En un evidente giro a su política de corto plazo, Estados Unidos y sus aliados de la Unión Europea y otros 19 países apoyan elecciones en 2024, reconocen una oposición diversa y asoman el fin de las sanciones si hay avances en las negociaciones lideradas por la propia Venezuela.
Estados Unidos (EEUU) cuyo gobierno anterior encabezó una línea dura para intentar derrocar al régimen chavista encabezado por Nicolás Maduro y apoyó abiertamente el frente opositor encabezado por Juan Guiadó, evidenció este miércoles un giro en esta política y ratificó su apoyo a una salida a la crisis encabezada por la propia Venezuela. También respalda unas elecciones no más allá de 2024.
Según un comunicado de prensa del Departamento de Estado del gobierno de Joe Biden, difundido este miércoles 16, representantes de Estados Unidos junto con otros 19 países además de Unión Europea, sostuvieron una reunión este 15 de febrero «para reafirmar su compromiso con una solución negociada liderada por Venezuela para restaurar la democracia en este país».
En esta reunión participaron además de Estados Unidos, Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Francia, Italia, Japón, Nueva Zelanda, Panamá, Paraguay, Portugal, Suecia, el Reino Unido, la República Dominicana y la Unión Europea.
«Los participantes reiteraron su voluntad de revisar las políticas de sanciones si se registraran avances considerables en el marco de estas negociaciones lideradas por Venezuela», dice sobre un punto neurálgico de este conflicto.
Los sucesivos gobiernos desde la era Obama, y con mucho más énfasis con el republicano Donald Trump, impusieron sanciones a los líderes del régimen chavista, así como a Petróleos de Venezuela y a la República de Venezuela. Esta política de línea dura terminó agravando las condiciones de una economía que ya estaba en una profunda depresión y de una industria petrolera ya en franca caída tras años de corrupción y de fallas gerenciales, según expertos.
«Los participantes discutieron además la importancia de reanudar urgentemente en México las negociaciones y de que estas sean inclusivas y de buena fe, en el espíritu del Memorando de Entendimiento firmado en Ciudad de México», añade el comunicado.
Maduro suspendió en octubre estas conversaciones en México cuando Estados Unidos inició el proceso judicial contra el empresario colombiano Alex Saab, extraditado desde Cabo Verde.
Saab es señalado como presunto testaferro de Nicolás Maduro en lucrativos negocios de importación de alimentos para venderlos a precios subsidiados a través del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y su programa llamado Clap.
Maduro pidió que Saab fuera incorporado a la delegación chavista que negociaba en México con parte de la fragmentada oposición, la encabezada por el ahora opacado Juan Guaidó.
Ante el rechazo a esta solicitud, el chavismo decidió levantarse de la mesa.
Desde enero de 2019, cuando Guaidó se proclamó «presidente encargado» de un supuesto gobierno de transición hasta tanto hubiera elecciones libres, democráticas y competitivas, la crisis política venezolana escaló. Después se estancó, en un equilibrio precario entre las partes en conflicto.
Guaidó, entonces presidente de la Asamblea Nacional (Congreso) recibió el respaldo inmediato del gobierno de Trump, de la Unión Europea y de un total de 60 países, que lo consideraron «presidente interino». Pero en la práctica el joven diputado nunca tuvo ningún poder real, mucho menos control sobre instituciones o territorio dentro de Venezuela.
En las elecciones de mayo de 2018, de donde salió al actual mandato de Maduro, estaban proscritos los principales partidos de oposición y sus líderes históricos. El chavismo además ejerció un claro ventajismo en el uso de los medios de comunicación públicos y privados.
En la jornada de votación de ese 20 de mayo de 2018 hubo una abstención récord del 68% del padrón electoral.
Una asamblea constituyente creada por Maduro para terminar de anular los poderes del Congreso dominado por la oposición fue la encargada de convocar esa elección presidencial que además ocurrió fuera del plazo constitucional.
Ni esa constituyente ni los actos derivados de ella tenían el reconocimiento interno de la oposición ni de buena parte de las democracias de corte occidental.
Guaidó en todo caso, lo único que obtuvo fue la protección de los activos de Venezuela en Estados Unidos, en especial de la filial Citgo, de Pdvsa, para evitar que fuera embargada por los acreedores del régimen chavista.
Maduro decretó un cese unilateral de pagos de la deuda externa desde 2017 con la supuesta intención de renegociar unos montos que superan los $140.000 millones según cuentas de algunos economistas. Solamente en bonos que circulaban en los mercados secundarios hay $60.000 millones, con una cifra no determinada de impago de vencimientos y cupones de intereses.
Guaidó también logró que Reino Unido no le devolviera a Maduro el control sobre una parte de las reservas monetarias de Venezuela depositadas en lingotes de oro en ese país.
