El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la creación de una Comisión de Alto Nivel para reactivar la industria y sustituir importaciones. Vale preguntarse ¿por qué Venezuela no se industrializó después de haber disfrutado el auge rentístico más grande en toda su historia como país petrolero? Veamos:
Sobrevaluación, desindustrialización y reprimarización
La sobrevaluación de la tasa de cambio oficial ha sido uno de los principales frenos al desarrollo industrial venezolano. Esta se origina cuando la inflación que sufre un país es mayor que la de sus principales socios comerciales. Al no ajustarse el tipo de cambio oficial para corregir este diferencial inflacionario, el poder de compra interno de la moneda nacional se desvanece, a la vez que se fortalece su poder de compra en el extranjero, donde el alza de los precios ha sido mucho menor. Sin embargo, a pesar de la persistente inflación, el dólar oficial se mantiene congelado por varios años.
Gracias a un dólar barato, el gran negocio importador florece y prospera a expensas de la actividad agrícola e industrial. Para resistir el impacto de una política cambiaria favorable a las importaciones, los productores venezolanos tienden a transformarse en importadores y disputarse con los comerciantes el papel de representantes de las grandes corporaciones transnacionales, acentuando así los rasgos de una economía de puertos cada vez más dependiente de las importaciones. Por eso, el anclaje cambiario en un contexto inflacionario termina arruinando la producción nacional.
La ruina de la producción nacional
En definitiva, no hizo falta que se aprobara el ALCA para impedir que las importaciones baratas arruinaran la producción nacional. Las tasas oficiales de Cadivi y Cencoex facilitaron toda clase de importaciones agrícolas e industriales, mucho más de lo que lo hubiese permitido la eliminación de los aranceles y el desmantelamiento de las medidas de protección y estímulo a la producción nacional.
De hecho, la sobrevaluación de la tasa de cambio oficial dejó sin efecto la amplia gama de medidas de política agrícola e industrial que se pudieron en práctica en los primeros años de la Revolución Bolivariana para reactivar la producción nacional. En efecto, los incentivos financieros, las compras gubernamentales, el suministro de insumos básicos al sector transformador, los incentivos fiscales a la innovación tecnológica, la capacitación de mano de obra, la regularización de la tenencia y uso de la tierra, la promoción de Fundos Zamoranos, Núcleos de Desarrollo Endógeno y Empresas de Producción Social, todo ese esfuerzo fue abortado por la propia política cambiaria del Gobierno Bolivariano.
La verdadera guerra económica que dinamitó el aparato productivo nacional ha sido la derivada de una prolongada sobrevaluación que ha generado graves consecuencias en materia de caída de la producción, escasez, acaparamiento y especulación. El aporte de la actividad agropecuaria al PIB cayó por debajo del 4%, cuando debería ser al menos de 12% si se quiere alcanzar la soberanía alimentaria. En materia de desindustrialización los efectos han sido aún más desastrosos, a lo largo del anclaje cambiario el número de industrias cayó de 14.000 mil a 7.000 y la contribución del sector manufacturero al PIB se redujo de 18% en 1999 a menos de 14% en 2015, bastante lejos del 20% mínimo que se requiere para ser considerado un país industrializado.
Escasez de divisas: oportunidad para industrializar
Los actuales problemas relacionados con la liquidación suficiente y oportuna de divisas deben ser vistos como una oportunidad para relanzar el desarrollo industrial, pero esto pasa por colocar el debate cambiario en su esencia, que es la definición de un tipo de cambio que exprese la verdadera productividad y competitividad de aparato productivo, en lugar del de seguir reclamando asignaciones de divisas de Cencoex y Sicad.
Este es el primer paso para conformar un aparato productivo capaz de sustituir importaciones y diversificar la oferta exportable, en función de generar un creciente ingreso en divisas que permita al sector privado superar la dominación que sufre por parte del gobierno que monopoliza el 95 % del ingreso petrolero.
Contra la industrialización conspira cualquier auge de la renta petrolera, toda vez que la abundancia de divisas tiende a apreciar la tasa de cambio y a reactivar la propensión importadora que lapida el esfuerzo productivo nacional.
La industrialización en la agenda de la política económica
La industrialización es un componente fundamental de una política económica diseñada para avanzar hacia el logro de los objetivos de seguridad y soberanía alimentaria y productiva. Pero la industrialización no puede ser un proceso que se deje a merced de las fuerzas ciegas del mercado. Tiene que ser un esfuerzo bien planificado para asegurar el rápido crecimiento y diversificación de las capacidades productivas y tecnológicas dedicadas a transformar materias primas en insumos básicos, bienes intermedios y productos de consumo final, con el fin de satisfacer las crecientes demandas y necesidades del aparato productivo nacional y de la población. Transformar la economía rentista e importadora en un nuevo modelo productivo exportador requiere una nueva política industrial que se plantee al menos 5 objetivos básicos:
El Gobierno puede armar una poderosa política industrial si hace un uso inteligente de la amplia cama de incentivos de política económica que hasta ahora han sido poco aprovechados. El primer paso es la unificación cambiaria a un nivel que exprese la verdadera productividad del aparato productivo nacional y evite el fenómeno de la sobrevaluación que ha causado el sesgo pro-importador y anti-exportador de la economía venezolana.
Otros instrumentos de política económica imprescindibles en una nueva política industrial son los siguientes: racionalización del arancel de aduanas para proteger el valor agregado nacional; incentivos fiscales con exoneraciones y rebajas de ISR e IVA a la importación de maquinarias y tecnologías; incentivos financieros a través de préstamos a largo plazo, bajas tasas de interés y garantías flexibles; compras gubernamentales que otorguen preferencia a la producción nacional frente a las importaciones; mejora de la infraestructura y servicios de apoyo a la producción; suministro de insumos básicos en condiciones adecuadas de calidad, cantidad, precio y condiciones de pago; reforma de la LOCTI que permita la inversión directa de las empresas para mejorar productos y procesos productivos; formación y capacitación de los trabajadores; asistencia técnica a las Pymes, así como apoyo a las exportaciones a través de inteligencia comercial, financiamiento al exportador, y promoción de la oferta exportable en los mercados del Alba y Mercosur.
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