El adolescente Gabriel José Rodríguez Méndez fue detenido el 9 de enero de 2025, cuando tenía 16 años, en el contexto de las protestas postelectorales y el día antes de la toma de posesión de Nicolás Maduro. La semana pasada, fue condenado a 10 años por delitos de terrorismo, incitación al odio y cierre de vías públicas
Gabriel Rodríguez no es un nombre que resuene en los grandes despachos políticos, pero desde esta semana se ha convertido en un símbolo de la (in) justicia en Venezuela. Gabriel tiene 17 años, los cumplió detenido. Antes de ser encarcelado, el 9 de enero de 2025, estudiada, aprendía el oficio de panadero y como otros tantos muchachos en Cabudare (estado Lara), practicaba béisbol
Sin embargo, para un tribunal especializado, Gabriel es un terrorista. Se trata de una sentencia dictada el 16 de diciembre, que marca un punto de inflexión, ya que por primera vez un tribunal venezolano condena a un menor de edad con tamaña acusación.
“Ah mundo… es un muchacho sano, de familia humilde”, comenta una vecina que pide no se diga su nombre.
La navidad de Gabriel y sus familiares será la más triste de sus vidas. Debe pasar seis años en prisión y otros cuatro años de trabajo comunitario.
Todo comenzó el pasado 9 de enero. Mientras la oposición se movilizaba en vísperas de la juramentación presidencial, Gabriel salía de la panadería, donde era aprendiz. Según el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, el joven no estaba en una barricada ni lanzando consignas; simplemente caminaba por la calle.
Su abuelo, Luis Méndez, lo describe como un muchacho que «nunca se metió en problemas». Pero aquel día, la Guardia Nacional lo detuvo. De acuerdo con la ONG Provea, los funcionarios consideraron que su vestimenta —un suéter y bermudas negras— le daba «pinta de guarimbero» (término usado despectivamente para referirse a manifestantes). Sin orden judicial y sin pruebas sólidas, según denuncian sus abogados, Gabriel pasó a una celda, en la que recibió su cumpleaños número 17.
La sentencia ha provocado una ola de indignación en las organizaciones de derechos humanos, que ven en este caso un precedente peligroso.
La REDHNNA (Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes) rechazó este fallo y precisó que Gabriel es el primer caso de un adolescente sentenciado por terrorismo en Venezuela. La coordinadora de ONG subrayó que se ha violado el «principio del interés superior del niño», que obliga al Estado a priorizar la educación y protección sobre el castigo.
Por su parte, el Foro Penal y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunciaron que el proceso estuvo plagado de «vicios», incluyendo la imposición de defensores públicos y la falta de pruebas directas que vinculen a Gabriel con actos violentos.
Aunque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no se ha pronunciado específicamente sobre esta sentencia, ya había condenado previamente el uso de cargos de terrorismo contra menores, advirtiendo sobre las graves secuelas psicológicas y la interrupción de sus proyectos de vida.
De acuerdo con Justicia, Encuentro y Perdón, un total de 1.082 personas permanecen detenidas por motivos políticos en Venezuela. Y pensando en Gabriel más que siendo parte de una cifra, dolorosa por lo elevada e injusta, su caso es una herida entre nosotros.
El 23 de enero, celebrado especialmente a partir de los 1960 como el inicio de la democracia moderna en Venezuela, no fue un evento aislado ni predestinado, sino el clímax de una serie de tensiones acumuladas que, como "microinfartos" en un sistema enfermo, llevaron al colapso repentino del régimen
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