Migración en riesgo por gestores estafadores

Las prisas de la migración se pagan caro. En bolívares y en angustias. Bien sea que la salida del país se programe con tiempo o que sea una decisión tomada de un día para otro, la mayoría de quienes deciden irse tarde o temprano abren la página del Ministerio de Relaciones Exteriores y hacen click en la pestaña de legalización de documentos, con la intención de solicitar una cita electrónica. En los casos más afortunados quizás haya cuatro meses de diferencia entre ese momento frente a la computadora y el llamado de la Cancillería. Para los menos, la página ofrece el siguiente mensaje: “Disculpe, por el momento no hay disponibilidad. Intente mañana nuevamente”.

Los primeros comienzan la carrera: “Quién conoce a un gestor”. Hay casos de éxito y satisfacción, claro. Pero también historias de frustración. Mariana Barreto, quien prefiere dar un nombre ficticio, cuenta cómo casi se enfrenta a una deportación en España por haber confiado en una gestora que, para más señas, era amiga de la infancia de su novio. Barreto atravesó el océano en enero de 2015. Se fue con una visa de estudiante que se venció en enero de 2016 y para normalizar su situación migratoria decidió firmar una “Unión de hecho” –figura similar al concubinato- con su pareja que sí contaba con el pasaporte europeo. Uno de los requisitos era una carta de soltería apostillada que debía permanecer un mes en el registro español, mientras era verificada. Barreto obtuvo el visto bueno de la institución y pudo realizar el trámite. Meses más tarde, decidieron formalizar y convertir la unión de hecho en un matrimonio. Para conseguir esa primera apostilla recurrió a la gestora, así que cuando la Iglesia le pidió una partida de nacimiento y otra carta de soltería apostillada no dudó en volver a llamar a su “persona de confianza”.

La facilitadora esta vez no fue tan efectiva. Se tardó más tiempo de la cuenta en conseguir lo solicitado. Barreto desconfió. Revisó sus documentos viejos y se dio cuenta de una inscripción: “La apostilla decía que para verificar su veracidad había que meterse en un link y poner un código; entré y salía el nombre, el apellido y la cédula de un hombre”. Revisó todos los papeles que había tramitado con esa gestora y en todos aparecía un nombre distinto, pero nunca el de ella.

“Cuando entregué la carta de soltería en el registro español no sabía que la apostilla era falsa. Menos mal que no se dieron cuenta, porque me habrían echado para atrás todo y quién sabe si hasta deportarme por presentar documentación falsa. Al darme cuenta me dio rabia y miedo. Gracias a Dios yo no sabía, porque de los nervios me habría delatado”. Barreto pagó por el trámite 30.000 bolívares que nunca recuperó. “Recurrí al gestor porque estoy en España, muy lejos, y tenía el tiempo encima; pero aprendí la lección. Es mejor hacerlo uno y estar seguro de que todo es legal”.

Habla el gestor

Su trabajo es lograr superar la burocracia para resolver problemas del mejor postor. Pero también, especialmente ahora, ha tenido que sacarles las patas del barro a algunos de sus colegas. Sin querer identificarse, cuenta que en su experiencia de casi una década se ha encontrado con sellos falsos, firmas falsas, postillas falsas y hasta con gente que recurre a él después de que otros gestores les pierden sus títulos de bachilleres o universitarios. Él mismo reconoce que más de una vez se le ha “traspapelado” una carta de antecedentes penales, una partida de nacimiento o un acta de divorcio, pero asegura que resuelve. “Quizás el trámite se tarde un poco más, pero lo hago”, sostiene.

Ahora, el gestor cuenta entre sus casos a dos personas a quienes colegas le botaron sus títulos de Técnico Superior Universitario a uno, y de bachiller a la otra. «Lamentablemente todo en este país tiene una vuelta, una caída, y a nadie le gusta hacer cola. Tengo muchos contactos porque trabajé durante 10 años en el Registro Principal de Caracas y ahí conocí a mucha gente que me ayuda”, asegura. Por una apostilla cobra 15.000 bolívares, por una legalización en el Registro 6.500 y en el Ministerio de Educación Universitaria 8.000, por documento, aclara. “Yo soy muy sano para andarme buscando problemas por dinero. A mí no me queda ni 50% de eso porque tengo que pagarle a las personas que están dentro del ministerio”. Dice tener un método para asegurarse de no perder títulos. Los marca, y se asegura de que le devuelvan exactamente lo que entregó.

Una de las personas a las que está ayudando es un TSU en Administración de Empresas que ahora no tiene ningún documento que lo demuestre. Se fue a Chile a finales de agosto, y dice que la falta de papeles lo afectó fundamentalmente para lograr un arriendo. La premura lo llevó a contratar a una gestora que ofrecía sus servicios en Mercado Libre. “Le botó el título de licenciado a mi primo también. Nosotros tomamos la previsión de leer los comentarios y antes de darle los papeles nos encontramos con ella en La Castellana. Honestamente nos pareció de confianza, faltaba poco para el viaje y ella prometía tenerlos a tiempo, de hecho llegó a avisarnos que las apostillas estaban listas y después no apareció más”.

