Crónica

San Vicente: decreto de Guerra a muerte

Este barrio vivió un episodio más de sangre. Como en una película de vaqueros e indios, un escuadrón de policías del Estado se enfrentó a los de hierros impunes de las bandas malhechoras que diezman a la población. Sin pactos ni armisticios, las cabezas criminales, pranes desde sus cárceles, juran no cesar hasta imponer su ley de horror y mortandad

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Tierra de nadie y de todos

La pobreza en el barrio San Vicente se respira hondo. Ubicado al sur oeste de Maracay, Estado Aragua, alberga a 84 mil habitantes según las últimas proyecciones del Instituto Nacional de Estadística. Mucha gente madruga cada día para intentar cambiar su fachada y otras tantas solo luchan por mantenerse con vida. El lago Los Tacarigua —mejor conocido como de Valencia— lo bordea por uno de sus extremos y se funde con el vertedero a cielo abierto que recibe a diario la basura de toda Maracay. La Base Aérea Mariscal Sucre queda a otro costado, y cientos de fábricas, que constituyen la principal Zona Industrial de la capital aragüeña, escoltan la entrada a la barriada. Allí, en San Vicente, hace mucho que no se respira paz aunque la impongan con adjetivos.

“Aquí vivimos en completa zozobra” afirma una señora que llegó hace poco más de 20 años y ha tenido que bregar a diario para levantar a cuatro hijos. Por miedo prefiere mantenerse en el anonimato. “Nos tenemos que encerrar temprano y rezar para que no nos toquen la puerta”, narra en alusión a quienes se instalaron en el barrio con ínfulas de poder, y se quedaron con el control a costilla de insomnio de los vecinos.

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Armados como para la guerra van de casa en casa cobrando vacuna. “Yo escuché que la orden era pagar como 500 bolos” dijo otro lugareño que miraba para los lados como quien teme ser visto. Cobran —paradójicamente— como garantía de que no habrá robos ni otros delitos. Ese fue el trato que impusieron tras lograr echar a los policías bajo amenaza y adueñarse de la ley. Estos delincuentes llamaron a San Vicente “Zona de Paz”.

La noticia voló fugaz y no faltó quien saliera a denunciar lo que para muchos es un desgobierno. Para el diputado Elías Bermúdez, integrante de la comisión de seguridad del Consejo Legislativo de Aragua, lo que sucede en San Vicente es “sumamente grave”. Y calificó como “más grave aún” que el gobernador del estado, Tareck El Aissami, haya dado su anuencia permitiendo el cierre de la comandancia policial que funcionaba dentro del sector. “Vamos a llevar esto hasta las últimas instancias. Es muy delicado que la misma comunidad diga que están más tranquilos después que sacaron a la policía”, declaró hace un par de semanas en rueda de prensa.

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Poquito después, el 23 de abril de este año, la comunidad reaccionó ante la queja Bermúdez. En caravana un grupo numeroso de vecinos visitó los medios de comunicación social del estado para dejar claro que no querían a los policías. Lisbeth Yamarte, Tibisay Santana, José Antonio Blanquez, Norys Mendoza y Amílcar Purvet alzaron la voz para declarar que “San Vicente es un territorio de paz, y no aceptaremos más presencia policial”. Aseguraron que son los hombres de azul los que generan la violencia y salieron en defensa de quienes ahora tienen el control. “San Vicente es un sector donde habitan buenos ciudadanos, y si alguno ha cometido un error ya se ha reivindicado y busca trabajar por su comunidad (…) somos un territorio socialista y revolucionario que vive en sana paz desde que se fueron los policías hace casi dos meses”, dijeron a la prensa.

Pero 24 horas después, las autoridades tuvieron que salir al paso: no se hicieron sordos ni ciegos ante las leyes y reglas que infligieron las tropas hamponiles. Eso lo declaró el comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (Redi) Central, Antonio Benavides Torres, en una visita a Maracay. Ese día, 24 de abril, prometió que desplegarían “un número importante” de efectivos en los sectores denominados por los delincuentes como “zonas de paz”, y autorizó a los funcionarios a abordar la comunidad amparados en el Estado de derecho.

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San Mateo, la primera estocada

La noche del lunes 4 de mayo sería la última para uno de los delincuentes más buscados en Aragua. Kilberth Yhuoljafman Medina Rivas, alias “El Kilberth”, viajaba de parrillero en una moto junto a su compinche, Nelson Jesús Echezuria Díaz, fichado bajo el seudónimo de “El Nelsito”. Iban supuestamente a dar muerte a otro sujeto que merodeaba la zona bajo su control; pero en la vía se toparon con una patrulla policial que les dio el alto. Se encontraban en el sector 23 de Enero de San Mateo, municipio Bolívar.

