El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó la constitucionalidad de la Ley Orgánica de Precios Justos, un texto le otorga la capacidad del Ejecutivo para declarar la utilidad pública de cualquier empresa privada en el país y fija la ganancia máxima de las compañías en 30%.
La ponencia de la magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, presidenta de la Sala Constitucional, estableció que los 82 artículos de la legislación promulgada vía habilitante por el presidente Nicolás Maduro “no implican vulneración de los derechos constitucionales”. Por el contrario, el TSJ explicó que la legislación consagra “el desarrollo armónico, justo, equitativo, productivo y soberano de la economía”.
La sentencia emitida el pasado lunes 18 de agosto usó como argumentos principales los artículos 112 y 117 de la Constitución Nacional y resaltó que la Ley de Precios Justos se hizo para combatir “las prácticas de ataque a la moneda, acaparamiento, especulación, usura y otros falsos mecanismo de fijación de precios, mediante el fortalecimiento de las leyes e instituciones”.
El TSJ respondió al caso interpuesto por el abogado Rómulo Plata que actuó en su carácter de consumidor para la defensa de “los intereses difusos de la población venezolana”. Otro amparo fue interpuesto por Fedecámaras, pero ese caso todavía espera sentencia en el máximo tribunal del país.
En país donde la crisis económica ha barrido el ahorro familiar y el valor de los ingresos fijos, la morosidad en las cuotas de los condominios se dispara y afecta la convivencia y la condiciones de vida en espacios comunes. Estas son algunas propuestas viables.
El peligroso escenario Nicaragua despunta en el horizonte de Venezuela. Según los politólogos John Magdaleno y Ramón Guillermo Aveledo, esto traería una profundización de las violaciones a los derechos humanos, civiles y políticos, y a nadie le convendría esto, ni al régimen ni al resto de los venezolanos.
Aunque el gobierno ha insistido en que habrá elecciones presidenciales este año, eso lejos de dar certezas alimenta la incertidumbre dada la ausencia de una fecha precisa, la falta de garantías para asegurar unos comicios confiables y, especialmente, es una incógnita la estrategia que seguirán María Corina Machado y la Plataforma Unitaria
