Falta de acuerdo tripartito agrava conflictividad laboral

Martínez respaldó el informe de la organización, según el cual, «…puede surgir el peligro de que la participación tripartita sea relegada a un papel marginal o puramente formal. Ese riesgo, y peor aún la exclusión total de la participación tripartita, estaría en contradicción con los principios básicos en que se fundamenta la propia Agenda 2030”.

El efecto perverso no se ha hecho esperar: Se incrementa día a día el ya alto nivel de conflictividad laboral. Muchas empresas, especialmente pequeñas y medianas, han tenido que cerrar sus puertas, con el inmediato impacto negativo en la reducción de los puestos de trabajo, dijo el presidente de Fedecámaras, delegado y consejero técnico suplente de los empleados en Venezuela.

«Creemos que solo a través de la contribución tripartita eficaz podrán corregirse tales desviaciones y alcanzar un marco legal que garantice empleos decentes y permita que Venezuela se anote en el grupo de naciones que si van a cumplir el objetivo de la Agenda 2030».

Empresas extranjeras han desconsolidado sus operaciones en Venezuela de sus balances; líneas aéreas han dejado de operar en nuestros aeropuertos; empresas prestadoras de servicios de apoyo a la industria petrolera han decidido cerrar sus operaciones en el país; es cada vez más difícil realizar una llamada telefónica internacional; miles de videos dan la vuelta al mundo mostrando multitudes de venezolanos día a día en interminables filas, a la búsqueda de la alimentación básica para sus familias, señala el empresario en nota de prensa.

El entorno para la generación de empleos no puede ser peor, indicó, al hacer mención al deteriorado entorno político y económico. «Hoy es irrelevante el número de veces que el gobierno aumente el salario mínimo, al no corresponderse esa decisión con políticas que mantengan el poder adquisitivo mínimo. La tendencia inevitablemente es que se agraven los problemas y los nuevos ingresos se evaporan de inmediato».

La Ley del Trabajo de 2012,  aprobada sin el debido debate parlamentario y diálogo social, incorporó una serie de condiciones a la relación de trabajo que atentan contra la generación de empleo y el mejoramiento de su calidad, por cuanto está divorciada de la realidad económica que atraviesa el país y de las tendencias globales en desarrollo en el mundo moderno.

«Hoy, a cuatro años de su vigencia, la Ley del Trabajo ha sido la causa de un inusitado incremento de la economía informal, en detrimento de la creación de empleo decente, y de otra serie de distorsiones en las relaciones sociales entre empleadores y trabajadores».

Martínez solicitó explícitamente el apoyo de la OIT y del resto de las naciones que creen en la democracia y la libre iniciativa empresarial, como fórmulas de convivencia social y progreso, para que contribuyan a facilitar el diálogo social que se requiere hoy en Venezuela, de cara a superar la crisis económica, restablecer el estado de derecho y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y garantías civiles, políticas, económicas, sociales, de educación, salud, información y de seguridad, consagradas en la Constitución Nacional, que permitan la generación del mayor número de empleos decentes, vehículo imprescindible para erradicar la pobreza en el mundo.