Las licencias generales del Gobierno de Estados Unidos, que autorizaban transacciones con la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la cual fue sancionada por la OFAC en 2019, podrían llegar a su fin este 18 de abril
Estados Unidos se dispone a anunciar si a partir del jueves reactiva sanciones al petróleo y gas de Venezuela para castigar al presidente Nicolás Maduro por bloquear a la oposición en las elecciones previstas en julio.
El gobierno del presidente Joe Biden está contrariado con la evolución del proceso electoral en Venezuela desde la firma del Acuerdo de Barbados en octubre pasado.
Maduro, quien se presenta a un tercer mandato en los comicios del 28 de julio, ha respetado la parte técnica de este trato alcanzado con la oposición pero, según Washington, ha incumplido la condición de garantizar que todos puedan presentar a sus candidatos.
Maduro «ha defendido ciertos aspectos del acuerdo de Barbados, incluido el establecimiento de un calendario electoral y la invitación a misiones de observación internacionales» pero «al mismo tiempo se le ha visto bloquear a candidatos de la oposición», afirmó el martes el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.
La principal rival del chavismo, María Corina Machado, sigue inhabilitada y Corina Yoris, nominada por ella para sustituirla en los comicios, también ha sido vetada.
«Hemos dejado muy claro que si Maduro y sus representantes no implementan plenamente lo convenido en el Acuerdo de Barbados, volveríamos a imponer sanciones«, levantadas para impulsar el proceso electoral, insistió Miller.
La licencia general 44,que autoriza transacciones relacionadas con el sector petrolero y del gas, vence este jueves.
La producción de Venezuela se sitúa en torno a los 800.000 barriles diarios, tras tocar piso a mediados de 2020, cuando se desplomó por debajo de los 400.000, pero está lejos de los tres millones que alcanzaba hace 15 años.
Con todo, los ingresos de la petrolera estatal Pdvsa pasaron de 3.000 millones de dólares en 2022 a 6.320 millones en 2023, según el gobierno venezolano, porque el levantamiento parcial y temporal del embargo permitió restablecer envíos hacia países como India.
Todo indica que Maduro da por sentado que Estados Unidos reimpondrá las sanciones, a pesar de que representantes de su gobierno y funcionarios estadounidenses mantuvieron varias reuniones durante los últimos días.
«Ellos siguen chantajeando que van a quitar la licencia 44», dijo Maduro esta semana en uno de sus programas de televisión. «Nosotros vamos a seguir adelante con licencia, sin licencia, nosotros no somos colonia gringa (…) nadie nos va a parar», soltó.
El embargo al petróleo y el gas de Venezuela fue impuesto en 2019 como parte de una batería de sancionespara intentar provocar la caída de Maduro tras las elecciones de 2018, consideradas fraudulentas por Washington.
Estados Unidos ya reimpuso sanciones al oro pero debe sopesar pros y contras a la hora de decidir si revierte la flexibilización al embargo petrolero a menos de siete meses para las elecciones presidenciales.
La migración es uno de los temas centrales de los comicios estadounidenses de noviembre y Venezuela es un punto en rojo, con más de siete millones de personas que dejaron el país desde 2014, según la ONU.
Además Estados Unidos, y también Europa, buscan fuentes de energía estables desde que Rusia invadió Ucrania.
Existe un escenario intermedio plausible, según Francisco Monaldi, director del Programa Latinoamericano de Energía del Instituto Baker, en la Universidad de Rice, en Texas.
Una «posibilidad» es que «se deje morir» la licencia y que más tarde «autoricen licencias» a multinacionales como la francesa Maurel & Prom, la española Repsol o la italiana Eni, porque eso «mantendría a Maduro interesado» en una negociación, consideró en un encuentro con corresponsales extranjeros.
Sería en la línea de la otorgada al gigante estadounidense Chevron en noviembre de 2022 para operar en Venezuela y cobrar con crudo deudas pendientes.
«Si se revoca la licencia no va a haber cambios políticos, pero la pequeña esperanza de una recuperación económica se cercena«, estimó por su parte Oscar Duval, presidente de la casa de bolsa Rendivalores.
Venezuela tuvo un crecimiento de 15% en 2022 y 5% en 2023 según el gobierno, después de ocho años de recesión, en los que el PIB se contrajo 80%.
El gobierno de Biden tiene en mente otra variable: el 20 de abril cierra el plazo para sustituir candidatos en las presidenciales venezolanas y la oposición busca a contrarreloj una «candidatura unitaria».
Hasta ahora el chavismo ha descartado dar marcha atrás con las inhabilitaciones, pese a aceptar un mecanismo para revisarlas, al que se sometió Machado.
La OFAC ha emitido 930 sanciones dirigidas a funcionarios, instituciones, empresas, aviones y barcos asociados con el gobierno de Nicolás Maduro, pero solo un pequeño porcentaje de estas sanciones afectan directa o indirectamente la economía del país.
Las sanciones que se impusieron en 2008 y hasta mediados de 2017 se aplicaron a personas naturales, relacionadas con la violación de derechos humanos, el tráfico de drogas, altos niveles de corrupción y fraude electoral. Las de 2014, durante el gobierno de Barack Obama, buscaba además impedir que se usara el sistema financiero de EEUU para estas actividades.
El punto de inicio de las sanciones, que pudieron provocar desbalances financieros y económicos en el país, se dio el 24 de agosto de 2017, cuando el gobierno de Donald Trump emitió la Orden Ejecutiva 13808, la cual prohibió realizar transacciones relacionadas con la provisión de financiamiento a cualquiera de sus órganos o entes, incluida la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa), por lo que se impidieron nuevas emisiones de deuda o bonos, negociar bonos existentes o la venta de activos en Estados Unidos.
Sin embargo, para muchos analistas económicos, estas medidas no tuvieron un gran efecto en la dinámica de las finanzas venezolanas. Según Sutherland, solo vinieron a refrendar legalmente una imposibilidad cierta: “nadie desea adquirir bonos de Venezuela y de Pdvsa y los tenedores actuales se niegan a negociar una reestructuración”.
Ahora bien, fue en noviembre de 2018 cuando se emitió la que es considerada la primera medida que afectó los ingresos nacionales. La Orden Ejecutiva 13850 impuso sanciones contra las exportaciones de oro y otros sectores de la economía.
Apenas dos meses después, esta misma orden ejecutiva se amplió para incluir nuevas sanciones a la estatal Pdvsa, lo que implica que todas las propiedades de la compañía petrolera bajo jurisdicción estadounidense pasaban a estar bloqueadas. Además,toda persona estadounidense tenía prohibición de establecer negocios con esa empresa venezolana.
Le siguieron en ese mismo año sanciones al Banco Central de Venezuela, a los gobernadores aliados con Maduro, a bancos estatales como Bandes y Banco de Venezuela y a la aerolínea estatal Conviasa. Además se sancionaron a empresas que prestaban servicios de transporte a Pdvsay a decenas de embarcaciones, algunas propiedad de la petrolera estatal.
Con información de AFP
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