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El Estado sigue en deuda con Linda Loaiza y la CIDH

La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia a favor de Linda Loaiza López Soto y contra el Estado venezolano por no asegurar ni respetar sus derechos fundamentales en los hechos relacionados con su secuestro y tortura por parte de Luis Carrera Almoina. El 16 de noviembre, hace tres años, fue notificada de manera formal. Y en todo este tiempo el Estado no ha cumplido con las obligaciones establecidas en esa decisión

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Linda Loaiza CIDH
EFE / Archivo

El mensaje llegó esta mañana por WhatsApp: “#16Nov se cumplen 3 años de la fecha en la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) me notificó la sentencia Condenatoria contra el Estado venezolano por mi caso. ( Caso López Soto Vs Venezuela)”.

Linda Loaiza López resume la situación en unos pocos párrafos: “Son 3 años en los que el Estado venezolano no ha dado indicios de ajustarse a derecho para cumplir con esa sentencia y sigue en desacato frente a la Corte Interamericana.

Son 3 años de los 20 años que llevo buscando justicia desde 2001 mientras el Estado sigue manteniendo las mismas grandes fallas en su sistema de justicia y que junto con su sociedad de cómplices, persiste en el trato inhumano e indigno a las mujeres, niñas y adolescentes en una sistemática violación a sus DDHH”.

Escasas líneas, un recordatorio apenas, de una experiencia terrible en la que se concentran los múltiples vicios del sistema de justicia venezolano al que parece no interesarle en lo más mínimo atender las exigencias de la Corte Interamericana.

Linda Loaiza López Soto recibió la notificación el 16 de noviembre de 2018, pero la sentencia de la Corte Interamericana está fechada el 26 de septiembre. El documento, de 115 páginas, establece claramente al menos 22 puntos que el Estado venezolano debe cumplir como forma de reparación del daño causado a la víctima tanto –entre otras cosas- por su inacción como por la forma en la que los funcionarios del gobierno y del propio sistema de justicia –que en Venezuela equivale a lo mismo- actuaron a propósito del caso de López Soto.

La mañana del 27 de marzo de 2001, a punta de pistola, Luis Antonio Carrera Almoina, secuestró a Linda Loaiza López Soto, quien para entonces prácticamente estaba recién llegada a Caracas. La sometió bajo amenaza de muerte y la mantuvo cautiva por espacio de casi cuatro meses.

114 días de tormento: abusó sexualmente de ella, la golpeó, la chantajeó, la amenazó de muerte, la encerró, la amarró, la drogó, le causó heridas profundas, la vejó y la sometió a un grado de terror extremo. Su historia, que durante tantos años en búsqueda de justicia tuvo que repetir y revivir una y otra vez, está contada de forma definitiva en el libro Doble crimen: Tortura, esclavitud sexual e impunidad, firmado por Linda Loaiza y Luisa Kislinger.

Su editor, Sergio Dahbar, escribió en The New York Times: “Si existe en esta historia un malo esencial como Luis Carrera Almoina, hay una víctima que es llevada al infierno. Linda Loaiza ingresó en el Hospital Clínico Universitario de la Universidad Central de Venezuela (UCV) con el labio deformado y desgarrado. Sus oídos presentaban heridas crónicas por golpes continuos. Tenía sangre acumulada en el abdomen. Sus senos y pezones mostraban quemaduras de cigarrillos y marcas de mordiscos. Heridas de ataduras marcaban las muñecas, tobillos y piernas. Tenía la nariz y la mandíbula fracturadas, politraumatismo craneoencefálico y la lengua hepatizada. Padecía desnutrición. Había pasado casi cuatro meses en manos de un psicópata y tardaría seis meses en volver a caminar”.

Estas líneas del libro, que constituye una lectura sobrecogedora, ayudan a entender un poco más las dimensiones del daño: “La primera persona en verla el día de su rescate, un oficial de la policía del Municipio Chacao, ha dicho que nunca había visto a nadie en el estado en el que se encontraba Linda, y que de haber permanecido en cautiverio un día más, habría muerto. Al final de todo, el hombre que la mantuvo privada de su libertad, la violó y la torturó fue condenado únicamente por privación ilegítima de libertad y lesiones graves”.

En 2001 ese hombre fue conocido como “el monstruo de Los palos Grandes”, la zona caraqueña donde fue encontrada Linda encerrada en un departamento. Luis Carrera Almoina es hijo de Gustavo Luis Carrera Damas, investigador, escritor, profesor universitario, miembro de la Academia Venezolana de la Lengua y quien entonces ocupaba el cargo de rector de la Universidad Nacional Abierta. Su madre –falleció en el año 2000- era la Pilar Almoina, también docente universitaria. Y su hermana, explica el libro, “Laura, arquitecta egresada de la UCV, ha estado íntimamente vinculada a los gobiernos de la era chavista y a sectores culturales afines al oficialismo”.

No hacen nada, la lucha sigue

Desde entonces, Linda Loaiza López espera justicia. Mientras tanto, Luis Carrera Almoina –quien durante todo el proceso contó con el apoyo absoluto de su padre hasta el punto de ayudarle a escapar una vez de su prisión domiciliaria- obtuvo la libertad plena en el año 2008. El caso pasó de mano en mano por 97 jueces y 16 fiscales del Ministerio Público en seis años. Y López tuvo que acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que a su vez remitió el caso a la Corte Interamericana.

En esa instancia, 17 años después de haber experimentado el horror, la Corte Interamericana dictó sentencia y encontró al Estado venezolano responsable de violar los derechos fundamentales de Linda.

La CIDH estableció que el Estado debe sustanciar y continuar el proceso penal y establecer a quien fura responsable por “los hechos de tortura y violencia sexual en perjuicio de Linda Loaiza López Soto”, los delitos que no se tomaron en cuenta durante el juicio en Venezuela. También debe investigar y sancionar a los responsables por hostigar, amenazar y atacar a Linda, a sus familiares y a sus defensores, además de proveerles de seguridad durante todo el proceso.

El Estado, dice la sentencia, debe “determinar, por intermedio de las instituciones públicas competentes, las eventuales responsabilidades de los funcionarios que no investigaron desde un primer momento lo sucedido a Linda Loaiza López Soto, como así también de aquellos responsables por las irregularidades y las dilaciones injustificadas durante la investigación y sustanciación de los procesos judiciales llevados a cabo en el ámbito interno y, en la medida que corresponda, aplicar las consecuencias que la ley pudiera prever”.

En otros puntos, la CIDH obliga al Estado a compensar a Linda –y a su familia en calidad de víctimas- brindándoles acceso a los tratamientos médicos y psicológicos necesarios, además de becas para estudios.

Y establece que el Estado debe hacer un completo avance en el desarrollo de leyes, normas e instituciones para la protección de la mujer; implementar al mismo tiempo un sistema de formación para funcionarios públicos sobre protocolos de investigación y atención de mujeres víctimas de violencia; desarrollar y poner en práctica un programa de educación permanente sobre estos temas en todo el sistema nacional de educación que debe llevar el nombre de “Linda Loaiza” y, por supuesto, indemnizar a las víctimas identificadas en esta sentencia.

Volvamos al mensaje de Linda: “Son 3 años en los que el Estado venezolano no ha dado indicios de ajustarse a derecho para cumplir con esa sentencia y sigue en desacato frente a la Corte Interamericana”.

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