Aparentemente, este giro de hoy podría abrir una nueva etapa para la búsqueda de soluciones creíbles a un país que vive una crisis humanitaria compleja y necesita desesperadamente fondos internacionales para levantar su economía.
Al contrario de lo ocurrido en otras ocasiones en el pasado ya remoto, el comunicado de hoy no expresa ningún apoyo directo a Guaidó, a quien ni siquiera nombran.
En su lugar, respaldan «una oposición democrática inclusiva, diversa y unificada en Venezuela».
Tampoco condena al gobierno de Maduro.
Una de las demandas de Maduro, por cierto era que en estos diálogos en México se sentara otra parte de la oposición no agrupada en torno a Guaidó ni a los partidos opositores tradicionales (duramente atacados por el chavismo hasta llevarlos al casi extinción desde hace décadas).
Pero EEUU y sus amigos insisten en la vía electoral creíble para superar la crisis venezolana.
«Los participantes acogieron con beneplácito la labor de la Misión de Observación Electoral de la UE y la importancia del marco de diálogo y negociación integral e incremental puesto en marcha el 13 de agosto de 2021 en Ciudad de México, como pasos importantes de cara a llegar a un entendimiento común de las condiciones necesarias para posibilitar unas elecciones legislativas y presidenciales creíbles, inclusivas y transparentes lo antes posible -no más de 2024- y ratificar su apoyo a una oposición democrática inclusiva, diversa y unificada en Venezuela».
«Los participantes hablaron de las condiciones fundamentales necesarias para que florezcan las instituciones democráticas en Venezuela: unas elecciones presidenciales libres y justas; la liberación inmediata e incondicional de todos los detenidos arbitrariamente», dice el texto con las conclusiones del grupo de alto nivel sobre la crisis venezolana.
Los países interesados en Venezuela además se pronuncian a favor de que haya «independencia del poder judicial; el derecho de los partidos políticos y las personas a participar sin restricciones en el proceso político; la independencia de las autoridades electorales; la igualdad y la inclusión requeridas para garantizar, entre otras cosas, la participación plena e igualitaria de las mujeres en la vida social, económica y política; el derecho a la libertad de expresión, en particular para los miembros de los medios de comunicación; y el fin de las violaciones de los derechos humanos».
«Hicieron hincapié en la necesidad de llegar a un acuerdo sobre un organismo electoral independiente e imparcial, con la máxima autoridad sobre el proceso electoral, y de contar con un sistema judicial independiente e imparcial que actúe únicamente como garante de las libertades políticas, como condiciones esenciales para celebrar un proceso electoral libre y justo en 2024».
Según analistas políticos y líderes opositores, en las elecciones de gobernadores del 21 de noviembre pasado, quedó claro que en la práctica el Consejo Nacional Electoral (CNE) no es la máxima autoridad en materia de cargos de elección popular, pese a estar consagrado en la Constitución como uno de los poderes públicos independientes.
El chavismo también usa al sistema de justicia con fines políticos, y lo hace de una forma pública, notoria y comunicacional, denuncian activistas de los derechos civiles.
Cuando pierde elecciones suele designar funcionarios a dedo, para usurpar los poderes de los electos popularmente. Esto ha ocurrido así cuando designó gobernadores y alcaldes paralelos, llamados «protectores» en algunos estados y municipios estratégicos. También lo hizo cuando perdió el Congreso en 2015 y terminó anulándolo y sustituyendo sus funciones por actos del Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Constituyente.
Los países amigos también se comprometieron «a apoyar al pueblo venezolano y a hacer frente a la grave situación humanitaria de Venezuela».
También «manifestaron su satisfacción ante la posibilidad de un mayor acuerdo entre todos los actores políticos de Venezuela para permitir un acceso transparente y sin restricciones a la asistencia humanitaria, lo que incluye alimentos, medicamentos, vacunas y otros suministros esenciales de auxilio relacionados con la COVID-19».
Decir, como lo ha dicho Guaidó, de que las sanciones se pueden flexibilizar incluso antes de que haya un acuerdo entre gobierno y oposición, es lo correcto. Lamentablemente, se está diciendo cuando ya no tiene efecto
El llamado se produce luego de "una reunión de alto nivel" celebrada el viernes por videoconferencia para "debatir la situación de Venezuela" tras las elecciones regionales realizadas el 21 de noviembre de 2021, con el retorno de la oposición a las urnas tras años de boicot
El acuerdo de cooperación entre la DEA y Álex Saab se firmó el 27 de junio de 2018, y poco después se convirtió en una fuente activa de aplicación de la ley, comunicándose con agentes especiales de la DEA por teléfono, mensajes de texto y de voz
