Venezuela

El ABC de las protestas en Venezuela de 2017

Un “golpe de Estado” sin movilización de tanquetas ni ruidos de bayonetas. Medios que no informaron sobre la escalada de violencia y represión. Una Asamblea Constituyente impuesta para desmovilizar la calle. Un Gobierno que terminó señalado como una dictadura. Una oposición que salió dividida y frustrada tras meses de marchas, trancazos y un referendo simbólico. A un año de estas movilizaciones, ¿qué fue lo más destacado?  Ofrecemos respuestas a modo de diccionario.

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FOTOGRAFÍA: GUSTAVO VERA | EL ESTÍMULO

A

Arrechera: La Real Academia Española define la palabra coloquial venezolana como una indignación violenta. Precisamente, ese es el sentimiento con el que cientos de miles de opositores se lanzaron a las calles para expresar su descontento contra Nicolás Maduro y las dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que activaron las protestas. A pesar de la represión militar y policial, los disidentes se movilizaron convencidos de que había que hacer un cambio político en Venezuela. Un sentimiento que se fue apagando con el tiempo.
Almagro, Luis: Fue uno de los protagonistas de la crisis. También fue uno de los grandes frustrados. Durante las protestas, el excanciller de Uruguay fracasó en su intento de activar la Carta Interamericana a Venezuela por la violación de principios democráticos. Sin embargo, Almagro logró ventilar la crisis con la convocatoria de reuniones, divulgación de informes sobre la represión y organizó unas polémicas audiencias en la sede de la OEA para intentar enjuiciar a Maduro ante la justicia internacional.
Allanamientos: Los allanamientos a residencias fueron muy comunes durante las manifestaciones. El uso excesivo de la fuerza por las fuerzas policiales y militares se reflejaron con asaltos a residencias entre el lanzamiento de gas lacrimógeno y el disparo de perdigones (balas de goma). En algunas ocasiones, se utilizaban tanquetas para derribar portones de edificios. Muchas personas resultaron detenidas durante estas acciones. El 13 de junio, policías y militares asaltaron las residencias El Paraíso («Los verdes) en Caracas. El asalto dejó 23 detenidos, el asalto de al menos 30 apartamentos sin orden judicial, reseñó un informe de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
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Fotografía: Gustavo Vera | El Estímulo
B

Benavides Torres, Antonio: Fue el comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana hasta el 21 de junio de 2017, dos días después de que Fabian Urbina, de 17 años, muriera por un tiro accionado por militar de ese cuerpo durante una manifestación en el Distribuidor de Altamira. Benavides está acusado  de organizar la represión durante las protestas de 2014 y 2017. También está sancionado por Estados Unidos, Canadá, Panamá, Suiza y la Unión Europa. Tras comandar la Guardia Nacional, el mayor-general fue jefe de Gobierno del Distrito Capital hasta enero de 2018.
Borges, Julio: En 2017 fue el presidente de la Asamblea Nacional (AN), el único poder controlado por la oposición luego de haber ganado las elecciones legislativas de 2015. Borges tuvo una gran influencia en el plano internacional para lograr sanciones contra Maduro y su gobierno por «socavar» la democracia. Sin embargo, la fuerza mostrada fuera de las fronteras no la capitalizó en Venezuela para cerrar filas en torno a la Asamblea Nacional tras la creación de la Constituyente. Tras salir del país a principios de 2018, Borges mantiene una intensa campaña para denunciar al Gobierno.
Bustamante, Ortiz Jhon Jairo: Es el nombre de la primera víctima mortal de las protestas. El joven, de 19 años, murió el 6 de abril tras recibir un balazo en el tórax mientras manifestaba en el sector Montaña Alta de Carrizal en el estado  Miranda. La bala fue disparada por un agente de la Policía Nacional Bolivariana, según investigaciones del Ministerio Público. Del 1 de abril al 31 de julio, la Fiscalía General registró 124 muertes durante las manifestaciones. Las organizaciones de la sociedad civil cifraron en 157 los fallecidos.
C