La persecución fue inminente. La escena desatada podría ser parte de una clásica película de acción: disparos iban y venían a las 9:00 p.m. hasta que llegaron al barrio Galvanizado, donde los maleantes lanzaron a los funcionarios un par de granadas. Los hombres de azul se salvaron —como en las películas— y el intercambio de disparos continuó. “El Kilberth” y “El Nelsito” fueron alcanzados por las balas y cayeron de la moto, pero no se dieron por vencidos y corrieron entre los callejones en un amago de fuga. Sin embargo, quedaron neutralizados por las heridas. Una versión de la historia —que no pudo ser confirmada—, reza que el “El Kilberth” decidió inmolarse usando una de sus granadas porque había jurado que no se dejaría matar por un policía.

El prontuario de “El Kilberth” sumaba 35 homicidios, incluyendo a dos Poliaragua y a un Policía Nacional. Había atacado con granas a la comandancia policial de San Mateo en cuatro ocasiones. No era solo el azote del barrio, era el líder de su banda y uno de los cabecillas de una mayor organización delictiva dirigida por pranes: “El Tren de Aragua”.

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Su muerte fue el principio de una barrida. Apenas tres días después, el jueves 7 de mayo, seis de los integrantes de la banda de “El Kilberth” fueron abatidos en un enfrentamiento con funcionarios de la Policía de Aragua en la Autopista Regional del Centro, a la altura de San Mateo, dejando desarticulado por completo a la caterva de criminales. Esa misma mañana, en el caserío Belén del municipio Zamora, otros siete serían ultimados. Esta vez se trataban de los integrantes de la banda que dirige otro de los secuaces del llamado “Tren de Aragua”: Manuel alias “Chevrolete”.

Pero con estos fallecimientos no se zanjaría el problema delictivo. El contraataque no se haría esperar.

El Tren de Aragua apunta y dispara

En el “Tren” solo viajan los más peligrosos. Donde solo la muerte puede bajar a sus pasajeros. Es dirigido desde una cárcel, el Centro Penitenciario de Aragua conocido como Tocorón. Desde allí, el “pran” del penal, a quien mientan “El Niño Guerrero”, opera la máquina que ha causado terror. Junto a él, otros “pranes” —que no están presos— ejecutan las acciones que los han llevado a controlar los robos y homicidios en los cuatro ejes del estado. “El Tren de Aragua” es un cartel donde hacen vida distintas bandas, cada una con su zona asignada y un líder que rinde cuentas al jefe mayor.

Héctor Guerrero Flores, “El Niño Guerrero”, comparte con Johan José Romero, apodado “Johan Petrica” el control de las operaciones del Tren. Allí también se encaraman, “Manuel Chevrolet”, “Larry Changa” y “Chino Pedrera”. El abatido Kilberth también era miembro del clan. Sus centros de operaciones están en Villa de Cura, El Consejo, La Victoria, San Mateo y Maracay. Desde allí dirigen los cobros de vacuna a parroquianos y comerciantes, el robo y hurto de vehículos, y los homicidios de quienes se les atraviesen en sus objetivos. El Tren había sufrido 13 bajas la mañana del 7 de mayo. Esa misma noche sembrarían, como Robespierre empistolado, la terreur.

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Un estruendo sorprendió a los funcionarios de guardia en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Villa de Cura. Eran las 9:00 de la noche y una granada fragmentaria había estallado en la estación policial dejando a dos levemente heridos y causando destrozos en la infraestructura y daños a algunos vehículos. Cuando apenas reaccionaban, se supo de otra arremetida con granada, esta vez en la sede del CICPC de Turmero. Las alarmas se activaron y lograron impedir un tercer ataque en la oficina principal del cuerpo de investigaciones acantonado en Caña de Azúcar.

“Debemos estar activados”, fue el mensaje que corrió como pólvora a través de cadenas telefónicas entre los agentes de seguridad. Así de claro era la cosa: la guerra estaba siendo declarada.

En la mañana siguiente, 8 de mayo, más de 300 efectivos de todos los cuerpos de seguridad del Estado tenían blindadas las sedes de la Policía Científica en Aragua. Comisiones de Carabobo, Caracas y Vargas se sumaron a la batalla. Aunque reinaba el hermetismo, se supo que las primeras hipótesis apuntaban a “Johan Petrica” como el autor intelectual del ataque.

