En la muerte de Acosta Arévalo hay médicos y militares que deben ser investigados

Si bien puede considerarse un gran avance que un tribunal haya reconocido que el capitán de corbeta retirado Rafael Acosta Arévalo fue asesinado por torturas estando bajo custodia de una instancia militar y que los dos responsables directos recibieron la pena máxima, aun es necesario investigar a otros actores que por acción u omisión están vinculados a esa muerte atroz. Y el equipo de abogados que defendió a esta víctima de torturas en la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) ubicada en Boleíta, en Caracas, seguirá trabajando en este caso hasta dar con todos los responsables.

El especialista en Derecho Penal, Alonso Medina Roa, explicó que, en efecto, el Tribunal 12 de juicio del Área Metropolitana de Caracas dictó una sentencia condenatoria de 30 años y resaltó que estos dos funcionarios de la GNB, el teniente Ascanio Antonio Tarascio Mejía y el sargento Estiben José Zárate Soto (de 23 y 22 años) son dos militares que estaban adscritos a la DGCIM, y sin duda representaban al Estado venezolano para el momento en que ocurrieron los hechos: “Esta es una cuestión fundamental porque no son dos ciudadanos que actuaron por iniciativa propia, sino que ambos estaban bajo las órdenes de una institución estatal”.

En este proceso -en el que participó el Ministerio Público por medio de la Fiscalía 94 con competencia nacional- indicó Medina Roa que ocurrieron cosas muy importantes, como la condición de militares activos de los dos condenados y quedó asentado en una sentencia que el capitán Acosta Arévalo murió producto de las 30 lesiones que sufrió por las torturas y que cada una de estas lesiones tenía un vínculo directo con la causa de la muerte.

“De tal manera, que podemos afirmar con la mayor vergüenza ciudadana, que el capitán Acosta Arévalo murió torturado por funcionarios adscritos a la DGCIM”, indicó.

-¿Durante las investigaciones de la Fiscalía solo aparecieron estos dos funcionarios como responsables?

-Recordemos que el capitán Acosta Arévalo fue detenido el 21 de junio de 2019 entre las ciudades de Guarenas y Guatire, en un operativo realizado por la DGCIM, cuando se dirigía a una reunión con oficiales de la GNB. Fue trasladado a la DGCIM. Allí surgen otras versiones que indican que primero fue trasladado a otro lugar. En este caso, por la presunta conspiración “Vuelvan Caras”, ya habían varias personas detenidas, dos comisarios del CICPC jubilados, un general de la aviación en situación de retiro y dos coroneles.

Lo que quedó demostrado tras el juicio, aparte de las torturas, es que solo se ha identificado a dos personas que actuaron en la detención. Los dos identificados son quienes suscriben el acta policial ese día: el teniente Tarascio Ascanio y el sargento Estiben Zárate, que son los mismos que fueron procesados. Por eso digo que al día de hoy son los únicos dos identificados. Esto, a pesar de que en reiteradas oportunidades le solicitamos al Ministerio Público 34ª Nacional, que era la que inicialmente llevaba el caso, una serie de diligencias de investigación a los fines de determinar la identidad de otros funcionarios. Estas solicitudes fueron negadas y no se hizo ninguna de estas diligencias de investigación solicitadas por la representación de la víctima.

-Si antes no cumplieron con la totalidad de las investigaciones, ¿qué se puede esperar de la Fiscalía de Venezuela en este caso?

-Que continúen las investigaciones sobre la cadena de mando. Entendiendo que la DGCIM es una unidad de inteligencia militar adscrita al Ministerio de Defensa y todos sabemos que en ninguna unidad militar puede pasar algo sin el conocimiento de su comandante o por lo menos de los oficiales que están de guardia para momento.

En varias oportunidades el fiscal 94 del Ministerio Público le solicitó a la DGCIM información sobre el rol de guardia y otras cosas; sin embargo la DGCIM se negó a suministrar esa información. Por tanto, solicitamos que se continúe la investigación y que se identifique a cada uno de los funcionarios que participaron en este hecho y los que tuvieron conocimiento.

