La ahora expresidenta brasileña Dilma Rousseff inició su contraofensiva: menos de 24 horas después de ser destituida por decisión del Senado, su defensa pidió este jueves a la corte suprema anular el proceso y hacer otro juicio.
El Senado votó, con un holgado 61 a 20, a favor de la destitución de Rousseff, del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), acusada de haber violado la Constitución al aprobar gastos a espaldas del Congreso y financiar al Tesoro atrasando pagos a la banca pública.
Pero la oposición a Rousseff, quien siempre proclamó su inocencia y tachó el proceso de golpe de Estado, no consiguió los votos para inhabilitarla políticamente por ocho años, una pena que se pensaba inherente a la destitución y que en el último momento se decidió que se votaría aparte.
Y es eso lo que alegan los partidos pro-impeachment en un recurso también presentado este jueves ante la máxima corte.
«La aprobación del impeachment es por sí solo suficiente para la inhabilitación de la expresidenta», indicó un comunicado conjunto de los derechistas PSDB, DEM y PPS.
Rousseff, una economista y exguerrillera de 68 años, enfrentó el segundo proceso de impeachment desde el retorno de la democracia en 1985, después del que llevó en 1992 a la caída del hoy senador Fernando Collor.
Su abogado defensor, José Eduardo Cardozo, que además fue su ministro de Justicia, introdujo el jueves la primera de dos apelaciones previstas ante la corte suprema.
La primera solicita «la suspensión de inmediato de los efectos de la decisión del Senado Federal que condenó por crimen de responsabilidad a la Presidenta de la República» y la realización de «un nuevo juicio», según el texto al que tuvo acceso la AFP.
Pide además restablecer a Temer como presidente interino, cargo que ocupaba desde que Rousseff fue suspendida del cargo, en espera del veredicto del Senado.
La hoy destituida mandataria asegura que Temer, que fue su vicepresidente, es un «usurpador» y «golpista».
«Golpistas son ustedes, quienes están contra la Constitución. Golpe es aquel que propone una ruptura constitucional», replicó el dirigente del partido de centroderecha PMDB, alegando que el proceso cumplió con todos los requisitos contemplados por la Carta Magna de 1988.
Temer fue juramentado poco después del impeachment y, con el título oficial de presidente, viajó inmediatamente a China para participar en la cumbre del G20 de potencias industrializadas y emergentes, donde espera elevar el perfil de Brasil, un gigante regional que se debate contra la recesión y la crisis política.
La agenda incluye reuniones bilaterales con el presidente de China, Xi Jinping; el primer ministro de España, Mariano Rajoy; el primer ministro de Italia, Matteo Renzi; y con el director general de la Organización Mundial de Comercio (OMC), embajador Roberto Azevedo.
Tras la asunción del nuevo gobierno, el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, expresó rápidamente el interés de Washington en «mantener la fuerte relación bilateral», según un comunicado de la presidencia brasileña.
Los presidentes de Argentina, Mauricio Macri; de Perú, Pedro Pablo Kuczynski; y el secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, también «felicitaron» a Temer.
La reacción fue totalmente opuesta por parte de los gobiernos de izquierda de América Latina: el presidente socialista Nicolás Maduro congeló las relaciones y retiró a su embajador. El ecuatoriano Rafael Correa tachó el proceso de «traición» y también retiró a su encargado de negocios, máximo representante diplomático en Brasil.
Cuba y Bolivia condenaron igualmente la destitución de Rousseff.
En respuesta, Brasilia llamó a consultas a sus embajadores en Venezuela, Bolivia y Ecuador.
Temer, tan impopular como Rousseff, ha prometido poner a Brasil «de vuelta en el riel» y espera al acabar el actual mandato presidencial, en 2018, recibir el «aplauso» del pueblo. «Va ser difícil», admitió, en una situación de profunda recesión con alta inflación y un desempleo que afecta a unas 12 millones de personas.
Con el aval de los mercados, buscará consolidar apoyos en el Congreso para poner en marcha un ajuste fiscal y aprobar impopulares reformas a la ley del trabajo y la seguridad social.
La calificadora de riesgo estadounidense Moody’s advirtió que Brasil está lejos del consenso político requerido para aprobar todas las medidas económicas, pero destacó que el fin del juicio a Rousseff «elimina el elemento de incertidumbre política que pesaba sobre la economía brasileña», según un comunicado.
En un giro sorpresivo al escenario político, la oposición a Rousseff en el Senado no consiguió inhabilitarla para ejercer cargos públicos, lo cual le permitiría postularse a cargos electivos.
«Volveremos, volveremos para continuar nuestra marcha hacia un Brasil en que el pueblo es soberano», afirmó la mandataria tras el impeachment.
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