Comunidades indígenas denuncian desalojos en Yapacana, ¿cómo les afecta?
La minería ilegal ha crecido en Amazonas desde la pandemia por covid-19, aumentando a su vez la presencia de los grupos armados irregulares en el Parque Nacional Yapacana
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La minería ilegal ha crecido en Amazonas desde la pandemia por covid-19, aumentando a su vez la presencia de los grupos armados irregulares en el Parque Nacional Yapacana
La Fuerza Armada Nacional realizó varios operativos en la Amazonía venezolana desde el mes de julio, expulsando a más de 14 mil personas acusadas de ser mineros ilegales y desmantelando más de 4.500 estructuras utilizadas para esta actividad ilícita. Pero pueblos indígenas de la zona están denunciado lo que han catalogado como “desalojos arbitrarios”.
El abogado Olnar Ortiz, coordinador de Pueblos Indígenas del Foro Penal, afirmó en el programa En Este País de la Red Nacional de Radio Fe y Alegría, que los pueblos indígenas que se encuentran en esta zona han practicado la minería artesanal por muchos.
“Aunque sí hay indígenas dedicados a la minería ilegal, también hay venezolanos, colombianos, peruanos, ecuatorianos y brasileños”, resaltó.
Asimismo, Ortiz destacó que la mayoría de los indígenas no apoyan la minería ilegal por el daño ambiental que causa. Lo que no apoyan son los desalojos arbitrarios que han estado sufriendo.
“Incluso hemos posteado imágenes de cómo funcionarios han llegado de manera arbitraria a las comunidades indígenas, comunidades que han estado en esos territorios desde mucho ante de que Yapacana fuese parque nacional” destacó.
El abogado indicó que la minería ilegal ha crecido en Amazonas desde la pandemia por covid-19, aumentando a su vez la presencia de los grupos armados irregulares en el Parque Nacional Yapacana.
Por otro lado, el especialista en derechos humanos señaló que las comunidades indígenas más afectadas por los desalojos arbitrarios en el Parque Nacional Yapacana y en el territorio Ye’kwana son el Jivi y el Kurripaco.
Ortiz denunció que actualmente no se cuenta con un registro detallado sobre las comunidades indígenas en Venezuela, lo que hace difícil realizar un seguimiento.
“Con respecto a cuantas comunidades específicamente se están desalojando o están siendo afectadas, no lo sabemos, es muy difícil decirlo ya que en Venezuela no existe un censo actualizado de cuantos indígenas existen en el país, por ejemplo”, resaltó.
Luego del operativo en Yapacana, el reporte oficial por parte de las autoridades señaló que había 25 mil personas en el Parque Nacional, de esas habrían salido unas 14 mil. Olnar Ortiz consideró que esa cifra no es cierta.
“Según fuentes en la zona, el número es superior a la cifra aportada y en cuanto a las que han salido, es mucho menos a las reportadas por el gobierno”, precisó.
El abogado señaló que esto ocurre porque el gobierno nacional no informa ni a los pueblos indígenas, ni a las organizaciones de derechos humanos e incluso a los periodistas de la zona de lo que realmente ocurre.
De igual forma, Ortiz indicó que otra zona afectada por la minería ilegal es el municipio Río Negro, que es dominado y controlado por grupos armados irregulares colombianos.
«Los lugareños han reportado hasta 72 balsas que están extrayendo oro en Río Negro, pero también están en Maroa, Alto Orinoco, Manapiare y en la zona de Autana», señaló.