La fiscal general Luisa Ortega Díaz presentó hoy una demanda de nulidad en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra la designación de 33 magistrados que fueron, según dijo, elegidos mediante procesos irregulares el 23 de diciembre de 2015.
En una entrevista con la emisora privada Unión Radio, Ortega Díaz explicó que se trata de una «impugnación» contra 13 jueces principales y 20 suplentes que fueron escogidos por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) cuando todavía el Poder Legislativo estaba bajo el control del chavismo.
«Yo no participé en ese proceso, yo advertí que ese proceso estaba mal hecho», afirmó al explicar porque se negó a firmar el acta de designación de estos magistrados y cómo esto «vicia» el proceso en sí.
La fiscal dijo lamentar que todas las acciones llevadas a cabo por el Ministerio Público «hayan sido desechadas, inadmitidas, desconocidas o negadas, sin que se produjera un pronunciamiento de fondo» de parte del TSJ.
Ortega Díaz indicó que consignó ante el Supremo un informe donde se evidenciarían las supuestas irregularidades presentadas durante dicho proceso de selección y aseguró que tardó 18 meses en pronunciarse sobre este tema por la dificultad que tuvo el Ministerio Público para acceder a las «pruebas» provenientes del Consejo Moral Republicano.
Estos magistrados fueron juramentados por el Parlamento luego de la victoria de la oposición en las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015 y antes de que el chavismo entregara el mando de esta instancia el 5 de enero de 2016.
«Yo creo que la falta de legitimidad de origen de esos magistrados es lo que afecta su idoneidad, su imparcialidad, es sin duda un factor que ha contribuido a que el Tribunal Supremo no dé soluciones efectivas a la crisis del país sino por el contrario, lo que se encarga es de acelerar la crisis», sostuvo la fiscal.
Asimismo, subrayó que los 33 jueces impugnados deberán inhibirse de esta causa y advirtió de que, en caso contrario, les recusará.
«Yo creo que por la salud del país ellos deberían ser desincorporados», insistió y agregó que el Poder Judicial debería convocar de manera inmediata a nuevos magistrados aunque no especificó cómo.
Además, cuestionó que el alto tribunal haya desestimado dos recursos que ella presentó en las últimas dos semanas contra el proceso para cambiar la Constitución que impulsa el jefe de Estado, Nicolás Maduro.
«Lo neurálgico de lo que estoy solicitando no ha sido atendido. (…) El Tribunal Supremo ha sido un obstáculo para la paz del país», afirmó.
La Fiscal responsabilizó al gobierno de Nicolás Maduro de «cualquier daño» del que pueda ser objeto su familia que, dijo, ha recibido amenazas tras el distanciamiento de la funcionaria con el Ejecutivo.
«Yo quiero hacer responsable, a las autoridades del Estado venezolano, especialmente al Ejecutivo de lo que le pueda pasar a mi familia, no es posible que mi familia sea objeto de amenazas», dijo la titular del Ministerio Público.
«Este es un tema que tienen que resolver conmigo, no con mi familia», añadió la fiscal sin ofrecer mayores detalles al respecto.
En los últimos dos meses la fiscal general, identificada hasta ahora con el chavismo, se ha opuesto al proceso Constituyente impulsado por Maduro y también advirtió de la ruptura del orden constitucional luego de que el Tribunal Supremo asumiera las facultades del Parlamento -una posición que dio pie a que se anulara parcialmente esa medida.
Asimismo, ha señalado la «brutal represión» en contra de los venezolanos que protestan contra el Gobierno de Maduro y desmontado la tesis gubernamental de que uno de los 67 muertos había sido asesinado por sus compañeros de protesta, tras revelar que esa muerte fue causada por una bomba lacrimógena usada por la Guardia Nacional.
Esto ha provocado que el oficialismo se haya referido en público a ella como una «traidora» y que le haya acusado de avalar acciones «terroristas» contra la Administración de Nicolás Maduro.
El vicepresidente venezolano, Tareck el Aissami, ha puesto fecha a la salida de la fiscal general del Ministerio Público, una vez que la Asamblea Constituyente sea electa y tenga la facultad de dictar decisiones por encima de cualquier otro poder del Estado.
La ola de protestas en contra y a favor del Gobierno que desde hace 73 días sacude al país ha degenerado en algunos hechos violentos que se han saldado con 67 muertos y más de un millar de heridos, según datos de la Fiscalía.
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