Los dolientes de la fosa común de la PGV

Raylen Ismenia Polanco y Cayerling Castro eran primas. Ambas trabajaban con un tío en una agencia de festejos en el casco central de San Juan de los Morros. Se encargaban de vestir las mesas y decorar los salones. El 10 de septiembre de 2016, su tío recibió una llamada para un contrato. Se trataba de organizar un evento de magnitud: celebrar el cumpleaños 43 del pran Franklin «Masacre», el mandamás de la Penitenciaría General de Venezuela (PGV). Había que botar la casa por la ventana con mesas, pasapalos, botellas de whisky, mesoneros, música, grupos de salsa, reggaetón y hasta garotas para los 200 invitados convocados por grupos de Whatsapp y Facebook. En la entrada del penal los séquitos del pran colgaron una pancarta gigantesca que decía: «Asiste a la fiesta del siglo. No te la pierdas».

La fiesta sería el miércoles 14 de septiembre. Desde las 9:00 am, las muchachas comenzaron a colgar bambalinas gigantes y su tío a descargar del camión mesas y sillas para la rumba que se planificó para prolongarse durante 72 horas. En plena faena de organización, Cayerling y Raylen decoraban el techo mientras el tío salió de la cárcel para buscar más telas. Que ya vengo, que no tardo. Entonces, un estruendo interrumpió la calma. Nélson Barreto, «El Ratón», quería destronar a Franklin, su objetivo era lograr el control del penal y ordenó que detonaran una granada para matarlo. La explosión del artefacto provocó que se desplomara parte del techo del salón. Los escombros cayeron sobre los cuerpos de Cayerling y Raylen. Esta última intentó pararse, pero se desplomó y murió. Tenía fractura de cráneo y de cadera, mientras que su prima tuvo heridas profundas en la espalda y sus piernas por las esquirlas.
Cuando su tío, que recuerda el episodio pero reserva su identidad, regresó a la puerta del penal, no lo dejaron entrar, había un caos de ambulancias, llanto de familiares y salsa sonando aún a todo volumen. Desesperado por saber el paradero de sus sobrinas, pidió hablar con el pran -que soportó el ataque- y le rogó que autorizara el traslado de Cayerling a la clínica Santa Rosalía de San Juan y que le entregara el cuerpo de Raylen para enterrarlo.
La familia de la joven tuvo la suerte de recuperar el cuerpo y sepultarla. Otros desconocen qué pasó con su familiar. Un preso relató que ese día Franklin ordenó la excavación de una fosa, cerca de la entrada, para enterrar los cuerpos de otros fallecidos. Solo se confirmó oficialmente la muerte de 11 personas en esa explosión, pero aseguran que hubo más de 50 víctimas, entre presos y visitantes.

Salió a jugar y no regresó
Uno de los desaparecidos es el nieto de Gregoria Socorro Ramos, un joven de 17 años llamado Adonis Salcedo Moreno. El día del estallido él había ido a participar en un torneo de fútbol que se disputaba en la cárcel. Jugaba en la liga de la comunidad de La Hielera, ubicada en la entrada de San Juan de los Morros, que organizaba encuentros con los internos. «A mí me daba miedo  porque sabía que a cada rato había conflictos en ese penal. Eran frecuentes los motines, las peleas entre pranes y no quería que mi muchacho se desenvolviera en ese ambiente. Él me decía: tranquila, vieja, que yo solo voy a jugar», recuerda la mujer.
Ese 14 de septiembre él se levantó temprano, desayunó una arepa y salió de la casa donde vivía con su madre y su abuela. Llevaba puesto el uniforme del equipo. Estaba ilusionado con salir victorioso del encuentro y al despedirse dijo: «los vamos a derrotar». Horas más tarde Gregoria fue alertada por una vecina de que había una situación irregular en el penal, que hubo muertos y heridos, y ella fue hasta la PGV. En la puerta una mujer le contó llorando que había estallado una granada. Gregoria se fue al hospital Ranuarez Balza que estaba colmado de familiares de internos y visitantes, a la espera de noticias. Pasó varias horas en ese centro sin comer ni dormir. La larga espera terminó en una incertidumbre que lleva a cuestas. Su nieto no figura en lista de los 11 muertos ni de los 22 heridos. La denuncia la elevó al Cicpc y a la Defensoría del Pueblo. «Solo la registraron. No tuve acompañamiento de este despacho para tener respuesta sobre qué pasó con mi nieto».