Cacerolazo: El sonar de las cacerolas identificó el descontento contra Maduro en las calles. El antichavismo ha usado por años este recurso, que nació a finales de los años 80 contra el expresidente Carlos Andrés Pérez. Durante las protestas, los cacerolazos trascendieron de las casas a las calles, donde se utilizaron postes, barandas y santamarías.
Capriles, Henrique: El dos veces candidato presidencial y el gobernador de Miranda fue una figura clave en el conflicto. Tuvo una activa participación en las marchas y sus acciones para denunciar el autogolpe judicial de Maduro fueron cobradas por una inhabilitación por 15 años impuesta por la Contraloría General. La medida frenó en seco la postulación de Capriles para las presidenciales de 2018. Su participación política es discreta tras la desmovilización de la Mesa de la Unidad.
Censura: La cobertura mediática jugó un rol especial durante la crisis. Ningún canal tradicional ha transmitido en vivo las marchas. Los reporteros fueron blanco especial de las fuerzas de seguridad del Estado, disparando en algunas ocasiones a quemarropa mientras cubrían una manifestación. Ipys Venezuela, la organización no gubernamental que vela por el derecho a la libertad de expresión, contabilizó 539 violaciones a la libertad de expresión entre marzo y julio de 2017.
Colectivos: Nombre que se le da a las organizaciones parapoliciales afines al chavismo, que arremetieron contra varias de las manifestaciones en las ciudades venezolanas. Un informe de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU concluye que 27 manifestantes perdieron la vida por la acción de estos grupos irregulares, que se desplegaron armados y en motos con el aval de las gobernaciones y jefes de la Guardia Nacional Bolivariana, según las denuncias de testigos que sufrieron sus agresiones en zonas de los estados Lara, Mérida y Táchira.
Constituyente, Asamblea Nacional: La «todopoderosa» instancia creada por Maduro al calor de las manifestaciones fue la principal apuesta del chavismo para apagar las calles y terminar por controlar a los poderes del Estado. Funciona como una especie de Junta de Gobierno, integrada exclusivamente por simpatizantes de Maduro, para impulsar decisiones que no están contempladas en la Constitución. La Asamblea Nacional Constituyente, que se instaló el 4 de agosto, es calificada por países y la oposición como ilegal. Se espera que sus funciones cesen en 2019.
Cruz Verde: El nombre como se identifican los grupos de paramédicos universitarios que asistieron a los manifestantes heridos durante las marchas. Estos grupos están conformados por estudiantes y profesores de medicinas de las universidades públicas. Su labor fue, en algunas ocasiones duramente reprimida. Uno de ellos, Paul Moreno, murió el 18 de mayo cuando fue atropellado por una camioneta en una avenida Fuerzas Armadas en Maracaibo. Los grupos de Cruz Verde se mantienen activos con la entrega de medicinas y asistencia médica.
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Fotografía: Sebastián Guido | El Estímulo
D

Desacato: Ese término determina el origen de la crisis. La sentencia 158 emitida por el  Tribunal Supremo de Justicia el 28 de marzo dictaminó que la Sala Constitucional asumía las funciones del legislativo mientras persistía un desacato de la Asamblea Nacional. Bajo esa excusa, siete integrantes de la Sala Constitucional asumieron las decisiones de 167 diputados electos popularmente en los comicios celebrados en 2015. Tras el rechazo de a esa medida, dentro y fuera del país, el chavismo decidió crear la Asamblea Constituyente, como organismo supremo para controlar en la práctica a ese poder y bajar la tensión en las calles.
Detenciones: La detenciones arbitrarias y los malos tratos fueron comunes entre abril y julio de 2017. Según estimaciones de la ONG Foro Penal Venezolano, 5.051 personas, entre ellas 410 niños, fueron detenidas durante las protestas. Al 31 de julio seguían detenidas 1.383 personas. Otras organizaciones como Amnistía Internacional acusaron a las fuerzas de seguridad se someter a los detenidos, incluyendo niños, a una o más formas de tratos crueles, equivalentes en varios casos a actos de tortura. Entre los malos tratos se identificaron fuertes palizas, descargas eléctricas, posturas que causan estrés, asfixia y amenazas de violencia sexual y muerte. El procesamiento de civiles por militares también fueron denunciados por activistas de derechos humanos.
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Fotografía: Sebastián Guido | El Estímulo

