Varios miembros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), están señalados de estar implicados en el asesinato de 17 mineros en la masacre de Tumeremo y fueron relevados de sus funciones en la zona para ser investigados, informó este miércoles una fuente oficial.
«A los familiares (de las víctimas) les di mi palabra, y hoy vengo a cumplir, con respecto a algunos funcionarios de acá de la zona que van a ser extraídos, sometidos a una investigación interna», dijo en rueda de prensa el director del CICPC, Douglas Rico.
El jefe policial señaló que las indagaciones buscan determinar si los detectives -cuyo número no precisó- tienen alguna relación con la matanza o con el grupo criminal que la ejecutó el pasado de 4 de marzo en el poblado de Tumeremo (estado Bolívar, sureste), en la zona fronteriza con Brasil, como denunciaron parientes de los mineros.
«Con respecto a algunos funcionarios que van a ser sometidos a una investigación interna del cuerpo y no se descarta continuación de una investigación penal contra algún funcionarios de algún organismo, no solamente Cicpc, Sebin u organismo Militar», afirmó Rico.
En rueda de prensa, el Comisario, destacó que se continuará investigando hasta dar justicia a los familiares de las 17 personas exhumadas por el Ministerio Público.
“Me comprometí con los familiares, luego de reuniones sostenidas le di mi palabra y hoy vengo a cumplir, con respecto algunos funcionarios que serán investigados de un organismo militar no lo descartamos”, precisó Rico.
«El Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas y el Servicio Bolivariano de Inteligencia, quiero informarles a su vez que debido a los rumores mediáticos que se han venido señalando se va a continuar investigando aquí, y de resultar algún miembro de un organismo involucrado en el hecho será sancionado igual que las personas que ya tenemos identificadas como autores materiales del hecho», dijo.
Tras un acto en Tumeremo, en el que la fiscal general Luisa Ortega entregó a los deudos los restos de los obreros, Rico señaló que «no se descarta» el inicio de una investigación penal, no solo contra efectivos del CIPC, sino también de la policía de inteligencia (Sebin) o de militares por este caso.
«Los familiares quieren justicia en todos los sentidos, y de resultar algún miembro de algún organismo involucrado en el hecho, será sancionado igual que las personas que ya tenemos identificadas como autoras materiales», advirtió el mando policial.
Por su parte, la fiscal sostuvo que mientras no haya una sentencia en firme por los crímenes no se descarta que funcionarios oficiales puedan estar implicados.
«Esta investigación apenas está comenzando. El trabajo se había concentrado en la protección a las víctimas, la ubicación de los restos y la aprehensión de las personas solicitadas. Hasta tanto no concluya la investigación, queda abierta cualquier posibilidad», dijo.
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