Mercado Libre es una cantera para encontrar gestores. No se ha terminado de tipear esa palabra y en seguida la página arroja de forma automática la búsqueda “gestores apostilla”.

Antecedentes no tan legales

No todos los registros son tan laxos como el español. La Dirección Nacional de Migraciones de Argentina se ha dado a la tarea de verificar apostilla por apostilla los documentos que reciben de venezolanos migrantes. Para sacar un documento de identidad local, se requiere el certificado de antecedentes penales del país de origen que demuestre que se está libre de toda culpa. El “bendito papel” se convierte en un quebradero de cabeza.

Una comunicadora social de 23 años de edad afirma ser parte de esa lista. No se atreve a dar su nombre pero relata que llevó los recaudos a la oficina migratoria al llegar a Buenos Aires en agosto de 2016, y a las tres semanas recibió un mensaje del organismo indicándole que para continuar con el trámite debía presentar una “nota consular” que diera fe de la veracidad de sus antecedentes penales. El documento que había entregado tenía fallas. “Yo había hecho el trámite con un gestor porque me metí en la Cancillería a pedir la cita en julio y me la daban para diciembre, pero yo ya tenía el pasaje comprado para agosto. Era alguien de confianza, recomendado, y me ofrecía un precio razonable así que lo hice”.

El costo es que su estatus migratorio ahora se encuentra prácticamente paralizado bajo la figura de “documento faltante”. La joven se excusa en que no conocía el formato de una apostilla valida, así que fue a Migraciones, preguntó y le dijeron que está pasando mucho, que hay más de un centenar de personas en su situación. Lo comprobó cuando fue al Consulado venezolano en la capital argentina a buscar la nota consular y se dio cuenta de que entregaban nada más 100 números, así que tendría que volver al día siguiente.

Cuando la recibieron, dos semanas después, entró con un grupo de unas 15 personas. A todos les dijeron que sus papeles eran falsos. Entró en pánico. Por suerte, tomó la cita electrónica que le fue asignada para diciembre en Caracas y, mientras tanto, aprovecha las prórrogas que ofrece la Dirección de Migraciones Argentinas. “Llamé al gestor y se lavó las manos. Dijo que el nombre que aparece en mi apostilla es de un apoderado. Ahora será mi mamá quien se encargue de completar el proceso y enviarme el documento”.

En Buenos Aires surgió un movimiento que se ha encargado de denunciar esta situación. Recogieron firmas y presentaron un petitorio ante la Presidencia, el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y la Dirección Nacional de Migraciones, para lograr el “respaldo solidario del gobierno argentino”. Se creó un grupo en Facebook llamado Reivindicación y defensa legal de venezolanos en Argentina, que hasta ahora tiene 354 miembros.

Otro venezolano en Buenos Aires ya estaba advertido de que la oficina de Migraciones estaba verificando todos los códigos de validación, así que él mismo revisó su apostilla antes de irse. Se dio cuenta de que el documento gestionado con el pago de 14.000 bolívares no tenía el código así que se presentó en la Cancillería venezolana tres días antes de abordar el avión, a ver si podía resolverlo: “Allí me dijeron que la apostilla era falsa, que debía denunciar al gestor en la Dirección de Inteligencia Militar y si lo hacía ese mismo día me daban la apostilla buena. Fui a la DIM pero no me pudieron atender. Era un viernes y yo viajaba el domingo, así que tuve que dejarlo así”. Su estatus también está paralizado mientras vuelve a sacar el documento en Venezuela. “El hombre me estafó, pero creo que él no sabía que era falsa. Incluso me ofreció sacarme otra nueva en una semana. Hay muchos venezolanos en esa situación, pero no creo que sea un problema del consulado acá, creo que el éxodo venezolano se ha hecho tan grande, que esto se ha convertido en un problema para la migración argentina. Cuántas postillas falsas habrán pasado antes de que comenzaran a revisar los códigos”, se pregunta.

No hay un número exacto, pero una investigación del profesor de la Universidad Simón Bolívar Iván de la Vega calcula que en los últimos 15 años habrían emigrado alrededor de un millón y medio de venezolanos. Sus datos muestran que hay venezolanos radicados en por lo menos 82 de los 194 países del mundo.

Otra persona que prefiere ocultar su identidad tiene en el reverso de su título de la Universidad Central de Venezuela la palabra “anulado” debido a que en la Cancillería le descubrieron una apostilla falsa. “Necesitaba apostillar el título porque me iba a España a estudiar y debía solicitar en el consulado español la visa de estudiante. Ese trámite se tarda como 15 días, y la cita en la Cancillería me la dieron tres días antes de mi viaje, que era en febrero de 2015. Yo fui, les pedí que hicieran una excepción y no hubo manera. Así que debí recurrir al gestor”. La mujer consiguió la visa, pero decidió aprovechar igual la cita electrónica porque la apostilla con el gestor solo era válida para España: “Me llamaron aparte y me dijeron que confesara, así que lo hice. Menos mal la mujer era pana y le pusieron la apostilla buena y gracias a Dios no lo detectaron en el consulado español”.

El timo de los gestores, en opinión de quienes lo han sufrido, no solo es culpa de quienes viven de un oficio naturalizado en la idiosincrasia patria. También se lo atribuyen a los plazos interminables de la burocracia venezolana.