E

Empresas mixtas: El conflicto entre el Tribunal Supremo y la Asamblea Nacional también surgió por la posición de la Sala Constitucional sobre un recurso de interpretación referente a la constitución de empresas mixtas petroleras con las trasnacionales que operan en la Faja Petrolífera del Orinoco. Según la interpretación, el Ejecutivo puede ignorar el aval del legislativo que obliga la Ley de Hidrocarburos para crear esas asociaciones y obtener inversiones en momentos de crisis de liquidez.
Estudiantes: Las actuaciones de estudiantes de educación media y universitaria fue determinante en algunas manifestaciones por lo que fueron blanco fácil de la represión del Estado.   La mayoría de víctimas mortales por las protestas fueron hombres jóvenes, de 27 años en promedio; también murieron 15 niños y 7 mujeres entre abril y julio de 2017. En general, las víctimas eran estudiantes o personas que acababan de terminar sus estudios, dijo el informe de Naciones Unidas.
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Fotografía: Gustavo Vera | El Estímulo
F

Fuerza: Las denuncias sobre la ruptura del orden constitucional lanzó a la oposición a las calles con un músculo similar a las gigantescas movilizaciones de 2016 cuando buscaba un referendo para sacar a Maduro del poder. Cientos de miles de personas tomaron las calles, avenidas y autopistas a lo largo del país.  Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, entre el 1 de abril y el 31 de julio del año pasado, se registraron 6.729 manifestaciones. Esto arrojó un promedio protestas por día; ello representa un aumento del 157% con respecto al mismo período en 2016.
G

Golpe jurídico: La disolución de facto de la Asamblea Nacional por la vía jurídica fue calificada como un “golpe” por sectores de la oposición dentro y fuera de Venezuela. La usurpación de los poderes del legislativo por el Supremo es conocida popularmente como el Madurazo.
GNB: Son las siglas de la Guardia Nacional Bolivariana. Este componente de la Fuerza Armada fue junto a la Policía Nacional de la represión la cara de la represión. Sus brutales actuaciones fueron documentadas por organizaciones de derechos humanos. Según la comisión de Derechos Humanos de la ONU,  la GNB empleó «el grado de violencia más alto contra los manifestantes» con la persecución en motocicletas y tanquetas, el lanzamiento de bombas lacrimógenas en hospitales, centros comerciales y viviendas, las detenciones arbitrarias y el asalto a viviendas sin orden judicial. Esta misma organización concluyó que 46 manifestantes murieron en manos de las fuerzas de seguridad del Estado.
Guevara, Freddy: El dirigente de Voluntad Popular fue una de las caras visibles de la dirigencia opositora. Su rol como vocero de la Mesa de la Unidad en las marchas no ha sido perdonado por el chavismo. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional fue el encargado de convocar los llamados trancazos y las marchas como la del 19 de abril. Tras el fin de las protestas, Guevara ingresó el 4 de noviembre en calidad de «huésped» a la residencia del embajador de Chile en Caracas. El oficialismo busca activarle un juicio por «traición a la patria».
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Fotografía: Andrea Hernández | El Estímulo