Pero este señalamiento no pasaría inadvertido. La mañana del 11 de mayo alrededor de 250 personas se concentraron en la redoma de El Avión, en Maracay, para exigir al CICPC cesara el hostigamiento contra Johan Petrica. “Él es un hombre honrado y está trabajando por el bien de la comunidad”, aseguraba eufórica una de las jóvenes presente en la protesta. También pedían por su derecho a reinsertarse en la sociedad. “Vamos a marchar hasta la gobernación porque estamos cansados de los abusos policiales”, soltó una mujer que se identificó como Carolina Vargas. Su propósito fue truncado precisamente por funcionarios de la Policía de Aragua, quienes además detuvieron a una veintena de personas, mucho de los cuales resultaron tener deudas con la justicia. Horas después fueron presentados ante la Fiscalía.

A las armas

La madrugada del 13 de mayo, un batallón de mil 500 hombres uniformados tomó San Vicente. Militares y policías fuertemente armados irrumpieron en las casas para revisar hasta el último rincón. No importó nada: mujeres, niños y ancianos. Todos por igual fueron sometidos a la zozobra de no saber qué ocurría. El sol no terminaba de asomarse y los golpes en cada puerta era el único aviso que daba paso a la requisa. “Se metieron en las casas como unos salvajes. Rompieron puertas y cadenas. Es un abuso de poder”, declaró una de las mujeres que horas más tarde se apostaría en las afueras del Destacamento de la Guardia Nacional a exigir la liberación de los 800 ciudadanos retenidos.

Como en toda ofensiva, hubo resistencia. Quienes mantenían el control de la comunidad, los mismos que habían logrado sacar a la policía de la zona, harían frente con toda su artillería a la acción militar. El enfrentamiento duró solo algunas horas, lo suficiente para lograr abatir a Johan José Cárdenas Leal, alias “Johan Maleta”, quien mantenía el control de San Vicente y otros dos de sus compinches: Carlos Eduardo Ribas, y Edgar Valderrama Ayala. “Fue una operación de alto nivel” dijo el jefe de la REDI central del Cicpc, Juan Pereira, quien advirtió que se trataba de la primera desarticulación del “Tren de Aragua” y que estos operativos continuarán. “No vamos a permitir el desarrollo de ninguna organización criminal”, sentenció la autoridad.

El despliegue en San Vicente contó con 350 efectivos militares de la 42 Brigada de Paracaidista y el Comando de Zona Operativa, 500 funcionarios del Cicpc y otros 500 de la Policía de Aragua. De los 800 retenidos, solo 16 quedaron a la orden del Ministerio Público por varios delitos. Fueron inspeccionados 250 vehículos y retuvieron 27 motos. Pero lo que más sorprendió, es que la toma del barrio más grande de Maracay, solo haya logrado incautar una escopeta, una granada, una pistola calibre 9mm y un revólver calibre 38.cita6

“Episodios como el que ha estremecido a San Vicente, tienen visos de fenómenos como los que se viven en México o en las favelas de Brasil, donde los entes que manejan el poder administrativo no pueden ponerle coto a quienes se encuentran al margen de la ley”, declaró el diputado por Primero Justicia ante el Parlamento de Aragua, Rodrigo Campos. Al legislador le asombra que en el operativo solo se hayan incautados dos armas de fuego.

Jesús Suárez Chourio, comandante de la Zona de Defensa Integral en Aragua (ZODI) estuvo al frente de la operación. “Queremos darle tranquilidad a nuestro pueblo y devolverle la fe y la confianza en sus cuerpos de seguridad”, dijo expresamente luego de la maniobra que fue autorizada por el gobernador Tareck El Aissami, quien, sin embargo, no ha emitido declaraciones sobre lo acontecido. El presidente de la República, Nicolás Maduro, tampoco ha hecho señalamientos sobre el tema de la seguridad en Aragua, pero asomó un comentario que pudiera dar un giro a la historia. “Tenemos pruebas de la articulación de líderes de la derecha extrema venezolana y de Colombia con bandas criminales a las cuales les pagan con dólares para que salgan a matar y crear una situación de caos en el país. Han importado la violencia de Colombia y ahora buscan la articulación más violenta”.

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No hay treguas. Esto apenas comienza, como lo dijo la autoridad del CICPC. “Se trató de la primera desarticulación del Tren de Aragua”. Van 17 muertos.

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