Fe y Sierra Maestra —de indígenas wayúu—, viven al fondo de las minas y solo pueden salir los sábados y los lunes. También están las que se encuentran en los alrededores y que, aunque siguen allí, se han perjudicado porque los caños se han secado y la tierra tiembla cada vez que se hacen explosiones.

¿Qué pasaría si llega a explotarse el carbón en los ríos Socuy y Cachirí? Pues estarían afectadas, en principio, aproximadamente 2.000 personas, de acuerdo con cálculos de Diego Fuenmayor, representante de la asociación indígena wayúu Maikiraalasalii —que significa “no nos vendemos”. Portillo hace una cuenta un poco más amplia: si se concreta la expansión, habría perjuicios para más de 13.000 habitantes del municipio La Guajira y aproximadamente 12.000 personas del municipio Mara. “A nosotros nos afectaría mucho y por eso nos estamos resistiendo. Ya está decretado y significaría el desplazamiento de las comunidades indígenas, que nos quedemos sin agua y sin territorio, y eso no lo vamos a permitir”, dice Fuenmayor y agrega que los indígenas no fueron consultados.

A eso habría que añadir la contaminación ambiental. Voceros oficiales, como Arias Cárdenas, señalan que la expansión no afectará al Parque Nacional Sierra de Perijá, pero en realidad se trata de un gran conjunto interconectado. “Los ecologistas entendemos a Perijá como un ramal de la cordillera andina, no sólo el sector suroccidental, sino toda la columna vertebral al occidente de Zulia, que incluso llega a definir su geografía. Nosotros defendemos esa unidad biogeográfica”, explica Nicanor Cifuentes, profesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela e integrante del Frente de Resistencia Ecológica en el estado Zulia.

Ya en concreto, uno de los principales problemas es el de la contaminación de las aguas. Con la ampliación de la explotación carbonífera, están en riesgo los ríos Socuy, Maché y Cachirí, que nutren los embalses Manuelote y Tulé, y que, a su vez, surten a Maracaibo, La Concepción, parte de Mara y San Francisco. Hasta el momento, se ha demostrado que la minería de carbón altera la composición de los cuerpos de agua. El Informe ejecutivo de la situación actual de la explotación de carbón en el estado Zulia, elaborado por el Ministerio del Ambiente y publicado en 2005, señaló que en el caño Santa Rosa, por ejemplo, las concentraciones de plomo, sulfatos, cianuro y mercurio eran superiores a las permitidas por las leyes nacionales, de acuerdo con muestras tomadas entre 2002 y 2005.

Este mismo estudio consideró las alteraciones en el aire como consecuencia de la actividad minera. Con muestras recolectadas entre enero y diciembre de 2004, se concluyó que tanto en Paso Diablo como en mina Norte había cantidades de partículas suspendidas mucho mayores que las que estaban permitidas. El ejemplo más alarmante es el de la estación Ministerio de mina Norte, con una concentración promedio anual de 478 microgramos por metro cúbico, superior al límite de 75 microgramos por metro cúbico que se estipula en el decreto 638, que indica las Normas sobre calidad del aire y control de la contaminación atmosférica.

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Estas partículas se hacen sentir, especialmente, en la salud. Salvador Penna, investigador del Departamento de Ciencias Fisiológicas de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad de Oriente, explica que los trabajadores de las minas de carbón pueden sufrir neumoconiosis. Eso ocurre cuando se acumulan partículas de carbón en los pulmones, “lo que genera al principio fibrosis leve en los alveolos, el lugar en el que ocurre el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y el aire que se inspira”, dice el especialista. Agrega que puede ser muy grave cuando la exposición es prolongada.

La situación también puede afectar a los habitantes de localidades cercanas, por los traslados del carbón hacia los puertos para su exportación.  Si las partículas son lo suficientemente pequeñas, dice Penna, pueden ser inhaladas y depositarse en los pulmones, lo que ocasionaría daños en su funcionamiento. En caso de que se llegue a instalar la carboeléctrica, la combustión del carbón puede generar efectos muy nocivos en el aparato respiratorio y el sistema cardiovascular.