I

Impunidad: De las 124 muertes investigadas por el Ministerio Público,  la Comisión de Derechos Humanos de la ONU aseguró que en 51 de ellas no se disponía de información suficiente para poder determinar la identidad de las personas responsables. Si bien esas muertes ocurrieron en medio de las manifestaciones, «sus causas estaban relacionadas con hechos, tales como accidentes automovilísticos causados por la presencia de barricadas, saqueos, linchamientos y otros incidentes», dice el informe de Naciones Unidas. Pocos son los casos donde se han establecido los responsables de los crímenes. Muertes emblemáticas como la del estudiante Juan Pablo Pernalete o el manifestante Neomar Lander permanecen «bajo investigación» por el Ministerio Público,  aunque la exfiscal Luisa Ortega dijo que se trataron de decesos provocados por el accionar de las fuerzas del Estado.

J
 
 
Jóvenes: Fueron los más activos en las calles. Por ello, pagaron en buena parte la ira de las autoridades y el accionar de los colectivos. Diputados de la oposición que no pasan los 35 años de edad fueron los más activos en las denuncias de golpe por Maduro.
J-16: Es el nombre del referendo organizado por la oposición para ratificar su desconocimiento al gobierno de Maduro. Más de 7 millones de personas participaron en este proceso simbólico, según la Mesa de la Unidad democrática. El referendo también llamaba a la desobediencia civil cuando el chavismo impulsaba las elecciones para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente.
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Fotografía: Andrea Hernández | El Estímulo
L

Lacrimógenas, bombas: Fueron unas de las armas más utilizada por las fuerzas de seguridad para disolver las protestas. Manifestantes acusan a los agentes de utilizar bombas vencidas en zonas residenciales.
López Leopoldo: El preso político más mediático de Venezuela fue trasladado de la cárcel de Ramo Verde a su casa en la madrugada del 8 de julio de 2017. La medida fue gracias a las negociaciones impulsadas por José Luis Rodríguez Zapatero, quien medió en la solución negociada a la crisis en Venezuela en 2018, reconoció a la prensa española el expresidente del gobierno español. Algunos sectores de la oposición aseguran que ese «beneficio» terminó de desmovilizar a ciertos sectores de la oposición, en especial al partido Voluntad Popular, muy activo en las protestas.
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Fotografía: Sebastián Guido | El Estímulo
M

Maduro, Nicolás: Cuestionado en el plano internacional y jaqueado por la crisis económica, el presidente venezolano asumió la coyuntura con una impopularidad del 78%, según las encuestas de la época. Maduro optó por denunciar un complot internacional para sacarlo del poder y utilizó su aparato de seguridad para reprimir a los opositores en las calles. Con la activación de la Constiuyente, el heredero de Chávez logró dos objetivos: desarticular a la oposición y neutralizar las protestas en su contra. Sin embargo, pagó un precio. Estados Unidos y la Unión Europea impulsaron sanciones contra su entorno y la mayoría de los países desconocen a la Constituyente. En 2018, Maduro se enfoca en ser reelecto en unas presidenciales que no cuentan la participación de los grandes partidos de oposición.
Militarización: El Gobierno prefirió sacrificar la movilidad en Caracas por la seguridad. Tanquetas, piquetes y barricadas de policías y militares solían bloquear las principales entradas de la ciudad cuando se anticipa una movilización opositora. También se cerraba, sin previo aviso y bajo argumentos de seguridad, las estaciones del Metro capitalino por donde el antichavismo pretendía movilizarse.
MUD: Son las siglas de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la coalición de partidos opositores que quedó desarticulada y sin rumbo tras el cese de las protestas. Sus líderes, que se colocaban al frente de las movilizaciones, se reprocharon los unos a los otros tras la activación de la Constituyente y el oxígeno tomado por Maduro en el plano político.  Líderes como Henrique Capriles reconocieron fallas de comunicación y creación de falsas expectativas al pueblo para explicar el fracaso la Unidad. Ahora, la oposición política cambió de piel con la conformación de un Frente Amplio.
caprilesFotografía: Andrea Hernández | El Estímulo
O

