Según el Foro Interreligioso Social, la emergencia humanitaria compleja priva a los ciudadanos de los derechos a la salud, la alimentación, la educación, los medios de vida, la seguridad y el acceso a servicios básicos
El Foro Interreligioso Social expresó preocupación por la poca incidencia que el ingreso de la ayuda humanitaria ha tenido en la población venezolana. Señalan que este ingreso es pequeño debido a la dimensión de la crisis que existe en el país.
A través de un comunicado, los líderes de la Iglesia Católica, la Comunidad Judía, el Consejo Evangélico de Venezuela, la Confederación Unicristiana de Venezuela y la Iglesia Anglicana; coincidieron en la necesidad de recoger el planteamiento y la preocupación de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Aboga por llamar la atención de las autoridades para que permitan el ingreso al país del Programa Mundial de Alimentos.
“Vemos con preocupación que el Estado venezolano no tiene hoy los recursos ni las capacidades requeridas para mitigar los efectos de estas privaciones que padece nuestro querido pueblo».
A pesar que celebran los esfuerzos humanitarios coordinados por agencias de Naciones Unidas y organizaciones humanitarias nacionales e internacionales, resaltan que aún es insuficiente. Esto, debido a «la severidad de la emergencia que atraviesa nuestra población”; se señala en el documento.
Además, indicaron que más de 9,3 millones de personas se encuentran en situación de inseguridad alimentaria aguda en el país. Un estudio del propio Programa Mundial de Alimentos señala que alrededor de 17 millones de venezolanos ya estaban, en marzo de 2019, implementando estrategias de supervivencia. También tenían riesgo de entrar en inseguridad alimentaria aguda.
Lo anterior, aunado a la presencia de la COVID-19 y la escalada en el aumento de los contagios, colocan al país y a sus ciudadanos en condiciones dramáticas. Venezuela se encuentra «indefensa y vulnerable».
Según el Foro Interreligioso Social, la emergencia humanitaria compleja priva a los ciudadanos de los derechos a la salud, la alimentación, la educación, los medios de vida, la seguridad y el acceso a servicios básicos.
Los religiosos reiteraron el llamado a todos los actores políticos y gubernamentales. La idea es trascender las posturas y a poner al país en primer lugar en la agenda.
“Tenemos una responsabilidad colectiva de encontrar soluciones duraderas y de elaborar las propuestas desde el país que tenemos, reconociendo sus clamores y demandas. La preocupante situación de nuestra población exige de nosotros, del Estado venezolano y de todas las organizaciones e instituciones sociales, económicas y políticas», concluyeron.
