La directora ejecutiva de la Organización SOS Orinoco, Cristina Burelli, cuestiónó la decisión de Estados Unidos de levantar la sanción al oro en Venezuela y además destacó que el extractivismo ilegal está afectando a por lo menos 27 etnias indígenas del sur del país
La directora ejecutiva de la Organización SOS Orinoco, Cristina Burelli, catalogó como “ingenua” la decisión de Estados Unidos de levantar la sanción al oro en Venezuela y especialmente darle licencia por seis meses a Minervén, ya que consideran que el gobierno venezolano empezó el modelo de negocio de minería ilegal antes de que se impusieran las sanciones.
Burelli explicó en el programa En Este País de la red nacional de Radio Fe y Alegría Noticias que, con este levantamiento, el Estado venezolano no volvería a producir oro de manera “sostenible, legal, sin utilizar mercurio y sin explotar minas en zonas protegidas en territorios indígenas, etc”.
“Todos estos elementos son los que hacen actualmente que el oro venezolano sea considerado de alto riesgo e ilegal, el llamado oro de sangre”, manifestó.
La experta destacó que el Estado venezolano nunca ha creído en un modelo sostenible y legal para el Arco Minero, al contrario, lo que hizo fue desordenar y criminalizar el sector minero.
“El decreto del Arco Minero desató el ecocidio en el sur de Venezuela. Esta explotación desorganizada y criminal ocurrió mucho antes de que impusieran las sanciones. Entonces, esto es un modelo que existió antes de las mismas, no es a causa de las sanciones”, explicó.
La directora ejecutiva de la Organización SOS Orinoco señaló que, si bien el extractivismo nunca es “bonito” y siempre afectará al ambiente, en el siglo XXI existen maneras de hacerlo más sostenible y menos dañino al ambiente, pero en Venezuela no se práctica.
“Lamentablemente, estas prácticas no se están desarrollando en el sur de Venezuela y lo que estamos viendo es la expansión de la minería semi mecanizada que utiliza el mercurio, que de por sí está prohibido en todo el país”, resaltó.
Asimismo, indicó que este tipo de extractivismo está afectando a las 27 etnias indígenas que habitan todas estas zonas protegidas al sur de Venezuela, como son Canaima, Yapacana y Alto Orinoco.
“Esto es no solo un ecocidio, también está acabando con la diversidad cultural indígena autóctona de nuestro país”, dijo.
Finalmente, Burelli comentó que en lo que respecta a Yapacana, que si bien hay algunos mineros que se han retirado, todavía hay otros que continúan trabajando en una zona que está bajo la vigilancia y supervisión de la Fuerza Armada NacionalBolivariana.
La ONG reafirma que la relación entre la minería ilegal, que ocurre bajo la mirada de las autoridades, y el aumento de casos de malaria en la entidad es clave. La mayoría de los fallecidos a finales de 2023 por la enfermedad pertenecían a pueblos originarios, ubicados en zonas remotas
