El muro de la vergüenza: ¿conoces el muro que la justicia peruana ordenó demoler?

El Tribunal Constitucional de Perú (TC) ordenó que se derribe un muro construido sobre una colina en el este de Lima, que divide a un barrio rico de otro pobre, por considerarlo «discriminatorio», dijo el jueves un magistrado de ese tribunal.

«Hemos tomado una decisión unánime, que el muro que divide La Molina [distrito acomodado] conVilla María del Triunfo [distrito popular]tiene que ser derribado en un plazo breve”, declaró el magistrado Gustavo Gutiérrez, en una entrevista con radio RPP.

«Es un muro discriminatorio (…) No puede ser que dividamos a los peruanos por clases sociales. Eso es inadmisible, ya no ocurre en ninguna parte del mundo. Esta sentencia creo que va a dejar un precedente importante», manifestó.

La demanda por el denominado «muro de la vergüenza» fue presentada por un ciudadano contra las autoridades del Municipio de La Molina en 2018.

El plazo para derribar el muro, que llega a medir hasta 10 km, es de 180 días. En algunas partes, el muro supera los dos metros de alto y tiene un alambrado de púas.

Un primer tramo del muro fue levantado en la década de 1980 bajo pretexto de proteger a La Molina del accionar de la guerrilla Sendero Luminoso, considerada una organización terrorista en el Perú.

Sin embargo, en la década del 2000, ya con Sendero derrotado, el muro se extendió, esta vez con la excusa de impedir la ocupación ilícita de terrenos.

En Perú, la migración desde zonas andinas a la capital durante los años 80 y 90 generó el poblamiento masivo de colinas en la periferia de Lima. Miles huían de la violencia de Sendero en sus regiones. Otros llegaban en busca de empleo.

El magistrado Gutiérrezseñaló que la decisión delTCcontribuye a la «paz social» y no significa que la desaparición del muro dejará «margen para las invasiones» y traficantes de terrenos en la zona.

El muro divide a varias comunidades pobres de Lima, con casas precarias y sin agua potable, de la exclusiva zona de Las Casuarinas en La Molina.

En el expediente se denuncia la vulneración de los derechos al libre tránsito, de igualdad y a no ser discriminado por razón de condición económica y social.