ONG's vuelven a desenmascarar al Gobierno de Maduro en la CIDH

Luis Betancourt, abogado representante de la ONG Foro Penal relató ante la CIDH -ente autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA)- «que desde 2014 hasta la hecha se han registrado 12.480 arrestos arbitrarios en todo el país». Dicha cifra, según el vocero, «se traduce en un aproximado de 50 personas detenidas arbitrariamente cada mes y otras 50 liberadas, esto lo denominamos nosotros un efecto de puertas giratorias».

Durante la sesión sobre «situación de personas privadas de libertad en el contexto de la crisis política» Carlos Correa, representante de la ONG Espacio Público, denunció que en las cárceles venezolanas «persiste la práctica de la tortura, grupos delictivos que controlan los centros y se retrasan los traslados para la presentación de las audiencias». 

Una Ventana a la Libertad, otra de las ONG presentes, señaló que «existen aproximadamente 500 centros para detención no mayor a 48 horas convertidos en permanentes». La situación de los reos es tal que esa organización documentó cinco reclusos fallecidos por desnutrición de los 93 recintos que monitorea.

«Hay 15 adolescentes presos por razones políticas», recalcó el vocero de Una Ventana a la Libertad.

Otra de las irregularidades encontradas por Una Ventana a la Libertad es el registro de 15 menores de edad en centros de reclusión junto con adultos, «igual hay casos de mujeres en centros con hombres. En los centros preventivos no hay espacio para realizar actividades. Los reclusos deben tomar turnos para dormir».

Según Observatorio Venezolano de Prisiones, el 9 de marzo de 2017 «fueron hallados cadáveres humanos cerca de la puerta número uno de la penitenciaría».

Las torturas en los centros penitenciarios «son prácticas comunes en los presos políticos», según Foro Penal. Un ejemplo es el doctor José Alberto Marulanda Bedoya retenido el 20 de mayo, día de elecciones presidenciales en Venezuela, por el Dgcim el cual «fue víctima fueron deformadas sus manos», según la mencionada ONG.

Génesis Dávila, directora de Defiende Venezuela señaló ante la CIDH el nuevo «modus operandi», en el cual «funcionarios sin uniformes capturan a quién tiene en la mira. Luego el camino se convierte en una desaparición forzosa, secuestros y luego se le informa a los familiares que el detenido se encuentra en El Helicoide». 

En respuesta a estas denuncias, Larry Devoe, el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos reconoció las «debilidades» del sistema penitenciario: «Reconocemos las debilidades del sistema de prisión preventiva. Estamos trabajando en ello», acotó. En ese sentido,

«Pronto presentaremos al país un informe sobre los hechos de violencia de 2017 y 2018. Las personas privadas de libertad mencionadas no están allí por motivos políticos, es por cometer delitos establecidos en nuestra legislación», señaló Davoe. 

Personas mayores y comunidad LGTBI

Entre las organizaciones que participaron en el encuentro está la asociación civil Convite, Acción Ciudadana Contra el sida (ACCSI), Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Unión Afirmativa -dedicada a promover y defender los derechos de la comunidad LGTBI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, bisexuales e intersexuales).

Durante la audiencia, el director general de Convite, Luis Cabezas señaló en defensa de los ciudadanos de la tercera edad que la ONG tiene un registro de 300 personas mayores asesinadas, de los cuales cuatro  fallecieron mientras hacían cola para adquirir alimentos». En ese sentido, el vocero indicó que la actual pensión «solo cubre escasamente el 5% de la canasta alimentaria. El Ejecutivo afirmó que se llegó al 100% de cobertura en el pago de la pensión, pero a la fecha no hay cifras sobre la cantidad de pensionados». 

Asimismo, el Comité para personas mayores de la audiencia denunció la falta de pago a los pensionados en el extranjero, que «hasta la fecha tienen 33 meses sin recibir su pensión». 

Por su parte, el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos Larry Devoe señaló que «gracias a la revolución, de 19.6% de adultos mayores en 1998 que podían gozar de la pensión, hoy pasamos a 100% de cobertura».

Con respecto a la firma de la convención para la protección de personas mayores, Devoe subrayó que Venezuela «está en proceso de salida de la OEA, por ello no podemos adquirir compromisos con la organización». 

La relatora de la CIDH Soledad García Muñoz reiteró la solicitud de realizar una visita a Venezuela para evaluar la situación de crisis y violaciones de los derechos humanos, al mismo tiempo ofreció nuevamente ayuda técnica para llevar a cabo la investigación.

Francisco Eguiguren, también relator de esta instancia internacional, dijo que si el Gobierno venezolano impide a la Comisión realizar la visita «nos inclina a creer que la realidad se asemeja más a las denuncias que recibimos».

«Mientras el Estado no permita la visita de la Comisión, permita la ingreso de organizaciones humanitarias a las cárceles y que puedan dar información a la CIDH», pidió.

Crisis humanitaria

En la audiencia también se tocó el tema de las epidemias activas actualmente en el territorio nacional: malaria, difteria y sarampión. Así como el acceso al agua potable

En lo que va de 2018 han asesinado a 14 personas en protestas por derechos económicos, sociales y culturales; cuatro de estos menores de edad y diez mujeres, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. En ese sentido, su representante exigió el cese de la criminalización de la protesta pacífica y la no persecución de las personas que participan en la audiencia.