OEA: La Organización de Estados Americanos es el centro del pulso internacional de la crisis. Los 35 países que integran el bloque debaten la activación de la Carta Democrática contra el Gobierno. Este recurso ha sido solicitado por el secretario del mecanismo, Luis Almagro, quien exige convocar elecciones, liberar presos políticos y aceptar ayuda humanitaria en Venezuela. Maduro no descarta salirse de la organización a la que cuestiona su pasado y su cercanía “con el imperialismo”.
Orden Constitucional: Los fallos que dieron la estocada final a la Asamblea Nacional por el chavismo fueron calificados como la ruptura del orden constitucional por organizaciones como Mercosur, la OEA y la Unión Europea, así como la Fiscal General. Sin embargo, las declaraciones se resisten aún a acusar a Nicolás Maduro de dictador y su gobierno de representar una tiranía, tal como denuncia la oposición.
P

Periodistas: Los comunicadores sufrieron las consecuencias de la intolerancia política. Debieron cubrir las protestas con cascos, chalecos antibalas y máscaras de gas. Naciones Unidas denunció que los ataques contra periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación consistieron en ataques físicos (palizas y heridas causadas por cartuchos de gas lacrimógeno y perdigones de plástico), detenciones arbitrarias e incautación o destrucción de sus equipos. La imagen de la corresponsal Elyangélica González arrastrada y golpeada por un grupo de militares reflejó con claridad la brutalidad con la que se ha actuado contra algunos periodistas.
Pérez, Óscar: Fue un emblema de la llamada «Resistencia» al gobierno de Maduro. Este exinspector de la Policía Científica fue el hombre más buscado en Venezuela durante siete meses tras participar en el ataque a las sedes del Tribunal Supremo de Justicia
‘Puputov’: El 11 de mayo debutó en Caracas un arma no convencional utilizada por jóvenes de la oposición para hacer “resistencia” a los policías y militares que enfrentaban en las calles: la puputov. El nombre de esta nueva “arma” estaba inspirado en los cócteles molotov y era tarros de vidrio o bolsas cargadas con excrementos humanos o de animales. Las autoridades califican estos proyectiles como armas biológicas por las bacterias que pueden contener sus fétidos desechos. Las puputov nacieron en el estado Táchira (oeste).
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Fotografía: Juan Barreto | AFP
R

Redes sociales: Es el recurso más utilizado por los opositores para trasmitir datos, videos y fotos sobre lo que  asaba en las calles. Redes como Twitter o Instagram fueron usadas para buscar información en medio del apagón informativo impuesto por el Gobierno. Las señales de las páginas web de Vivo Play, VPI Televisión y Capitolio TV, que trasmitían en vivo las protestas y las actividades del Parlamento a través de Internet, fueron bloqueadas por las autoridades.
Resistencia: Es el nombre de la oposición radical que formaron la primera línea de combate contra Maduro y su entorno. Los miembros de la resistencia no forman parte de una organización establecida o cuentan con un líder. Quienes conforman este movimiento son jóvenes en su mayoría, algunos niños, que se identificaron con las acciones emprendidas por Óscar Pérez. Muchos miembros de la «resistencia» debieron irse del país tras ser encarcelados o detenidos por las fuerzas de seguridad.
niñosenresistencia-1100x618Fotografía: Emily Avendaño | El Estímulo
S

Saab, Tarek William: Pasó de la Defensoría del Pueblo a la Fiscalía General de la República.  Más de cien ONG en Venezuela solicitaron su renuncia por desestimar las denuncias de “golpe jurídico” y mostrar una posición a favor del Ejecutivo en el inicio de las protestas. William Saab, exgobernador del chavismo.  fue designado el 5 de agosto como fiscal general por la Constituyente en sustitución de Luis Ortega, quien selló su divorcio político del chavismo con esta crisis.
Sentencias 155 y 156: Son los números de las dos sentencias del Supremo que generaron la crisis. La primera, emitida el 28 de marzo, minimizó la inmunidad parlamentaria. La sentencia 156, emitida al día siguiente, estableció que siete magistrados de la Sala Constitucional asumen las funciones del Parlamento mientras ese órgano se encuentre en desacato. Tras el rechazo de la comunidad internacional y de la Fiscal General por ambos fallos, el TSJ decidió enmendarlas. Pero “el golpe» continuó con la represión a diputados y el desconocimiento de las decisiones parlamentarias.

