En las experticias se encontraron cinco conchas de proyectiles calibre 9 milímetros en el lugar en el que Daniel Queliz recibió un balazo en la nuca. La Mesa de la Unidad Democrática pide a la Fiscalía y a la gobernación que actúen con celeridad.
Cinco funcionarios de la Policía de Carabobo están retenidos, según información extraoficial, para esclarecer las circunstancias en las que fue asesinado el estudiante de 20 años Daniel Queliz, quien participaba en una protesta el lunes en la noche. La Fiscalía 28 de Carabobo y la 34 con competencia nacional están a cargo de la investigación de la muerte del joven.
En las experticias realizadas la mañana de este martes, se encontraron cinco conchas de proyectiles calibre 9 milimetros. Se espera que en las próximas horas llegue a la entidad una comisión de la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales del Ministerio Público. El patólogo extraerá el proyectil que se encuentra en el cadáver del estudiante que permanece en el Hospital Central de Valencia.
En una rueda de prensa, el secretario general de la Mesa de la Unidad Democrática en Carabobo, Carlos Santafé, pidió a la Fiscalía que investigue la muerte del estudiante de derecho de la Universidad Arturo Michelena. Santafé indicó que Queliz recibió un tiro en la nuca: “La investigación deben arrojar la causa de dónde salió el disparo, de qué parte vino y quién dio la orden de que se atacara a los manifestantes, porque la represión a la protesta está prohibida en todas las leyes del mundo”.
La autoridad regional de la MUD dijo que para este caso quiere la misma celeridad que se le dio al asalto cometido a la Universidad de Carabobo, cuando fue destituido el comandante de la Guardia Nacional y 30 funcionarios están siendo investigados.
“El Gobierno quiere cercenar la protesta, pero vamos a mantenernos en la calle hasta que Venezuela recobre la libertad, la democracia, haya elecciones libres y que el TSJ, que es el gran culpable de la tragedia de la nación, tenga magistrados independientes”, dijo Santafé.
Investigación exhaustiva
Por su parte, el abogado Alfonso Granadillo explicó que un grupo de profesionales del Colegio de Abogados y de la ONG Foro Penal está asistiendo a los jóvenes venezolanos apresados mientras ejercía su legítimo derecho a la protesta.
Granadillo pidió al gobernador Francisco Ameliach y a los representantes de Ministerio Público que esclarezcan este hecho y que aclaren dónde se encuentran decenas de jóvenes de quienes en este instante se desconoce su paradero. El abogado llevará al Ministerio Público las pruebas para que se hagan las averiguaciones pertinentes para determinar con exactitud quiénes son los funcionarios que han hecho uso de las armas para herir y segar la vida de los jóvenes venezolanos.
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