Humberto Prado, director de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, señaló que los pranes tienen el mando en las diferentes cárceles en Venezuela, manejando una industria que genera grandes recursos frente a la mirada de los organismos de seguridad del Estado.
Las diferentes intervenciones que el Estado venezolano ha hecho en las cárceles han dejado un importante saldo de armas incautadas, pero hay muchas preguntas que no han sido respondidas. ¿Tomarán el control definitivo de estos centros o seguirán los pranes manejando una industria criminal muy lucrativa dentro de ellos?
El director de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, aseguró en el programa En Este País de la Red Nacional de Radio Fe y Alegría, que han denunciado desde 2010 la presencia de pranes en las cárceles, quienes someten a la población reclusa y sus familiares a través de bandas y cobran un impuesto semanal llamado «la causa» que oscila entre 5 y 15 dólares, dependiendo lo que el interno tenga dentro del establecimiento carcelario.
“La situación que los pranes generan en las cárceles es que quien no paga esa causa le meten un tiro en el tobillo, en la muñeca o simplemente le quitan la vida. Ellos vienen operando bajo la mirada cómplice de todos los organismos del Estado”, destacó.
Prado señaló que esta situación no es solo responsabilidad del Ministerio para el Servicio Penitenciario, también existe una corresponsabilidad en la seguridad interna y externa de los centros de reclusión, seguridad que está en manos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
“La seguridad interna la tiene el Ministerio para el Servicio Penitenciario y la seguridad externa la tiene la Guardia Nacional, o sea que para que entre una gallina a un penal tiene que el guardia abrir la primera puerta y la segunda la tiene el Ministerio, allí hay complicidad”, consideró.
Prado también indicó que el traslado de los privados de libertad, producto de la Operación Liberación Cacique Guaicaipuro, provocará un incremento del hacinamiento en los centros penitenciarios del país que puede llegar a superar el 300%.
“Se están cerrando centros penitenciarios en varias regiones del país sin información clara sobre la inversión necesaria para repararlos”.
El director de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, señaló que es necesario realizar las investigaciones pertinentes a aquellos funcionarios que han permitido que ocurran las diferentes irregularidades dentro los centros de reclusión.
“El juez de ejecución, en vez de estar metido en un tribunal, tiene que estar en la cárcel para constatar su normal funcionamiento y llamar la atención en cuanto a los servicios, al trato y la atención integral de la persona privada de libertad, pero esto no sucede”, dijo.
Humberto Prado instó a las autoridades a identificar y procesar a los líderes de las bandas que operan en las prisiones, exigiendo que se rindan cuentas por los crímenes cometidos. Además, indicó que es esencial tener información detallada sobre el número de homicidios, lesiones y extorsiones perpetrados por estos grupos, así como sobre los secuestros que han dirigido desde detrás de las rejas.
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