En los últimos días, en Venezuela han surgido numerosas dudas y controversias sobre la legalidad y las condiciones para fijar precios en euros y otras monedas extranjeras. Esto se debe, en parte, a la intensificación de la supervisión estatal y a recientes detenciones vinculadas a la publicación de tasas de cambio no oficiales.
En medio de esta incertidumbre, el presidente de la Comisión Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), José Gregorio Rodríguez, aclaró que anclar precios a monedas extranjeras, como el dólar estadounidense o el euro, publicadas oficialmente por el Banco Central de Venezuela (BCV) es una práctica legal y respaldada por la normativa vigente, siempre que se respeten las condiciones establecidas para la transparencia y el uso de la tasa oficial.
Rodríguez explicó que una de las principales dificultades que enfrentan los comerciantes es la escasez de dólares a tasa oficial, lo que complica la adquisición de mercancías, la fijación de precios y el cumplimiento de compromisos internacionales.
Además, enfatizó que es fundamental que los comerciantes informen a los consumidores sobre la moneda y la tasa que utilizan para referenciar sus precios, garantizando así la transparencia en las transacciones.
1) El marco legal venezolano respalda la fijación de precios en divisas
La principal clave que se debe tener en cuenta para entender la legalidad de esta práctica es el respaldo normativo que se encuentra en varias disposiciones legales y regulatorias venezolanas.
- La Resolución N° 19-02-01 del BCV, emitida en 2019, autoriza la publicación oficial de tasas de cambio para diversas monedas extranjeras, incluyendo el dólar y el euro. Esta resolución permite que los precios se expresen en bolívares pero referenciados a una moneda extranjera, utilizando la tasa oficial del día para la conversión.
- Por otro lado, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Régimen Cambiario y sus Ilícitos, reformado en 2018, flexibilizó el uso de divisas en el mercado interno, eliminando restricciones previas que limitaban las operaciones comerciales en moneda extranjera.
- Asimismo, el Código de Comercio y la Ley Orgánica de Precios Justos no prohíben que los precios se anclen a monedas extranjeras, siempre que el pago final pueda realizarse en bolívares o en la moneda acordada entre las partes.
2) La realidad económica impulsa el uso de monedas extranjeras
En la práctica, la economía venezolana ha experimentado una dolarización de facto, donde el dólar y el euro se han convertido en referencias comunes para fijar precios. Esto responde a la alta inflación y la depreciación constante del bolívar, que dificultan mantener precios estables en moneda local.
El uso de monedas extranjeras como referencia permite a los comerciantes actualizar sus precios de forma más rápida y ajustada a la realidad económica, reduciendo la incertidumbre y las distorsiones.
En entrevista para otros medios, el economista Luis Crespo ha señalado que, además del dólar, el euro ha ganado fuerza como moneda de referencia en el mercado venezolano, especialmente tras recientes acciones de las autoridades para controlar tasas paralelas y promover el uso de la tasa oficial del BCV.
Esta tendencia refleja la búsqueda de estabilidad y confianza por parte de consumidores y comerciantes en un entorno económico complejo.
3) ¿Qué deben considerar los comerciantes y consumidores?
Consecomercio insiste en que los comerciantes deben respetar la normativa vigente, utilizando la tasa oficial publicada por el BCV para calcular el precio en bolívares y manteniendo informados a los consumidores sobre la moneda y la tasa aplicada. Esto no solo cumple con la legalidad, sino que también promueve la transparencia y la confianza en el mercado.
Para los consumidores, es recomendable exigir que los comercios muestren claramente la moneda de referencia y la tasa oficial utilizada, evitando así cobros arbitrarios o basados en tasas paralelas no autorizadas.
En definitiva, la posibilidad de anclar precios a monedas extranjeras en Venezuela refleja una adaptación necesaria del comercio a la realidad económica del país, caracterizada por la volatilidad del bolívar y la dolarización informal.
Más allá de ser una simple práctica comercial, esta modalidad se enmarca dentro de un conjunto de regulaciones que buscan equilibrar flexibilidad y control, permitiendo a los comerciantes mantener la operatividad y a los consumidores contar con referencias claras.
Así, el marco legal vigente no sólo legitima esta práctica, sino que también establece pautas para su correcta aplicación, contribuyendo a la estabilidad y transparencia en el mercado nacional.