También habría que considerar otros daños: por cada tonelada de carbón, se deben extraer cinco toneladas de suelo, según el informe de 2005 del Ministerio del Ambiente. A eso se suman la deforestación y las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, un asunto que debería preocupar si se consideran los datos actuales: Venezuela tiene la mayor tasa de Latinoamérica, con 6,9 toneladas de CO2 por habitante, de acuerdo con cifras de 2010 del Banco Mundial.

Las alternativas

Los movimientos ecologistas tienen una lucha de larga data contra el carbón y sus efectos. En 2014, dice Cifuentes, después de algunas comunicaciones con el Gobierno nacional y regional, se decidió crear una comisión para hacer un análisis exhaustivo sobre la energía en Zulia. De allí surgió el informe Opción energética para el estado Zulia, en el marco de la discusión sobre la construcción de una carboeléctrica, que examina las alternativas para garantizar el suministro energético sin acabar con el equilibrio ambiental.

De todas las opciones, el carbón es la menos viable. No sólo se generan daños irreversibles, sino que tampoco es la más rentable en términos económicos. En primer lugar, señala el informe, el costo de 1 megavatio producido en una carboeléctrica, que cuente con tecnologías para reducir el impacto ambiental, es de 8,5 millones de dólares. En total, se necesitarían 4,5 millardos de dólares para construir una planta de este tipo, sin tomar en cuenta el mantenimiento. Y, además, en 2005, cuando la actividad estaba en pleno auge, el ingreso proveniente del carbón era apenas 0,34% del PIB.

Para el investigador y consultor ambiental Gustavo Montes, la explotación carbonífera a cielo abierto, tal como se realiza en las dos minas zulianas, no podrá calificarse jamás como ambientalmente limpia. “En Venezuela debería suspenderse y eliminarse definitivamente toda actividad extractiva de carbón mineral”, dice. De todos modos, indica Cifuentes, se entiende que actualmente las minas generan empleos, por lo que su cierre abrupto no puede ser una opción. “Lo que hay que hacer es evitar la expansión de la minería de carbón, atender esas dos minas y ordenar el territorio”, señala.

Más allá de eso, el informe propone sustituir progresivamente el uso de energías contaminantes e ineficientes, por fuentes más limpias. Se recomienda comenzar con el gas natural, para después expandir la energía eólica. De hecho, existe un proyecto de parque eólico en La Guajira, que comenzó a instalarse en 2013. Cifuentes explica que se debían poner en funcionamiento 12 aerogeneradores asociados a un sistema de acumulación de energía. Sin embargo, no se hizo así para apurar la entrega de la primera fase durante la campaña política del actual gobernador Francisco Arias Cárdenas. Es decir, están los molinos, pero no acumulan energía. Portillo agrega que el proyecto está paralizado desde diciembre de 2013 porque no se le ha asignado presupuesto.

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El informe indica que el parque eólico evitaría la emisión de 224.800 toneladas de CO2 al año y que la inversión para su construcción pudiera recuperarse en 8 años. El estudio también propone el cambio de modelo de generación de energía, de una centralizada –la que existe actualmente– a una distribuida en territorios.

Estas propuestas no fueron recibidas por Arias Cárdenas y el discurso a favor de la expansión carbonífera parece mantenerse. Pese a esos obstáculos, producto de los intereses, los ambientalistas creen que el decreto 1.606 se puede derogar. Tanto Portillo como Cifuentes consideran que deben hacerse reuniones, movilizaciones y encuentros para sensibilizar sobre el tema. Cifuentes señala que la protección del ambiente también forma parte del Plan de la Patria: “Queremos que esos objetivos sean acciones y estamos tratando de incidir para ver qué nervio activamos. Tenemos contundencia y voluntad. La estrategia está derrotada, sólo que es poderosa. Y, en este momento, no podemos colgar los guantes”.