Venezuela

Construcción del teleférico Macuto-Galipán viola leyes ambientales

Ambientalistas y el Sindicato de Trabajadores de Inparques denunciaron que las obras del teleférico que conectará a Caracas con La Guaira han comenzado sin la debida autorización de recursos ambientales. Tampoco las críticas de los vecinos de Galipán fueron escuchadas. 

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Según comentan los habitantes de la zona, las obras del teleférico Macuto Waraira-Repano comenzaron a finales de julio de 2015. Para entonces, ni siquiera se había realizado una consulta pública por lo que se concluye que el estudio de impacto ambiental y socio cultural requerido no había sido culminado. Sin embargo, las máquinas de Alfamaq y la austriaca Doppelmayr, empresas contratadas por Venezolana de Teleféricos (Ventel), comenzaron a ensanchar trochas y cavar los lugares donde irán las torres del teleférico.

Hoy los trabajos en Galipán continúan su curso, mientras gran parte de la comunidad, la cual ha protestado por la ruta establecida para el teleférico, es ignorada. También las leyes ambientales que establecen que ninguna obra debe proceder sin obtener una autorización de recursos ambientales, han sido olvidadas.

Según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 129, “todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de un estudio de impacto ambiental y socio cultural”. Dicha evaluación debe ser realizada por profesionales del área y es por eso que Ventel contrata a la consultora ambiental Arbórea para que evalúe qué técnicas, métodos y rutas son las más convenientes en términos de cuidado al ambiente.

Hoy en día, este estudio se encuentra en la sede principal de Instituto Nacional de Parques (Inparques), esperando a la consulta de curiosos, involucrados o afectados por las obras. La consulta fue iniciada el 3 de septiembre en una asamblea que tuvo lugar en la escuela de San Isidro. Pocos habitantes de Galipán asistieron, y los que protestaron fueron ordenados a callar públicamente por el Gobernador García Carneiro y algunos miembros de los Consejos Comunales, quienes entonaron la consigna «Chávez Vive, la lucha sigue». Así lo pudo constatar El Estímulo.

En ese sentido el artículo 90 de la Ley Orgánica del Ambiente se ve violentado, aunque este exponga que, «toda persona natural o jurídica, pública o privada, podrá oponerse a cualquier solicitud de instrumento de control previo ambiental, siempre y cuando exprese claramente las razones de hecho y de derecho que le asisten, acompañando los documentos probatorios pertinentes». En dicha ocasión, el presidente de la Asociación de vecinos de Galipán, Roberto Pérez Cabrera, tuvo la intención de presentar un documento con 727 firmas de los galipaneros, pero la indignación y temor ante la respuesta oficial lo hicieron marcharse sin consignar el documento.

Hoy en día, el estudio todavía no ha sido aprobado. El consentimiento de esta evaluación y de la autorización para proceder con las obras debe ser dado por Inparques, puesto que el teleférico se construirá en una zona resguardada por el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso aprobado en 1993 por el referido instituto. Sin embargo, hasta la fecha esta institución no ha puesto su firma. Así lo confirmó la licenciada involucrada en el estudio de impacto ambiental y profesional de Arbórea, Elia Gómez.

Según indicó la licenciada, el estudio está culminando la etapa de consulta pública, la cual fue convocada por Inparques y debe ser cumplida en este tipo de situaciones ya que Galipán «es una zona habitada, y perteneciente a la parroquia Macuto del estado Vargas».

Gómez también confirmó que ya se empezaron a construir las primeras torres. Precisó que la fase en construcción es la primera de 4 etapas contempladas en el proyecto. Este tramo del sistema teleférico va desde la estación Waraira Repano hasta El Cojo. “Esa primera fase tiene, a su vez,una ruta: de Waraira Repano a la Hacienda; de la Hacienda a San José; y de San José al Cojo”, explicó. Los primeros dos tramos tendrán un trayecto completamente nuevo, mientras que el último conserva el recorrido del sistema funicular antiguo, el que construyó Marcos Pérez Jimenez.

En varios recorrido realizado por El Estímulo se encontraron dos de los puntos en que serán construidas las torres y los cuales pueden ser observados en las fotos a continuación:

 

Al ser consultada, la líder sindical Marlene Sifontes aseguró que es hora de que Inparques tome cartas en el asunto. Señaló que Sunep-Imparques denunciará esto ante la Fiscalía.

“Es impresionante la ilegalidad con la que se está haciendo el trabajo. Porque se está actuando sin una autorización que diga cómo debe ser la vía de penetración, qué árboles se pueden tocar o no, qué movimientos no se deben hacer y regularizar cuántos metros se pueden excavar. Que diga que si lo hacen, se necesita a alguien de Inparques que observe que se está afectando. Ese contrato, por así decirlo, no existe. Debe haber un protocolo técnico. Eso no existe por ningún lado. Esto tiene un carácter penal que debe ir en contra de la empresa que maneja el proyecto en este caso es Ventel y las ejecutantes. Se trata de un ecocidio”, señaló.

Una fuente allegada a Sunep-Inparques, que prefirió no ser identificada, destaca también que el estudio de impacto ambiental fue presentado a la comunidad muy tarde, después de que fuera iniciada la construcción. Además que la evaluación socio cultural tiene su sesgo, dadas las condiciones en las que se realizó la consulta pública. En ese sentido, explica que Inparques debería tener en cuenta el artículo 43 de la Ley Penal del Ambiente, antes de otorgar los permisos. Dicho artículo establece que «el funcionario público o funcionaria pública que otorgue permisos o autorizaciones sin exigir, evaluar y aprobar el estudio de impacto ambiental y sociocultural u otras evaluaciones ambientales en las actividades para las cuales lo exigen las normas sobre la materia, será sancionado o sancionada con arresto de tres meses a un año. La sanción acarreará la inhabilitación para el ejercicio de funciones o empleos públicos hasta por dos años después de cumplida la pena principal».

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