Las licencias 46E, 48D y 49B amplían el margen para comerciar crudo, llevar equipos y negociar inversiones en petróleo y electricidad. Pero ninguna inversión nueva puede arrancar sin un permiso caso por caso de Washington, y el dinero sigue pasando por cuentas que controla el Tesoro
Siete meses, al menos cuatro versiones de la misma licencia. Este 28 de septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó las Licencias Generales 46E, 48D y 49B, que sustituyen a las 46D, 48C y 49A. La 46D y la 48C tenían apenas un mes de vigencia y que fueron emitidas el 27 de agosto, dos días antes de que Donald Trump y Delcy Rodríguez anunciaran el acuerdo petrolero que compromete 17 yacimientos y cerca de una quinta parte de las reservas del país.
La actualización llega, además, días después del encuentro entre Trump y Rodríguez en Nueva York, al margen de la Asamblea General de la ONU, donde ambos hablaron de cooperación en energía, minería y seguridad.
A primera vista, el mensaje es de apertura. Se puede vender crudo venezolano a Estados Unidos, se pueden enviar repuestos y tecnología para pozos y plantas eléctricas, y se pueden negociar nuevas inversiones. Pero leídas con detalle, las tres licencias dicen algo más preciso. Washington flexibiliza la operación, pero no suelta el control.
La 46E es la licencia del comercio. Autoriza a empresas estadounidenses (constituidas antes del 29 de enero de 2025) a comprar, transportar, almacenar, refinar y vender petróleo y petroquímicos venezolanos con destino al mercado de Estados Unidos. Prohíbe pagos en oro, en criptomonedas venezolanas o mediante reestructuración de deuda.
La 48D es la licencia de la operación. Permite llevar desde Estados Unidos bienes, software, tecnología y servicios para exploración y producción de petróleo, gas y petroquímica, y también para generación, transmisión y distribución eléctrica. Incluye mantenimiento y reparación de instalaciones existentes.
La 49B es la licencia de la inversión futura. Permite negociar y firmar «contratos contingentes» y hacer auditorías técnicas, legales y ambientales para proyectos nuevos en petróleo, gas, petroquímica y electricidad.
La palabra clave es contingente. Un contrato contingente es un acuerdo firmado que no puede ejecutarse hasta que se cumpla una condición. En este caso, la condición es una licencia específica e independiente otorgada por la OFAC. Mientras no exista, no hay desembolsos ni inicio de operaciones.
Esto no es nuevo. La figura existe desde la Licencia General 49 de febrero, y el propio Tesoro aclaró en marzo que evaluaría las solicitudes para ejecutar estos contratos «caso por caso», según las prioridades de política exterior y seguridad nacional de Estados Unidos.
En la práctica, eso significa que las empresas pueden sentarse a negociar, pero la decisión final sobre qué proyecto arranca, con quién y cuándo, sigue en Washington. Para el acuerdo anunciado en agosto, cuyos contratos todavía no son públicos, esta es una pieza central: cada bloque que pase de la negociación a la ejecución necesitará su propio permiso.
La 48D mantiene dos prohibiciones que pesan más de lo que parece.
La primera es la exportación de diluyentes desde Estados Unidos hacia Venezuela. El crudo de la Faja Petrolífera del Orinoco es extrapesado y necesita diluyentes para poder moverse por oleoductos y mezclarse para la venta. Si la meta es subir la producción, la procedencia de esos diluyentes se convierte en una variable a seguir de cerca.
La segunda es la prohibición de constituir nuevas empresas conjuntas bajo esa licencia. La 49B sí permite negociar la formación de nuevas empresas mixtas, pero, otra vez, su creación efectiva depende del permiso específico.
Las tres licencias comparten condiciones que ordenan hacia dónde va cada dólar:
Leído en conjunto, el esquema le da a Washington visibilidad sobre cuánto crudo sale, a qué precio y cuánto recibe el Estado venezolano. Es, precisamente, la información que falta en el debate público. Cuando se anunció el acuerdo, las cifras sobre cuánto le queda al país por barril oscilaron entre 3 y 19 dólares sin un contrato contra el cual contrastarlas. Los reportes a la OFAC no son públicos, así que esa asimetría se mantiene.
Las tres licencias excluyen operaciones con personas o empresas de Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y China, y con entidades controladas por ellas o asociadas en empresas conjuntas. En la 46E, la restricción sobre China está redactada de forma distinta, ya que apunta a entidades ubicadas en Venezuela o Estados Unidos que estén controladas por, o asociadas con, personas chinas.
La exclusión tampoco es nueva, pero se consolida. El reordenamiento del negocio petrolero deja fuera a quienes fueron los principales socios y compradores de Venezuela en la última década. Cada actualización de licencias lo reafirma por escrito.
Las licencias 48D como 49B incluyen explícitamente el sector eléctrico. Eso le da cobertura legal al plan anunciado el 3 de septiembre por el secretario de Energía, Chris Wright, con GE Vernova, para recuperar activos como Guri y añadir capacidad nueva.
Como advierten analistas, sin electricidad no hay aumento de producción que se sostenga. Las licencias permiten traer equipos y negociar inversiones eléctricas; lo que no resuelven es el financiamiento ni el calendario.
El precio del dólar BCV se ubicó en 857,88 bolívares y el euro en 974,71
En Venezuela, el subsidio de gasolina mensual es de 120 litros para carros y 60 litros para motos y es necesario estar inscrito en el Sistema Patria
A través del Sistema Patria se viene asignando un cupo de 120 litros de gasolina al mes que se vende a precio subsidiado. El subsidio de gasolina es de 95%, por lo que por un cupo de 120 litros el usuario debe pagar $3
