El presidente de Chile, Gabriel Boric, aseguró este viernes que no permitirá la «impunidad» en el crimen de Ronald Ojeda, un exmilitar disidente del régimen de Nicolás Maduro que vivía como refugiado en Santiago y que se apunta tuvo su origen en un móvil político organizado desde Venezuela.
Ronald Ojeda, militar retirado del Ejército de Venezuela, fue secuestrado el 21 de febrero, por personas que simularon ser policías chilenos y que lo sacaron de madrugada en ropa interior del departamento en que vivía en Santiago.
Nueve días después, Ojeda, de 32 años, fue hallado muerto dentro de una maleta que había sido enterrada en una barriada de la capital chilena.
«Solicitamos y exigimos a Venezuela toda la colaboración que se requiera en este caso para que busquen y pongan a disposición de la justicia a los sospechosos de haber perpetrado o colaborado en este vil asesinato», dijo Boric a periodistas.
«No sólo no vamos a permitir la impunidad, sino que (…) vamos a agotar todas las instancias, tanto nacionales como internacionales», agregó el mandatario izquierdista y crítico del gobierno de Nicolás Maduro.
La Fiscalía chilena apunta «a pensar que la hipótesis más plausible es que haya habido un móvil político», dijo más temprano la ministra del Interior Carolina Tohá, en una declaración en el palacio de Gobierno.
«¿De quién es ese móvil político? Eso la misma investigación lo tiene que aclarar», agregó la ministra.
Crimen transnacional
La investigación hasta ahora ha establecido que miembros de una banda criminal transnacional, posiblemente del «Tren de Aragua», fueron los autores materiales del secuestro que fue organizado desde Venezuela.
La víctima no tenía ninguna relación con el crimen organizado y desarrollaba actividades lícitas en Chile, que le concedió refugio político tras escapar de una cárcel venezolana después de ser acusado de conspiración. En sus redes sociales, Ojeda se calificaba como «preso político».
«El perfil que tiene la víctima es un perfil político. Estamos hablando de una víctima que ha participado de acciones en contra del gobierno venezolano y que, en segundo lugar, ha estado detenido nueve meses y se escapó», explicó este viernes el fiscal a cargo de la investigación, Héctor Barros.
«Nunca he dicho que esto es de contrainteligencia, sino que es un delito transnacional que se organizó en Venezuela«, precisó Barros.
Dos venezolanos ya han sido individualizados como autores del crimen. La Fiscalía afirma que escaparon casi de inmediato a su país, por lo cual pedirá su extradición.
«Esperamos que una vez aprehendidos, estos puedan venir a Chile a enfrentar a la justicia, y que quienes sean indicados como culpables de este asesinato sean condenados por delitos que han sido cometidos en suelo chileno», agregó el mandatario chileno.
Chile llamó el jueves a consultas a su embajador en Caracas, Jaime Gazmuri, tras considerar «un insulto» que el gobierno venezolano negara la existencia del Tren de Aragua, cuyas operaciones se han ramificado en Chile y otros países.
«En la próxima fase los aspectos internacionales (de la investigación) van a tomar un rol determinante (…) Como gobierno vamos a poner todos los instrumentos que tenemos a disposición en el esfuerzo de hacer justicia en este caso», agregó de su lado la ministra Tohá.
La ministra descartó por el momento la interrupción formal de las relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro, que es pedida por parlamentarios oficialistas y de oposición.
«Si el país se fuera por ese camino en este momento sería renunciar a toda posibilidad de justicia en este caso y es eso lo que vamos a priorizar», afirmó la ministra, consultada por periodistas.
«Esto que ha pasado es importante para Chile. Le damos la mayor gravedad pero también es importante para Venezuela. Los ojos van a estar puestos en su comportamiento», agregó Tohá.