El Estado estadounidense no tenía el derecho de nacionalizar a la compañía de seguros AIG en 2008, pero no deberá indemnizar a los ex accionistas descontentos porque salvó al grupo de la quiebra durante la última crisis financiera, evaluó el lunes un juez de Estados Unidos.
La nacionalización del gigante de los seguros en septiembre de 2008, en pleno pánico financiero tras la quiebra del banco Lehman Brothers, fue «ilegal», indicó el juez Thomas Wheeler en una resolución esperada con impaciencia en Washington.
Durante el juicio que duró ocho semanas a fines de 2014 todas las grandes autoridades financieras de la época desfilaron ante el estrado judicial: desde Ben Bernanke, entonces presidente de la Reserva Federal, hasta Timothy Geithner, secretario del Tesoro de la administración Obama, pasando por su predecesor Henry Paulson.Todos justificaron que el Estado tomara el control de la aseguradora, a través del banco central (Fed), afirmando que una quiebra de AIG habría provocado «un pánico masivo a escala mundial».
Aunque regaña a las autoridades, el juez del tribunal de quejas federal de Washington no aceptó el reclamo por daños y perjuicios del principal demandante, Maurice Greenberg, exdirectivo y accionista de AIG.
Greenberg, de 90 años, reclamaba al gobierno junto a otros accionistas reunidos en el seno de la sociedad Starr International más de 40.000 millones de dólares.
En septiembre de 2008, en plena crisis financiera, el banco central estadounidense otorgó un préstamo de 85.000 millones de dólares, con tasas de interés muy elevadas y tomando el control de 79,9% del capital de AIG, lo que implicó además el despido del director ejecutivo. Las inyecciones de fondos públicos en AIG terminaron alcanzando 182.000 millones de dólares.
Desde entonces, AIG reembolsó la totalidad del préstamo al Estado, regresó al sector privado y volvió a registrar beneficios. La compañía no estuvo asociada a la demanda y no quiso reaccionar a la decisión judicial del lunes, indicó un portavoz.
«Nada permitía a la Reserva Federal (Fed, banco central) tomar el control de un grupo privado o conducir sus actividades como si el gobierno fuera su propietario», señaló Wheeler.
«Una cosa (…) es haber dado un préstamo de 85.000 millones de dólares a tasas exorbitantes pero otra es haber remplazado al director de AIG y haber tomado el control de sus operaciones», explicó en su decisión, añadiendo que el banco de Reserva Federal de Nueva York, que actuaba en nombre de la Fed, «no tenía derecho de controlar y administrar los asuntos de una empresa a la que había dado un préstamo considerable».
Al mismo tiempo, el juez estimó que los accionistas no se habían visto afectados por esta operación que, finalmente, permitió a la aseguradora recuperarse y evitar una bancarrota.Sin ayuda pública «la conclusión ineludible es que AIG se habría declarado en quiebra, según todas las probabilidades durante la semana del 15 al 19 de setiembre de 2008. En ese caso, el valor de las acciones abría caído a cero», indicó el magistrado en su decisión.
Aunque era ilegal hacerse cargo de AIG «el gobierno no causó una pérdida económica a los accionistas de AIG», concluyó el juez.
En un comunicado, la Fed indicó el lunes que cree «firmemente que sus acciones durante el salvamento de AIG, en el momento más álgido de la crisis financiera de 2008, fueron legales, apropiadas y eficaces».]]>
El bitcóin batió el martes su récord, superando los 69.000 dólares, en una subida desenfrenada desde la aprobación en el mercado estadounidense de una nueva fórmula de inversión vinculada a la cotización de la criptomoneda.
En diciembre, el desempleo en Estados Unidos cayó a 3,9%, volviendo a acercarse a su nivel previo a la pandemia (3,5%). Pero el regreso al trabajo de algunas personas sigue siendo difícil a pesar del gran número de vacantes.
Si bien la Fed redujo drásticamente las tasas a cero en los primeros días de la pandemia e inundó el sistema financiero con liquidez, lo que junto con la masiva ayuda gubernamental ayudó a prevenir una recesión económica más dañina, Ómicron podría reducir la voluntad de trabajar presencialmente, lo cual frenaría el progreso del mercado laboral e intensificaría los problemas en la cadena de suministros