T

Trancazo: Así se denominaron las protestas convocadas por la oposición para cerrar vías y avenidas en todo el país mientras se acercaba la fecha de las elecciones para la constituyente (30 de julio). Cada jornada de trancazos generaba un número significativo de muertos, heridos y detenidos. Los trancazos se desarrollaban durante horas y eran duramente reprimidos por las fuerzas de seguridad.
TSJ: Son las siglas del Tribunal Supremo de Justicia que emitió los fallos que, según la oposición, vulneraron el equilibrio de poderes de Venezuela y dieron vía libre a Nicolás Maduro para dar un “golpe jurídico”, usurpando las funciones del legislativo. Los magistrados que componen el Supremo fueron electos por la antigua AN chavista sin cumplir con los requisitos legales. Muchos de ellos son exdiputados del oficialismo, abogados de familiares de funcionarios y abiertos simpatizantes del Gobierno, según ONG.
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Fotografía: Andrés Gerlotti | El Estímulo
U

Unidad: La oposición lució durante los tres meses de tensiones una renovada versión en la crisis. Caras visibles dentro de la coalición Mesa de la Unidad Democrática, que habían mostrado distancia tras el fracaso de un diálogo con el Gobierno en 2016, marcharon unidos y denunciaron en una sola voz la ruptura del orden constitucional en Venezuela. Tras la desmovilización de la calle, la MUD quedó fracturada y sin rumbo ante las presidenciales convocadas para mayo de 2018.
V

VTV: Son las siglas del canal estatal Venezolana de Televisión. Fue la principal vitrina mediática del oficialismo, donde se trasmiten las 24 horas del día propaganda e informaciones parcializadas. Es allí donde los jerarcas de la revolución bolivariana mantuvieron programas en horario estelar, donde lanzaron acusaciones, amenazas y divulgaron grabaciones sin orden judicial con el único objetivo de decir “la verdad”. La oposición está vetada en ese medio.
Z

Zamora, Plan: De acuerdo al Instituto Nacional de Prevención Salud y Seguridad Nacional (Inpsasel) en su página Web, el denominado «Plan Zamora» es una táctica del Plan Estratégico Especial Cívico-Militar Zamora, con la finalidad de garantizar el normal funcionamiento y la estabilidad del país, el cual fue activado el 19 de abril de 2017 «en su fase verde». Sin embargo, analistas explicaron que lo que se buscaba era garantizar el orden interno y frenar algún golpe de Estado en marcha. La presidenta de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, dijo que ese Plan no era más que el denominado «Plan Ávila», que fue ejecutado en 2002.
Zapatero, José Luis Rodríguez: El expresidente del gobierno español formó parte del grupo de mediadores de los fracasados diálogos que mantuvieron el Gobierno y la oposición en 2016 y 2018. La oposición lo acusa de haber estado parcializado a los intereses de Maduro. Unas declaraciones en España generaron comentarios en Venezuela: se resistió a declarar a Leopoldo López como preso político y negó en calificar a las decisiones del Supremo como “golpe de Estado”. Dirigentes de la disidencia acusaron a Zapatero de presionar a miembros de la Mesa de la Unidad para que firmen un pacto con el chavismo sobre las condiciones para participar en las presidenciales de este año.
220717 Marcha hacia el TSJ FOTO: Gustavo Vera Fotografía: Gustavo Vera | El Estímulo]]>

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