En los últimos seis meses Gregoria ha vivido un calvario. La desaparición de Adonis ha mermado su salud. Sufre de hipertensión en insomnio. «Estoy segura de que él está enterrado en algún lugar de ese penal. Solo quiero que me den el cuerpo para poder enterrarlo. No pido más. Aquí la justicia para los pobres y los inocentes que no tuvieron participación en ese conflicto, no existe». Ella logró entrevistarse con la ministra Iris Varela, quien se comprometió a investigar el caso. Ramos decidió esperar con paciencia, pero solo ha obtenido como respuesta silencio, hasta que se enteró del hallazgo de restos óseos, correspondiente a 15 personas, en una fosa común localizada en un sector, llamado La Caballeriza, dentro del penal.
«Intenté entrar a la PGV, pero fue imposible. Está custodiada. Fui de nuevo al Ministerio y me dijeron que debía esperar los resultados de las pruebas antropológicas. Sigo sin respuesta», expresa la mujer y confiesa que pasa el día recordando a su nieto preferido. Adonis, a quien crió, nunca le dio guerra, era un joven sano que solo pensaba en estudiar y en jugar fútbol.
Algunos parientes de internos que llevan más de un año desaparecidos no se atreven a denunciar los casos públicamente por miedo. «El temor los invade porque representantes del Ministerio les dicen que si hablan con la prensa, le quitan el apoyo. Están amenazados y atados de manos», comenta Darlene Zambrano, activista de derechos humanos del estado Guárico.

Se quedó dormido y no lo perdonaron
Iris Morante ha dejado de lado el pánico para contar la historia de su hijo Germán González. Él tenía 20 años y estuvo preso por el delito de robo agravado. En mayo de 2016 fue trasladado a la PGV. Cuando llegó no sabía qué debía pagar la causa. Eran 2.500 bolívares que semanalmente pedía Franklin «Masacre» para garantizar su vida. Germán se atrasó con el primer mes y los luceros del pran le cobraron la morosidad. Lo vigilaban, le quitaban la comida que le llevaba su madre, le pegaban y lo convirtieron en una suerte de esclavo. Una de sus órdenes era hacer guardia en una garita habilitada para proteger al mandamás de sus enemigos, durante 12 horas desde las 7 de la noche.
Su madre cuenta que un jueves se quedó dormido y fue descubierto por los luceros, por lo que fue encerrado en una sala oscura donde habría sido golpeado, mutilado y asesinado para luego ser sepultado en un ala del pabellón dos. Iris Morante se enteró del relato un mes después cuando pudo acudir a la visita, proveniente de Boconó, estado Trujillo, con grandes esfuerzos económicos que le impedían hacerlo semanalmente.

A Morante la llamó un compañero de su hijo. Le dijo que lo habían descuartizado y enterrado. Llorando, acudió con su esposo a la PGV a buscar respuestas, que le dijeran algo. Nadie la atendió. Se dirigió a la Defensoría del Pueblo, donde tomaron la denuncia y le prometieron una llamada que nunca llegó. «No voy a acudir a ningún otro lado. Estoy resignada. Aquí no hay justicia. Culpables e inocentes pagaron justos por pecadores».
Ocho años en la incertidumbre
Hay denuncias de vieja data, entre ellas destaca el caso de Francisco Daniel Guerrero, sentenciado a 13 años de cárcel en la PGV por el robo de un celular. Religiosamente, su padre y su esposa lo visitaban cada semana. Le llevaban comida, ropa y dinero. La última vez que sus parientes lo vieron fue el 7 de septiembre del año 2009. Ese día, el reo le dijo a su esposa que extrañaba a sus dos hijos y que estaba optando por una medida sustitutiva de libertad para salir rápido y verlos crecer. Pero la semana siguiente a los familiares les informaron que Francisco Daniel se había fugado.
La evasión generó sospechas: por qué no se había comunicado con ellos. Unos días más tarde, un recluso llamó a la familia y, sin decirles su identidad, les contó que a Guerrero lo habían matado a tiros y enterrado dentro del penal. La denuncia llegó al Observatorio Venezolano de Prisiones, que logró una orden para que dos obreros hicieran unas excavaciones con pico y pala. No hubo hallazgo. Tiempo después, otro interno que fue testigo del presunto crimen elaboró un croquis a mano donde indicaba que fue sepultado en un terreno, ubicado entre el teatro y la gallera. Casi una década después, ya en 2017, el padre de Francisco acudió a la Fiscalía a llevar la ficha odontológica y a someterse a una prueba de ADN para determinar si los restos localizados hasta ahora en la fosa común corresponden a los de su hijo. «Ya sus hijos son adolescentes. No los vio crecer. A estas alturas solo pido que lo entreguen lo queda de él», dice Francisco Guerrero padre.

