La falta de divisas y la aplicación de la Ley Orgánica de Precios Justos ha obligado a cerca 3.000 de los 10.000 puntos de venta que habían en 2014, a cerrar sus puertas, informó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Autopartes, José Cinirella.
En rueda de prensa, el dirigente gremial indicó que aproximadamente 30% de los negocios han cerrado sus puertas. «El sector tiene 8 meses sin recibir divisas. Incluso, de la subasta 10 de Sicad, de marzo de 2014, aún no se ha pagado a algunos proveedores. Mientras tanto los empresarios locales no han podido movilizar parte de su dinero. Cómo sobrevives con el capital bloqueado», señaló Cinirella.
Los empresarios no han podido reponer inventarios porque no tienen acceso a la moneda dura y no pueden hacerlo a dólar libre porque por la ley de precios justos están impedidos de trasladar los costos al consumidor (se les permite una ganancia máxima de 30%) y para hacerlo tendrían que ajustar precios hasta 3.000%.
De acuerdo con la información ofrecida por Cinirella, la deuda que mantienen con proveedores internacionales se ubica en $45 millones.
«No está planteado que el sector de autopartes venda en dólares», dijo al referirse al acuerdo logrado por Ford Motor Venezuela con el gobierno.
Para vender en dólares hay que modificar el marco legal, recordó el dirigente.
El representante del sector importador dijo que las empresas se están descapitalizando producto de políticas económicas fracasadas impuestas hace 16 años.
Han desaparecido del mercado venezolano los grandes importadores, que han preferido otros países, así como pequeños y medianos comercios.
Manifestó la intención de ser parte de la solución, pero no han sido escuchados por el Centro Nacional de Comercio Exterior. «Hemos dirigido dos cartas a su presidente Rocco Albisinni y no tenemos respuesta».
En el Ministerio de Comercio entienden la problemática del sector, pero ellos solos no pueden tomar decisiones, sostuvo Cinirella.
Aunque sin mucha difusión, el presidente de Canidra dijo que han recrudecido las fiscalizaciones del sector. 10% de los afiliados a la organización ha sido sancionado con multas que van desde 300 hasta 3.000 unidades tributarias.
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