¿Por qué es necesario esto? Porque en materia penal hay responsabilidad por acción y por omisión. En este caso puede haber otros responsables por acción; pero también puede haber otros por omisión.

-Usted ha señalado que algunos médicos ocultaron la gravedad de las lesiones que sufrió el capitán Acosta Arévalo. ¿Esto se investigó durante el proceso?

-Allí entra otro elemento que se ha mantenido al margen sobre las torturas que han ocurrido en varios casos en Venezuela y es el rol de los médicos. Hemos visto muchos casos de personas que han comparecido ante los tribunales penales y militares con evidentes rasgos de torturas; sin embargo vemos en las actuaciones procesales que esas personas tienen horas antes informes médicos que refieren que están en perfectas condiciones.

El 27 de junio, un día antes de ser presentado ante los tribunales, un día antes de su muerte, el capitán Acosta Arévalo fue trasladado al Hospital Militar Carlos Arvelo. En ese hospital, de acuerdo al informe médico, ya con evidentes rasgos de tortura y evidentes lesiones, luego de una evaluación médica de un equipo de profesionales, se le dio de alta. No se tomaron las medidas para evitar el resultado que todos conocen. Esto nos debe llamar a la reflexión, a hacer una revisión. ¿Qué está pasando con algunos profesionales de la medicina que están avalando estas malas prácticas? Es necesario que se investigue cuál fue el rol de ellos, porque a pesar de que el paciente tenía lesiones en distintas partes del cuerpo no tomaron las acciones pertinentes y no le ofrecieron la atención médica debida.

-Por el contrario, la actuación de los médicos forenses demostró que la causa de la muerte fue la aplicación de torturas.

-Ciertamente las 38 lesiones fueron determinadas en el informe médico forense, suscrito por varios profesionales de la medicina forense que actuaron con ética e hicieron el levantamiento y describieron en forma detallada y precisa ante el juez 12 de juicio cada una de las lesiones. Además, un equipo de médicos del Hospital Militar Dr. Vicente Salias Sanoja, el Hospitalito de Fuerte Tiuna, quienes recibieron al capitán Acosta Arévalo ya sin signos vitales, describieron los diferentes rasgos de tortura que tenía el capitán Acosta, lo cual reafirmó lo descrito por los médicos forenses. La causa de su muerte es algo indiscutible en cualquier escenario jurídico o político

-Una primera sentencia recibida por los dos acusados de un tribunal de control los sentenció a seis años. El juicio fue anulado y luego se les aplicó la pena máxima. ¿Ese cambio tendrá algún vínculo con las investigaciones que adelanta la Corte Penal Internacional?

-Si esto tiene que ver con la CPI es una interrogante que no podemos desconocer por las situaciones que estamos viviendo. No podemos desconocer la incidencia que ha tenido la investigación de la CPI sobre este caso. Recordemos que hay 130 casos sobre los que la Fiscalía de la CPI le está pidiendo información al Estado venezolano. El del capitán Acosta Arévalo es uno de esos 130 casos. Estamos seguros de que para la Fiscalía de la CPI no es suficiente la sentencia del tribunal venezolano en contra de estos dos funcionarios que amerita determinar la responsabilidad de los otros actores.

-¿Todo este expediente de la muerte y torturas en contra de Acosta Arévalo está llegando a la CPI?

-Debemos precisar que la CPI se encuentra en una fase de investigación, en la cual esa instancia internacional está recopilando información sobre los casos de los que ha tenido conocimiento. La CPI inició esta investigación porque tuvo conocimiento por diferentes vías de estos hechos que venían ocurriendo en Venezuela. En la visita que realizara el fiscal de la CPI, Karim Khan, a Venezuela, uno de los casos que fue revisado por su equipo fue el del capitán Acosta Arévalo. Luego de su retorno a La Haya, en diciembre de 2021 se reafirmó la apertura de la investigación y le pidió a Venezuela información sobre estos 130 casos en los cuales hay 90 víctimas identificadas.

