Mientras un portavoz del Gobierno de Biden advierte a Reuters que las sanciones sobre Venezuela volverían este 18 de abril, Caracas se llena con vallas en alusión a las sanciones y la vinculación de la oposición con ellas
Las licencias generales del Gobierno de Estados Unidos, que autorizaban transacciones con la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la cual fue sancionada por la OFAC en 2019, podrían llegar a su fin este 18 de abril.
Esto quiere decir que dentro de tres días vencería la licencia que Washington autorizó como parte de las negociaciones de la oposición y el Gobierno de Maduro en Barbados para desarrollar unas elecciones presidenciales libres y democráticas.
Ante la inhabilitación de María Corina Machado, la negativa del CNE a la inscripción de quien sería su sucesora, Corina Yoris, y la persecusión y encarcelamiento de dirigentes del movimiento Vente, liderado por Machado, el escenario de la rehabilitación de las sanciones es muy probable. El Gobierno de Maduro lo sabe, y desde ya está impulsando propaganda alrededor de este escenario.
Esta semana, distintas vías de Caracas amanecieron con enormes vallas propagandísticas en las que se leen frases como «Venezuela no puede importar insulina», en alusión a las sanciones impuestas por EEUU al país. En estas enormes pancartas se culpa, a su vez, a la oposición de pedir las sanciones al país.
Las vallas se observan en la autopista Prados del Este, sentido centro y sentido La Trinidad, en la autopista Francisco Fajardo, vía Antímano, en el distribuidor La Araña y en la autopista Valle-Coche.
Las cartas parecen estar echadas. Este lunes 15 de abril, un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, adelantó a la agencia Reuters que la administración de Biden no renovará las licencias generales que autorizaban transacciones relacionadas con la industria petrolera venezolana.
«A falta de avances por parte de Maduro y sus representantes en términos de implementar las disposiciones de la hoja de ruta, Estados Unidos no renovará la licencia cuando expire el 18 de abril de 2024», dijo el portavoz citado por Reuters.
Según un reporte publicado en The Washington Post, la administración de Biden estaría considerando formas de imponer nuevos límites a las ventas de petróleo por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro, pero espera lograr esto sin aumentar los precios del gas en Estados Unidos o enojar a otros gobiernos latinoamericanos.
Una de las propuestas sobre la mesa sería que el Departamento del Tesoro impondría un nuevo régimen de sanciones que permitiría a Venezuela seguir vendiendo crudo a clientes internacionales. Sin embargo, la transacción no sería en dólares estadounidenses, que es la moneda dominante en el mercado, sino que se le pagaría en bolívares, depositado directamente en su Banco Central a través de pagos de alivio de deuda o acuerdos de trueque que intercambiarían petróleo por diluyente, gasolina o diésel.
Esto lo dijo un asesor de compañías energéticas involucradas en el sector petrolero de Venezuela, quien habló bajo condición de anonimato a The Washington Post.
Los funcionarios de Biden, preocupados por las consecuencias políticas de hacer supuestas concesiones a un líder autoritario, deben argumentar que la nueva política no representa ceder ante los intereses de un gobierno de Maduro que ha reprimido repetidamente a la oposición democrática.
Al parecer, desde Washington se está intentando llegar a un acuerdo antes de emitir una decisión, aunque el Gobierno de Maduro no se la ha puesto fácil.
Hace apenas una semana, la agencia Bloomberg reportó que funcionarios estadounidenses se reunieron en secreto con miembros de la administración del presidente venezolano Nicolás Maduro para mantenerlo involucrado en negociaciones sobre reformas democráticas mientras se acerca la fecha límite para restablecer las sanciones contra la industria petrolera del país.
Representantes de la administración de Joe Biden y del gobierno venezolano, incluido Daniel Erikson del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos y el principal negociador de Maduro, Jorge Rodríguez, se reunieron el martes 9 de abril en la Ciudad de México para discutir las condiciones electorales, según personas con conocimiento directo del asunto, aseguró Bloomberg.
