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TSJ anula artículo que condenaba a militares homosexuales a tres años de cárcel

La ley castigaba a militares que cometieran "actos sexuales contra natura", pero no especificaba o describía a qué hacía referencia con tales actos. Este fue el argumento de activistas y aliados de la comunidad LGBTI que ahora ven un cambio tras años de esfuerzo

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Tras años de exigencias de la comunidad LGBTI en Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anuló este jueves 16 de marzo el artículo del Código Orgánico de Justicia Militar que imponía penas de prisión a militares homosexuales.

La solicitud de anulación la hizo el defensor del pueblo Alfredo Ruiz, quien indicó que el artículo carecía de «suficiente claridad y precisión jurídica en lo que respecta a la conducta que pretendía sancionar».

Esta norma imponía una pena de uno a tres años de cárcel al militar que cometiera «actos sexuales contra natura». Sin embargo, no precisaba que se entendía por tales actos. Algo que constitucionalmente debe describirse de manera clara para evitar sanciones»al margen de los que quiso penar el legislador».

En el comunicado del TSJ se lee: «Inclusive, aun cuando se entendiera por actos sexuales contra natura a aquellos no destinados a la reproducción, dicha interpretación, a la luz de las concepciones científicas, sociales y jurídicas actuales, no resulta compatible con la Constitución ni con instrumentos internacionalmente válidamente suscritos y ratificados por la República».

Años de activismo para conseguir derechos

Desde hace varios años, activistas de la comunidad LGBTI venezolana han exigido al TSJ y a la Asamblea Nacional para conseguir derechos civiles, sobre todo aprobación del matrimonio igualitario, reconocimiento de la identidad de género y la eliminación de este artículo.

El 29 de noviembre de 2022, por ejemplo, cuatro activistas afirmaron que diputados obligarían al Consejo Nacional Electoral (CNE) a cumplir la Ley de Registro Civil, la cual permite el cambio de nombre por razones de género. Entonces, explicaban que era un derecho desde 2009 y que no se garantizaba.

No obstante, estos cambios aún no se han dado y han generado más denuncias en las calles y redes sociales.

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