Pena de muerte, despropósito humano

Según el Informe de Desarrollo Humano de 2014, publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Venezuela se ubica en el puesto 67 en el apartado de Integración Social —que está compuesto por cuatro variables. La primera: empleo, vulnerabilidad y equidad; la segunda: percepción del bienestar individual; la tercera: percepción de la sociedad y cuarta: seguridad humana. Aunque su lectura es compleja, el dato es desolador. Venezuela tuvo una tasa oficial de homicidios de 62 por cada 100 mil habitantes en 2014, según admitió públicamente la fiscal general Luisa Ortega Díaz. A pesar de ser la cifra más elevada que ha reconocido el Estado en la historia del país, cálculos estimados por la ONG Observatorio Venezolano de Violencia aseguran que esta tasa de 2014 alcanza los 82 homicidios por cada 100.000 habitantes (correspondiente a 24.980 fallecidos); ubicando a Venezuela como «el segundo país con la tasa más alta de homicidios del mundo, sólo superado en su magnitud por Honduras (con una tasa de 104 por 100mil/hab.)».

Otras naciones del continente dan sus cifras oficiales con menos misterio. De hecho, en base a data gubernamental, Honduras ha sido certificado por Naciones Unidas como el país más violento del mundo entre 2010 y 2014. Pero el desbordamiento de la violencia en El Salvador y la reducción de los asesinatos Honduras hacen que las tasas de homicidios por cada 100,000 habitantes proyectadas para 2015 sean de 91 y 58, respectivamente.

La alarmante venezolana tasa trasluce una verdad aún más contrita: las medidas tomadas por el Estado en contra de la delincuencia no han surtido efecto. Las armas las cargan los ciudadanos de a pie y no los cuerpos de seguridad —que deben velar por la integridad de la población. China, Irán, Irak, Arabia Saudí, Estados Unidos, Yemen, Gambia, India, Japón y Pakistán castigan a quienes asesinan con la pena capital. Forman parte de la lista de países donde ejecutar a otro ser humano es una posibilidad legal. Revista Clímax, consciente de la gravedad que conlleva dicha práctica y las distintas perspectivas que giran en torno al tema, entrevistó a un grupo de expertos que dio una breve idea de la efectividad que puede o no tener la luctuosa práctica.

¿Consideras que la pena de muerte influye en la disminución de los índices de criminalidad?

Axel Capriles
Psicólogo. Psicoanalista junguiano. Doctor en Ciencias Económicas
Profesor de Psicología Económica de la Universidad Católica Andrés Bello

No creo que aplicar esta condena pueda influir en disminuir el crimen. Vivimos en un país excedido en penas y una alta tasa de criminalidad. Aplicar la pena de muerte no es la forma indicada de atacar al problema. Va mucho más allá de un castigo o condena. El crimen es un problema social y para poder combatirlo se deben realizar acciones que logren enseñar y moldear culturalmente a la sociedad. Solo de esta manera cesarán los delitos y a su vez, sus penas.

María Isoliett Iglesias
Periodista de sucesos. Autora del libro: Capítulo final. El homicidio de Mónica Spear

No. Me es un tema muy complicado. Aunque las personas podrían temer ante la posibilidad de recibir un castigo tan terrible como ese, tal vez, podría reducir el número de crímenes. Pero no me parece correcto. Yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte. Acaba con el derecho fundamental del ser humano: la vida.

Fermín Mármol García
Abogado criminalista, profesor de la Universidad Santa María
Consultor Riesgos Especiales

Esta interrogante ha sido planteada por millones de personas en todo el mundo. Considero que, desde el punto de vista sociológico, esta condena no es la adecuada. Los problemas criminales son de origen social, y sus soluciones deberían tener el mismo corte sin acudir a lo jurídico. La humanidad se ha visto tentada durante años por esta práctica. Agravar las penas, definitivamente no es el camino correcto.

Colette Capriles
Psicóloga social, filósofa y escritora.
Profesora de Ciencias Sociales y Filosofía Política en la Universidad Simón Bolívar

La única manera de responder sensatamente esa pregunta es recurriendo a cifras y datos que puedan establecer una relación empírica entre ambos fenómenos. Sin tener esos datos es difícil aventurar una respuesta fundamentada, pero es cierto que muchos países que no admiten la pena de muerte tienen niveles de violencia más bajos que otros que sí la admiten. Más que la severidad de las penas, lo clave en cuanto a los índices de criminalidad parece tener que ver con el grado de impunidad y de complicidad social. Una sociedad que naturaliza el crimen y que tolera la corrupción y lenidad del poder judicial no estará más protegida con la legalización de la pena de muerte. Y, por supuesto, hay argumentos de tipo moral que son en realidad más importantes: los Estados Constitucionales modernos, fundamentados en la protección de las libertades individuales, incurren en contradicción al admitir la pena capital, es decir, al conservar un elemento absolutista. También podría recordarse el argumento religioso, en torno a la inviolabilidad de la vida humana.

Este año 2015, 28 delincuentes de alto calibre, pertenecientes a megabandas como El Picure y El Tren de Aragua, han perecido en supuestos enfrentamientos el Cicpc, en los que ningún funcionario resultó lesionado. El criminalista Javier Gorriño explica que tales acciones puede ser muy rápidas, «de fracciones de segundos donde el funcionario no puede esperar a que le disparen primero. Estamos hablando de gente que va fuertemente armada, incluso con escoltas, hombres de alta peligrosidad cuya primera reacción siempre será enfrentarse». El especialista afirma que, en esos casos, la sorpresa está a favor de los uniformados y que antes era posible hacer detenciones porque los malandros le temían «a la PTJ», pero ahora «se enfrentan a quien sea».

El 14 de agosto de 2015 se difundió en redes sociales un video aficionado que registró el ajusticiamiento por parte de funcionarios de la Policía de Aragua de cuatro personas, ocurridos el 5 de agosto según informó el Ministerio Público. Cinco uniformados están detenidos por ese caso. Pero Gorriño prefiere no hablar de pena de muerte «informal» sino de homicidios. «Lo visto allí es algo sanguinario que no se debe permitir», dice el también abogado y exfuncionario de la antigua Policía Técnica Judicial quien afirma que una investigación balística puede determinar, en todos los casos, si hubo o no enfrentamiento porque «se muestra el 100 por ciento de la posibilidad de disparo, la trayectoria balística». El criminólogo también suscribe que la pena capital no es efectiva para disminuir la inseguridad. No obstante, admite que la impunidad en este país -donde «apenas el 10 por ciento de los homicidios son esclarecidos policialmente y una parte de esos son los que llegan a sentencia judicial»- es caldo de cultivo para el hastío de la ciudadanía que opta por aplicar la justicia por su propia mano, con linchamientos a ritmo de gritos de «mátalo». Hasta el 18 de agosto pasado, 25 episodios de linchamiento habían ocurrido en Venezuela, al menos registrados por la prensa. Sin embargo, Gorriño insiste: lo primordial no es la dureza del castigo, sino que efectivamente lo haya por vía institucional.

El cine y la televisión mundiales han abordado la pena de muerte. En la pequeña pantalla, los debates morales al respecto han formado parte de las tramas de series como Law & Order, Boston Legal y The Newsroom, entre muchas otras. En el cine, infinidad de títulos lo han hecho. Aquí una selección de ellas: