La asistencia de quien gobierna Venezuela a la Asamblea General de Naciones Unidas es noticia. Lo es más hoy, con la presencia de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, y lo fue en 2018, cuando Nicolás Maduro estuvo allí por última vez en persona y su discurso fue objeto de controversias y verificaciones
El 26 de septiembre de 2018, el entonces presidente Nicolás Maduro subió a la tribuna de la Asamblea General de las Naciones Unidas por última vez en persona. Lo hizo de manera sorpresiva, ya que tenía tres años de ausencia en el pódium.
En 2019 Maduro no asistió a la ONU, pero envió a su vicepresidenta, Delcy Rodríguez. En 2020 y 2021 mandó mensajes grabados que no tuvieron tanto eco como su participación de 2018. No era para menos, comenzaba a transitar el camino de la ilegitimidad a los ojos de la comunidad internacional.
La presencia de Maduro en Nueva York en septiembre de 2018 coincidió con un pico de presión sobre su gobierno. Seis países latinoamericanos acababan de remitir su caso a la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad y Donald Trump, entonces en su primer período presidencial, había evocado la posibilidad de una opción militar sobre Venezuela.
En la Casa Blanca comenzaba a hablarse de lo que sería en 2019 una frase muy usual: “todas las opciones están sobre la mesa”. En la ONU, hace ocho años, Maduro dijo que traía “la verdad” sobre Venezuela. El contexto era de aislamiento creciente. Maduro no había viajado a la Asamblea desde 2015. En 2018, la economía venezolana sufría hiperinflación, escasez de alimentos y medicinas, y el país experimentaba un éxodo masivo.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos había documentado un patrón de violaciones graves. El propio Consejo de Derechos Humanos aprobaría al día siguiente, 27 de septiembre, pero en Ginebra, la resolución 39/1, la primera dedicada específicamente a Venezuela, en la que expresaba “profunda preocupación” por la crisis política, económica, social y humanitaria e instaba a aceptar ayuda internacional. Maduro ignoró ese diagnóstico y construyó un relato opuesto.
El núcleo argumental del discurso fue geopolítico: Estados Unidos y “las oligarquías del continente” quieren controlar Venezuela porque posee recursos estratégicos. Maduro enumeró tres: las mayores reservas certificadas de petróleo del planeta, las mayores de oro y la cuarta reserva de gas natural, “certificadas bajo estándares internacionales”. Esas riquezas, dijo, explican la “agresión permanente” económica, política, diplomática y mediática que sufría el país.
Sobre las elecciones del 20 de mayo de 2018, Maduro sostuvo que obtuvo el 68% de los votos. Cuando llegó a Nueva York, cuatro meses después de las votaciones, ya 60 países de Occidente habían catalogado de ilegítima a aquella elección presidencial y por tanto ponían en duda el carácter democrático de quien gobernaba en Venezuela. A eso se sumaban las razias represivas de 2014 y 2017 que justamente fueron la base de la denuncia presentada ante la CPI en La Haya, también en aquel 2018.
La parte más controvertida del discurso de Maduro en Nueva York fue la negación de la crisis. Maduro denunció que se había “fabricado por distintas vías una crisis migratoria que se cae por su propio peso” y que se construía un expediente de crisis humanitaria para justificar una intervención militar encabezada por Washington y “gobiernos satélites”. Venezuela, según él, estaba “de pie” y “más fuerte que nunca”. Tuvo un gesto, entonces, inesperado. A pesar de “inmensas diferencias históricas, ideológicas y sociales”, se declaró dispuesto a “estrechar la mano” de Donald Trump y dialogar “con agenda abierta” sobre asuntos bilaterales y regionales.
Varios medios y analistas contrastaron esas afirmaciones con datos disponibles en septiembre de 2018. La afirmación sobre las reservas de petróleo era correcta: Venezuela ostentaba entonces las mayores reservas probadas del mundo. Sin embargo, antes de que en enero de 2019 se desataran las sanciones financieras sobre PDVSA y el BCV, la producción petrolera había caído de manera sostenida desde 2013 por desinversión, éxodo de técnicos y problemas operativos en PDVSA. Tener el recurso en el subsuelo no se traducía en ingresos ni en bienestar.
Sobre el gas, el gobierno había certificado en 2018 unas reservas de 201,59 billones de pies cúbicos y las ubicaba en el cuarto lugar mundial. Fuentes internacionales solían colocar a Venezuela entre el cuarto y el octavo puesto, dependiendo de si se incluía gas asociado al petróleo. La cifra oficial existía, pero su explotación efectiva era limitada.
La negación de la crisis migratoria chocaba con los números de agencias de la ONU. A mediados de 2018 se estimaba que 2,3 millones de venezolanos vivían en el exterior; más de 1,6 millones habían salido desde 2015. Michelle Bachelet, entonces alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, había señalado el aceleramiento del éxodo y las violaciones de derechos que lo impulsaban. La ACNUR y la OIM describían ya una de las mayores crisis de desplazamiento en la historia reciente de América Latina. Calificarla de “fabricación mediática” contradecía los registros de países receptores (Colombia, Perú, Ecuador, Brasil) y de organismos internacionales.
El 68 % de los votos de mayo de 2018 también fue cuestionado. La oposición mayoritaria boicoteó esos comicios por considerar que no existían condiciones mínimas. La participación fue baja y numerosos países no reconocieron el resultado. Presentarlo como una victoria democrática contundente omitía el contexto de deslegitimación internacional.
La tesis de que no existía crisis humanitaria igualmente carecía de respaldo. Informes de la ONU, de la Comisión Interamericana y de organizaciones venezolanas documentaban desnutrición, colapso hospitalario, falta de medicamentos e hiperinflación.
El discurso de 2018 cumplía una función doble. Hacia afuera, intentaba disputar la narrativa de crisis y agresión. Hacia adentro, reforzaba el relato de resistencia heroica frente al imperio. En las actividades paralelas a la Asamblea General de la ONU, Maduro se reunió en Nueva York con Hassan Rohani, entonces presidente de Irán, y con Serguéi Lavrov, el fiel escudero-canciller de Vladimir Putin. No hubo encuentro ni con Trump ni con ningún líder democrático de América o de la Unión Europea, salvo una reunión con el primer ministro de Jamaica en aquel año, Andrew Holness.
La visita de Maduro a la ONU y su falta de relacionamiento con otros referentes mundiales, era una clara demostración del aislamiento internacional que ya pesaba sobre el gobernante venezolano.
Aquel discurso quedó como símbolo de un mandatario empecinado en permanecer en el poder y quien, a partir de ese momento, enfrentaría un aislamiento aún mayor y una emergencia humanitaria más aguda, que el propio sistema de Naciones Unidas seguiría documentando en los años siguientes.
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