El caso Acosta Arévalo es uno de ellos. Nuestro equipo de abogados está suministrando información sobre el caso. Luego, estas investigaciones están sometidas a una evaluación para pasar a la siguiente fase judicial que es donde efectivamente podríamos decir que habrá un caso judicial. La CPI es una instancia de carácter jurídico y si hay un caso de carácter penal es en contra de personas, no de Estados. Es de carácter jurídico penal, no político. Por lo cual nada tiene que ver con la situación política de país.

-Algunos voceros han referido que esas investigaciones podrían comprometer al Estado Venezolano a partir de las violaciones en la cadena de mando.

-En el caso de la cadena de mando no va a depender de una línea de carácter político. Va a depender de la relación a la subordinación, al ejercicio de las autoridades superiores sobre el subalterno que está referida en una figura u organigrama.

Hemos visto en este y otros casos cómo se pretende atribuir responsabilidad por una cadena de mando por una línea política. Podría haber responsabilidad de otro tipo; pero no bajo este enfoque que es lo que estamos planteando en este momento. Este sargento y este teniente pertenecían a un grupo de investigadores que estaban adscritos a la Dirección de Investigaciones de Asuntos Penales de la DGCIM. Ese grupo tiene un jefe de grupo, que a su vez responde a un subdirector, tiene un director de investigaciones que depende de una Dirección de Operaciones, y hay también una Dirección de Contrainteligencia Militar; pero también podrían estar involucrados funcionarios de otra dirección, como la Dirección de Asuntos Especiales.

-Estos dos acusados qué alegaron ante el juicio, ¿hicieron alguna referencia de haber recibido órdenes?

-Los funcionarios que lo detuvieron y entregaron no dieron mayor explicación. Sin embargo, hay un hecho que es determinante. Recordemos que el Ministerio Público había presentado una acusación por homicidio preterintencional en contra de estos dos militares en ocasión de la audiencia preliminar ante el tribual 34 de Control presentada por la Fiscalía 36 del Área Metropolitana. Los acusados admitieron su participación en los hechos. Ese tribunal les dictó una sentencia el 24 de septiembre de 2019, condenatoria de seis años. Pero posteriormente la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia anuló la sentencia y ordenó que se realizara una nueva acusación por parte del Ministerio Público, el cual presentó una acusación por homicidio calificado. Todo ese proceso se desarrolló hasta el viernes 4 de febrero de 2022 cuando se dictó esa sentencia.

-Suele haber la duda de encontrar justicia en los tribunales venezolanos. Pero este caso indica que pueden abrirse brechas.

-Hemos estado llenos de desesperanza y de falta de credibilidad en las instituciones; es un elemento común hoy en día. Sin embargo, encontramos situaciones como en este caso; aunque esas sentencias no sean suficientes. Hay quienes simplemente miden al sistema judicial por el resultado final, hay otros que lo vamos viendo de manera progresiva, por cómo van ocurriendo las cosas. En este caso en particular, con esta turbulencia política que tenemos, el hecho de que se haya dictado una sentencia en la que se determina que la causa de la muerte del capitán Acosta Arévalo fue la tortura evidentemente que es un gran avance para continuar por este camino en la búsqueda de la justicia.

-¿Este caso sienta un precedente para los tiempos actuales?

-En paralelo seguiremos suministrando información a la CPI y pidiendo justicia a nivel nacional e internacional porque a fin de cuentas el caso de Acosta Arévalo es una referencia que nos permite ver lo que hemos venido denunciando desde nuestra ONG por los derechos humanos y la democracia desde hace mucho tiempo. La tortura aparte de generar efectos muy graves, daños fatales en la víctima, también genera profundas heridas sociales que, a veces, tardan más en sanar en la gente que las heridas físicas.