El levantamiento de las restricciones a la industria petrolera se produjo a cambio de que Venezuela cumpliera con una serie de compromisos que implicaba la liberación de presos políticos y garantías electorales para las elecciones presidenciales. A pesar de que al inicio del acuerdo se excarcelaron a seis opositores, entre ellos Juan Requesens y Roland Carreño, junto a un grupo de 10 ciudadanos estadounidenses, el periodo de buena voluntad no duró mucho tiempo.
Tras la excarcelación del empresario Alex Saab, acusado en EEUU por estar vinculado a actos de corrupción con el gobierno de Maduro y la flexibilización de las sanciones, el Gobierno venezolano retrocedió en parte de los acuerdos al ratificar la inhabilitación de María Corina Machado, no permitir la inscripción de candidatos alternos como Corina Yoris y encarcelar a miembros del partido de Machado y a figuras del activismo de derechos humanos como Rocío San Miguel.
El retorno de las sanciones es algo que se espera. A finales de enero EE.UU advirtió sobre el regreso de las sanciones a Pdvsa si el Gobierno de Maduro no desistía de la inhabilitación de María Corina. Ahí la posibilidad de la no renovación de la licencia fue prácticamente un hecho. En un discurso frente a la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez respondió sobre la exigencia hecha desde Washington con la frase: “Ahórrense el lapso, yanquis de mierda”.
Sin embargo, el lapso, que finaliza este 18 de abril, le ha permitido a Maduro percibir las ganancias de la flexibilización antes de las elecciones presidenciales con fecha ya pautada para el 28 de julio. De hecho, los analistas señalan que de reimponerse las sanciones, los efectos no se percibirán en la economía hasta meses después, cuando la elección ya haya ocurrido.
La OFACha emitido 930 sancionesdirigidas a funcionarios, instituciones, empresas, aviones y barcos asociados con el gobierno de Nicolás Maduro, pero solo un pequeño porcentaje de estas sanciones afectan directa o indirectamente la economía del país.
Lassancionesque se impusieron en 2008 y hasta mediados de 2017 se aplicaron a personas naturales, relacionadas con la violación de derechos humanos, el tráfico de drogas, altos niveles de corrupción y fraude electoral. Las de 2014, durante el gobierno de Barack Obama, buscaba además impedir que se usara el sistema financiero de EEUU para estas actividades.
El punto deinicio de las sanciones, que pudieron provocar desbalances financieros y económicos en el país, se dio el 24 de agosto de 2017, cuando el gobierno de Donald Trump emitió laOrden Ejecutiva 13808, la cual prohibió realizar transacciones relacionadas con la provisión de financiamiento a cualquiera de sus órganos o entes, incluida la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa), por lo que se impidieron nuevas emisiones de deuda o bonos, negociar bonos existentes o la venta de activos en Estados Unidos.
Sin embargo, para muchos analistas económicos, estas medidas no tuvieron un gran efecto en la dinámica de las finanzas venezolanas. Según Sutherland, solo vinieron a refrendar legalmente una imposibilidad cierta: “nadie desea adquirir bonos de Venezuela y de Pdvsa y los tenedores actuales se niegan a negociar una reestructuración”.
Ahora bien, fue en noviembre de 2018 cuando se emitió la que es considerada la primera medida que afectó los ingresos nacionales. LaOrden Ejecutiva 13850impuso sanciones contra las exportaciones de oro y otros sectores de la economía.
Apenas dos meses después, esta misma orden ejecutiva se amplió para incluir nuevas sanciones a la estatal Pdvsa, lo que implica que todas las propiedades de la compañía petrolera bajo jurisdicción estadounidense pasaban a estar bloqueadas. Además,toda persona estadounidense tenía prohibición de establecer negocios con esa empresa venezolana.
Le siguieron en ese mismo año sanciones alBanco Central de Venezuela, a los gobernadores aliados con Maduro, a bancos estatales comoBandes y Banco de Venezuelay a la aerolínea estatalConviasa. Además se sancionaron aempresas que prestaban servicios de transporte a Pdvsay a decenas de embarcaciones, algunas propiedad de la petrolera estatal.
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