Surgieron así noticias contradictorias como la publicada en El Universal el 13 de mayo de 2015 según la cual la venta de carros en dólares se realizará a la tasa Simadi (cualquier alumno de primer grado se plantearía: ¿Es en dólares, o es en bolívares a tasa Simadi?); también señalamientos de voceros públicos que de antemano descartaban que se pudieran vender en dólares las unidades de vehículo; y no faltó quien calificara la medida como “discriminatoria y restrictiva”.
El resultado final de todo esto: se boicoteó la decisión, hasta la fecha no se ha puesto en práctica la venta de autos en dólares por parte de los concesionarios formales, no se reactivó la industria automotriz, casi no tenemos vehículos producidos en el país para julio -mes en que se suponía arrancar la venta de vehículos en dólares- y el futuro de las plantas de ensamblaje y de toda la cadena de suministro de partes y piezas nuevas para el ensamblaje de vehículos luce incierto. Pero lo peor: ante la falta de producción nacional, el venezolano que pueda adquirir una unidad nueva debe importarla, para lo cual ya se habían flexibilizado las normas para la importación de vehículos nuevos y, como se trata de vehículos adquiridos en el exterior, el comprador ordinariamente tendrá que hacer el pago en dólares. Es decir que en la práctica, la mayoría de los venezolanos que adquieren hoy un vehículo nuevo lo pagan en dólares, porque se trata de unidades importadas, pero no se le permite pagar en dólares los vehículos producidos en el país.
Todo este boicot tiene como subyacente, en nuestra opinión, algo que espanta a muchos políticos y formadores de opinión en Venezuela: la errada concepción según la cual vender un bien o servicio en dólares, implica dolarizar la economía.
Pues bien, aclaremos conceptos: una economía se dolariza cuando el país prescinde de la posibilidad de emitir su propia moneda local y asume como moneda única de circulación el dólar americano (ejemplo, Ecuador). Cosa distinta es que (i) exista libertad para que las partes en una determinada transacción comercial puedan escoger, como moneda de pago, una moneda distinta a la moneda nacional (dólar, euro, o cualquier otra) y (ii) que ese pacto tenga fuerza obligatoria y no pueda el deudor liberarse válidamente entregando el contravalor en moneda nacional.
La libre voluntad de las partes en la selección de la divisa que servirá como moneda de pago de una determinada obligación, no equivale a dolarizar nada, sino simplemente a otorgar margen de libertad o maniobra a las partes para que, voluntaria y libremente, escojan la forma en que deben cumplir sus obligaciones dinerarias.
En este sentido, el artículo 128 de la vigente Ley del Banco Central de Venezuela, establece “Los pagos estipulados en moneda extranjeras se cancelan, salvo convención especial, con la entrega de los equivalente en monedas de curso legal, al tipo de cambio corriente en el lugar de la fecha de pago”.
En otras palabras, en un determinado negocio jurídico, si las partes han pactado el pago en moneda extranjera, pueden darse dos situaciones:
i) Que no hayan aclarado expresamente que el pago debe hacerse únicamente en la moneda extranjera, con exclusión de la moneda nacional, en cuyo caso, la moneda extranjera (ej. el dólar) se tiene como simple moneda de cuenta, pero, como no se ha establecido expresamente que está excluido el pago en moneda nacional, no es obligatorio efectuar el pago en la moneda extranjera sino que el deudor puede liberarse entregando el contravalor de la moneda nacional al tipo de cambio corriente en la fecha de pago.
ii) Pero si las partes han pactado expresamente (a esto es lo que se llama convención especial en el art. 128 de la Ley del BCV), que la moneda extranjera seleccionada (dólar, en el ejemplo) debe servir no solo como moneda de cuenta, sino también como moneda de pago, excluyendo expresamente que el pago pueda efectuarse en moneda nacional, ese acuerdo o convención especial debe respetarse, no implica dolarización de la economía, ni es ilegal, todo lo contrario, se ajusta en un todo al artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela que expresamente permite que por convención especial se excluya el pago en moneda nacional.
Entender algo tan simple: que no es ilegal ni implica dolarización de la economía, sino que por el contrario, es algo expresamente previsto en la ley venezolana, la posibilidad de celebrar contratos o negocios en los cuales se establezca como obligatorio el pago en moneda extranjera, con exclusión de la moneda nacional, es posiblemente la clave para poder comenzar a destrabar los problemas de acceso a divisas que afrontan actualmente los sectores comercial, industrial y de servicios.
Esta solución, por cierto, se aplica sin ningún tipo de complejos en Argentina, un país en el cual existe también un control de cambios, pero en el que la mayor parte de los bienes y servicios con componente o referenciados a moneda extranjera, se venden en dólares americanos, con exclusión del peso como moneda de pago. Y a nadie se le ocurre decir que ello viola la Constitución o que causa discriminación: es, como dijimos, simple resultado de la libertad de las partes en uno de los aspectos más sensibles de los negocios: la selección de la moneda de pago.
