La Fiscalía francesa reclamó la absolución de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, en el juicio contra ella por negligencia en su gestión cuando era ministra francesa de Finanzas, durante el mandato del conservador Nicolas Sarkozy.
El fiscal Jean-Claude Marin subrayó ante la Corte de Justicia de la República (CJR) que el proceso, que comenzó el pasado lunes, no ha permitido establecer certidumbres para que se pueda imponer a Lagarde una condena penal y dio a entender que lo único que se le podría reprochar sería una «responsabilidad política».
En 2007 y 2008 la ministra Lagarde «tomó, es verdad, decisiones que se mostraron a posteriori (…) poco favorables a las finanzas públicas, pero eso no cuestiona ni su buena fe, ni el proceso de decisión», argumentó Marin.
Añadió que eso «pudo constituir un error de apreciación, una falta política, pero no un delito».
Marin se reafirmó en la posición del Ministerio Público, que durante la fase de instrucción había solicitado el archivo del procedimiento contra la exministra, e hizo hincapié en que este juicio «está en el límite de lo político y lo judicial».
La inculpación por negligencia tiene que ver con la decisión de Lagarde en 2007 de decretar un arbitraje -en lugar de recurrir a la justicia ordinaria- para solucionar un contencioso que se arrastraba desde los años 90 con el empresario Bernard Tapie por la venta de Adidas por Crédit Lyonnais, que entonces era un banco público.
El fiscal consideró que lo que se le reprocha no es la inacción en la gestión del contencioso, sino en todo caso «haber actuado y equivocarse».
A ese respecto, añadió que corresponderá al tribunal (compuesto por tres jueces y doce parlamentarios, el único competente para juzgar a ministros por el ejercicio de sus funciones) determinar si tuvo una acción negligente «deliberada» o si tomó una decisión que solo puede analizarse bajo el prisma de la responsabilidad política.
«Es un proceso atípico porque es un proceso político penal sin acusación» y que «parece totalmente incomprensible», dijo el fiscal.
Además, destacó que el FMI ha manifestado repetidamente a Lagarde su apoyo con conocimiento del dossier que pesa sobre ella y que, en caso de ser considerada culpable, podría suponerle una pena de hasta un año de cárcel y 15.000 euros de multa.
Aquel arbitraje dio lugar a una controvertida decisión favorable al empresario -próximo a Sarkozy- que tuvo un coste para el Estado francés de 403 millones de euros y que supuso el reconocimiento de un perjuicio moral para Tapie de 45 millones de euros.
Lagarde no solo apostó por el arbitraje contra la opinión de la Agencia de Participaciones Estatales (APE), sino que no recurrió ese dictamen de los árbitros, pese a algunos informes que le aconsejaban hacerlo dentro de su propio departamento.
El representante del Ministerio Público, en cualquier caso, consideró que «el recurso a un arbitraje no era en sí incoherente» para liquidar este asunto, y de hecho lo habían contemplado gobiernos anteriores.
Es verdad, puntualizó, que el arbitraje tendría que haber sido adecuado, pero «Lagarde no lo sabía en ese momento».
El último testigo en declarar fue el que durante muchos años fue la mano derecha de Nicolas Sarkozy, y en el periodo de los hechos secretario general del Elíseo, Claude Guéant, que negó cualquier forma de connivencia del entonces jefe del Estado con Bernard Tapie en este asunto.
Pese a que él mismo organizó una reunión sobre el contencioso con el empresario en su despacho del Elíseo el 30 de julio de 2007, después de que lo hubiera recibido Sarkozy, y pese a que recibía continuos mensajes de Tapie sobre cómo esperaba que se comportara la Administración con él, Guéant aseguró que nunca dio «ninguna continuidad» a esas demandas.
E indirectamente defendió a Lagarde al señalar que el arbitraje «era la mejor fórmula en interés del Estado y de las finanzas públicas», y eso aunque no pensara lo mismo la APE, «que no es infalible».
Tapie, de 73 años, es una figura controvertida en Francia. Expresidente del Olympique de Marsella y antiguo ministro a comienzos de los 90, llegó a ser condenado en 1995 a dos años de cárcel, de ellos ocho meses en firme, por irregularidades económicas y deportivas cuando estaba al frente del club.
El juicio terminará previsiblemente el lunes o el martes de la semana próxima y será entonces cuando se conozca el veredicto.
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