Un interno de la cárcel 26 de julio que estuvo recluido en la PGV antes de su desalojo indica que hay decenas de muertos enterrados en esa cárcel. Confiesa, resguardando su nombre, que los pranes mataban por placer, que adentro la vida no valía nada, que la mínima falta era la excusa perfecta para descuartizar. Si no se pagaba la causa, si alguno se atrevía a robar durante la visita o si veías feo o desafiabas al pran y sus luceros, estabas sentenciado. Asegura que se habilitaron fosas en varios sitios: en los pabellones y detrás del hospitalito. Esas zanjas fueron el desenlace de años de torturas que devinieron en asesinatos.
Hasta ahora continúan los estudios antropológicos de los restos hallados para identificarlos y determinar las circunstancias en que murieron. El miércoles 29 de marzo, la ministra de prisiones Iris Valera sugirió a todas las personas que tengan familiares desaparecidos o secuestrados que asistan al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) y que pregunten por los cadáveres hallados en la Penitenciaria General de Venezuela (PGV). “En las pesquisas se han encontrado 15 cuerpos –tres de ellos sin cráneo- pero solo hay dos familias reclamando. Eso demuestra que hay un grado de indiferencia muy alto. No podemos descartar que los cuerpos no sean de reos».
La ministra confirmó que la búsqueda de los cuerpos y trabajos de excavación en el penal continúa, que se han hallado restos de huesos dispersos en distintas áreas del recinto con ayuda de pistas de los propios presos, y que todavía podrían aparecer más cadáveres. Indicó que todavía no han sido encontrados los restos de un adolescente que desapareció en 2016.

Visitaron 15 cárceles y no lo hallaron
La PGV es la única cárcel donde se ha confirmado oficialmente la existencia de una fosa común. La ministra Iris Varela lo ratificó en Venezolana de Televisión. Pero hay quienes denuncian que en otros centros de reclusión se registran personas desaparecidas que posiblemente fueron asesinadas y enterradas en esas instalaciones donde solo se cumple la ley del pran. Ciro Rincón figura en esa lista. Su crimen fue haberle hurtado un celular a un funcionario policial en Maracaibo.
El oficial se dio cuenta, lo apresó y fue trasladado al Retén del Marite. De allí fue reubicado en la Comunidad Penitenciaria de Coro, estado Falcón. Su hermana, Augusta Josefina Rincón, y su esposa lo visitaban cada mes. La tercera vez que acudieron les dijeron que lo habían llevado a Tocuyito, pero al llegar a Valencia les informaron que allí no se encontraba. Un interno amigo de Ciro que había salido en libertad contactó a la familia para contarles que en una riña lo habían matado y que su cadáver fue enterrado tras los muros de ese centro.
Hasta ahora ninguna autoridad les ha sabido dar respuesta del paradero, luego de visitar 15 centros de reclusión en varios estados del país para saber si lo habían trasladado. No ha sido hallado. Los parientes pararon ya la búsqueda, resignados. “Suponemos que realmente lo mataron como lo habían dicho. Para qué vamos a denunciar, si sabemos que no lo vamos a recuperar”, lamenta una de sus allegadas pidiendo no publicar su nombre. El miedo no se sepulta.]]>