Una nueva imposición tributaria decretada de manera inconstitucional e ilegal por la llamada Asamblea Constituyente, -el organismo utilizado por Nicolás Maduro gobernar con poderes supremos- puede convertirse en "un arma de persecución selectiva en Venezuela", alertó la ONG "Acceso a la Justicia", en un reciente análisis.
«El impuesto obliga a los contribuyentes calificados por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) como sujetos pasivos especiales, bien sea personas jurídicas que sean propietarios o posean activos patrimoniales por más de 100 mil unidades tributarias (UT) o personas naturales por más de 36 mil UT, a pagar desde el 0,25 hasta el 1,5% de su patrimonio, en los términos previstos en la “ley constitucional” creadora de dicho tributo», advierte el texto de los expertos abogados de esta Organización también conocida como «Observatorio Venezolano de la Justicia».
El índice cerró en 0,8% en comparación al mes pasado. Se considera la más baja durante este periodo desde 2008
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