La nueva orden interministerial introduce además la flexibilización de los trámites de documentación para los indígenas venezolanos que buscan residencia temporal en Brasil y amplía los beneficios de legalización a todos los ciudadanos de ese país, no sólo a quienes entren por tierra.
Quienes tengan una residencia temporal de dos años podrán pedir tres meses antes de su vencimiento una permanente, siempre y cuando no tengan registros criminales en Brasil y comprueben medios de subsistencia.
Más de 20.000 venezolanos han solicitado refugio en Brasil desde enero de 2017 y, según cálculos oficiales, unos 40.000 viven en Boa Vista, la capital del estado Roraima, fronterizo con Venezuela, país sumergido en una grave crisis económica, social y política.
Para Camila Asano, coordinadora del programa de Derechos Humanos de la ONG Conectas, la medida se centra en un foco de interés nacional y no concede las medidas de protección que podrían caber a la migración venezolana.
«La Ley de Migración ya prevé una residencia por razones humanitarias y Brasil ya ha caracterizado a Venezuela y al flujo venezolano como oriundo de una crisis humanitaria (…) cabe al gobierno explicar porque no concede este tipo de residencia que prevé protecciones, como la no devolución, no garantizadas en la nueva medida», dice.]]>