El régimen de Nicolás Maduro ha puesto en aprietos a empresas basadas en Estados Unidos que todavía operan en Venezuela, al obligarlas a pagar tasas en petro, una moneda virtual del chavismo sujeta a sanciones de Washington y que no es reconocida por el Departamento del Tesoro, advirtieron expertos juristas.
A comienzos de febrero el SAPI (Servicio de Protección de Propiedad Intelectual) anunció las nuevas tasas que deben pagar las empresas estadounidenses por la protección de sus marcas y patentes en Venezuela.
“Esta medida afecta directamente a las empresas estadounidenses puesto que Trump sancionó las transacciones en criptoactivos de origen venezolano. Esto supone un conflicto para las empresas norteamericanas que podría generar la no renovación de marcas ni emisión de nuevas”, señala en un comunicado la firma Antequera Parilli & Rodríguez, especializada en temas y gestiones de Propiedad Intelectual, Antipiratería y Derechos de Autor.
La resolución del SAPI fue emitida el 1° de febrero, con la nueva lista de tasas oficiales a pagar por parte de empresas extranjeras, un año después de haber suspendido el pago de estos tributos.
“Para los titulares de derechos de propiedad intelectual estadounidenses, este anuncio tiene un impacto mayor porque establece que las entidades extranjeras deberán cancelar todas las tarifas oficiales (sea por asuntos pendientes o nuevas solicitudes) en PETROS, una “criptomoneda” creada por el gobierno de Nicolás Maduro en febrero de 2018 como una forma de recaudar dólares de Estados Unidos”.
El 19 marzo de 2018, en respuesta a la creación del PETRO, el presidente Donald Trump prohibió a través de una Orden Ejecutiva las transacciones “cualquier moneda digital, dinero digital o criptoactivo que haya sido emitido por, para o en nombre del gobierno de Venezuela a partir del 9 de enero de 2018”.
La prohibición es aplicable a las siguientes personas (salvo que queden exentas mediante licencia otorgada por las autoridades estadounidenses):
La nueva resolución también establece un lapso de 60 días (que podrá extenderse a la exclusiva discreción del SAPI) para que todas las personas nacionales y extranjeras interesadas en mantener los derechos de marcas y patentes creados o renovados durante la suspensión de tarifas oficiales las paguen.
El Departamento del Tesoro y varios expertos independientes catalogan al Petro como una simple emisión de deuda pública venezolana que Maduro pretende anclar a reservas de petróleo todavía en el subsuelo.
Es considerada una “moneda imaginaria”, porque tampoco es reconocida internacionalmente ni tiene reserva real de valor, ni se negocia libremente en territorio venezolano.
“La unidad de pago oficial para el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) pasará, desde este mes, a calcularse en base a la cotización de la criptomoneda venezolana y por lo tanto los productos y servicios que se ofrecen a los usuarios estarán anclados al Petro, correspondiendo al valor referencial fijado por el Ejecutivo Nacional”, señala el comunicado del SAPI.
La última fase del registro de marcas y patentes tendrá un costo de 2 Petros, “este paso incluye el pago de derechos finales, certificado y la emisión del documento electrónico; lo que permitirá optimizar el servicio y contrarrestar el efecto de las sanciones económicas”, señala el texto.
“Los pagos en divisas estuvieron detenidos a consecuencia del bloqueo económico y financiero impuesto por los Estados Unidos, quienes inhabilitaron la cuenta internacional del SAPI para marcas y patentes de nacionalidad extranjera”, argumenta Alberto Rey, director general del SAPI, que está adscrito el ministerio de Comercio Nacional..
La “existencia” de esta moneda virtual a su vez proviene de un “Decreto Constituyente sobre Criptoactivos”, emitido por la asamblea constituyente, un organismo creado por Maduro para usurpar las atribuciones del Poder Legislativo, y que fue formado con el supuesto negado de redactar una nueva constitución, aunque hasta ahora no ha presentado ni un solo artículo.
La constituyente, está integrada en exclusividad por dirigentes locales chavistas, no deriva de un referendo previo en el que se le hubiera consultado a los venezolanos si estaban de acuerdo o no en reformar la constitución vigente desde 1999. En la práctica le permite a Maduro gobernar con poderes supremos, absolutos y “soberanos”.
Ese cuerpo no es reconocido por la comunidad internacional.
El valor actual establece que para 1 Petro su equivalente en Bs alcanza los 36.000,00 soberanos; mientras que para el dólar se ubica en 60 $ por Petro, según el SAPI.
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