El director del penal, cuatro reos y cinco militares serían los responsables de la masacre de prisioneros en la cárcel de Los Llanos, en el estado Portuguesa, según la acusación formal de la fiscalía. Los cargos que se les imputan son homicidio y abuso de poder
La fiscalía del régimen chavista acusó a 10 personas, incluidos cinco militares y el director del penal, por «homicidio», «abuso de poder» y otros delitos relacionados con un motín y masacre en la cárcel de Guanare, en el estado Portuguesa, que dejó 47 muertos y 69 heridos el 1° de mayo.
Un teniente y cuatro sargentos de la militar Guardia Nacional fueron presentados ante los tribunales bajo cargos de «homicidio intencional en grado de complicidad correspectiva, homicidio intencional en grado de frustración (…) y abuso de poder», anunció Tarek William Saab, el fiscal designado por la asamblea constituyente que forma parte del régimen de Nicolás Maduro.
«No realizaron las maniobras necesarias para la contención de los internos» antes de los enfrentamientos armados, expresó Saab.
Se pudo usar «gases lacrimógenos» o «hacer disparos al aire», pero no se hizo.
Tarek William Saab: Y optaron por hacer uso de sus armas, recibiendo respuesta por parte de un grupo de internos armados, dejando el lamentable saldo ya conocido 47 fallecidos y 69 heridos
— MinPublicoVE (@MinpublicoVE) May 13, 2020
La masacre ocurrió en el Centro Penitenciario de Los Llanos, en Guanare (estado Portuguesa, oeste). El saldo fue de «47 fallecidos» y más de 60 heridos, según la fiscalía.
Saab señaló que cuatro «reclusos identificados como líderes negativos» (jefes del penal) fueron acusados por «homicidio», en los mismos términos imputados a los militares, así como por «tráfico de armas de fuego».
Al director del penal, herido en la revuelta, se le imputó como «cómplice necesario en el delito de introducción de armas de fuego en centros penitenciarios», añadió el fiscal.
Las autoridades chavistas reportaron un «intento de fuga masiva» de la prisión, que tiene capacidad para 750 reclusos pero alberga a unos 2.500. Organizaciones de defensa de los derechos humanos y diputados de la oposición denunciaron la masacre y la falta de información sobre el caso.
La diputada opositora María Beatríz Martínez dijo que los reos «protestaban porque no les habían permitido acceso a alimentos».
#SesiónAN | El mal manejo de la política carcelaria y el hacinamiento que se vive en las cárceles no se puede ocultar, es imposible que no ocurran estos hechos.
Pero solo hay un silencio cómplice y una autoría material para llevar acabo esta masacre. pic.twitter.com/29t1hvv8pn
— Asamblea Nacional (@AsambleaVE) May 5, 2020
Las hacinadas cárceles venezolanas están bajo control de los jefes de los propios reclusos. Las bandas criminales dominan junto con autoridades el negocio de armas, drogas, alimentos, mujeres, administración de justicia y traslado de internos. Las denuncias frecuentes por parte de familiares y activistas de los derechos humanos caen en saco roto.
Es común que los internos reciban comida por parte de sus allegados. También que familias enteras pernocten en los penales y se hagan grandes fiestas para celebrar ciertas fechas, como el Día de la Madre, el Día del Padre y Navidad.
Pero el régimen de Maduro se vio obligado a restringir las visitas familiares por la cuarentena declarada en marzo para prevenir la expansión del nuevo coronavirus.
En Venezuela hay unos 100.000 prisioneros, estiman organizaciones defensoras de los derechos de los presos.
Unas 40.000 personas están recluidas en cárceles con capacidad máxima para unos 30.000 reos. Ante la falta de capacidad en los penales, el resto permanece durante años en centros de detención preventiva. En su mayoría, estos centros son comisarías policiales, donde el hacinamiento supera el 200%.
Los calabozos repletos son escenario frecuente de sucesos sangrientos y masacres.
El 24 de mayo de 2019, murieron asesinados 29 presos en un motín en una comisaría, también del estado de Portuguesa. El 31 de diciembre de ese mismo año, 10 reclusos cayeron en un centro de detención en Cabimas, en el estado de Zulia (noroeste).
Con información de AFP
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