El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, expresó en la sede de la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya, “la vocación de paz de Venezuela y su compromiso con resguardarla a través de la aplicación de la justicia y la ley, en apego a la Constitución”.
En los actos celebrados en La Haya por el décimo segundo aniversario de la Aprobación del Estatuto de Roma, que dio forma a este mecanismo, Moreno aseguró que “Venezuela es un Estado amante de la paz y su Poder Judicial está comprometido en resguardarla a través de la aplicación imparcial de la ley, el control constitucional de los asuntos sometidos a su competencia, al igual que la debida marcha del Estado».
El presidente del TSJ, sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por socavar a la democracia en Venezuela, asistió a la cita en compañía del vicepresidente de la Sala Político Administrativa del TSJ, Marco Antonio Medina Salas.
También estuvo acompañado por la embajadora de Venezuela ante la CPI, Haifa El Aissami, hermana de Tareck El Aisammi; actual vicepresidente de Economía, otro sancionado por Washington y el bloque europeo.
Durante los actos realizados en Holanda, Moreno presenció un simulacro de juicio efectuado en la Corte Suprema de los Países Bajos, en el cual se abordó todas las etapas de un juicio, así como lo relativo a los crímenes de guerra y el derecho penal internacional.
El pasado 31 de mayo, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, envió un informe sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela a la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, quien se ganó el apodo de la fiscal «que caza tiranos» tras llevar a cabo investigaciones sobre países como Kenya, Libia, Uganda, la República Democrática del Congo, Sudán, y Burundi.
El documento entregado por Almagro fue realizado por un panel de expertos de la OEA, quienes aconsejaron que el informe fuera remitido a la oficina de Besouda para que se pudiese iniciar una investigación al respecto.
Las investigaciones y procesos impuestos por la Corte Penal internacional no son contra gobiernos sino contra individuos. Sus actuaciones implican a personas que pudieron haber ejecutado la orden o que no hicieron nada para evitarlo, explicó a El Estímulo, la internacionalista Giovanna de Michelle.
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En país donde la crisis económica ha barrido el ahorro familiar y el valor de los ingresos fijos, la morosidad en las cuotas de los condominios se dispara y afecta la convivencia y la condiciones de vida en espacios comunes. Estas son algunas propuestas viables.
El gobierno de Nicolás Maduro solicitó al tribunal en agosto de 2022 que suspendiera su investigación sobre presuntas violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones en las que más de 100 personas murieron. El argumento era que la cuestión debía dirimirse en su propio sistema judicial
El peligroso escenario Nicaragua despunta en el horizonte de Venezuela. Según los politólogos John Magdaleno y Ramón Guillermo Aveledo, esto traería una profundización de las violaciones a los derechos humanos, civiles y políticos, y a nadie le convendría esto, ni al régimen ni al resto de los venezolanos.
