Empresas interesadas en petróleo, minería, transporte y manufactura mantienen reservas por la inseguridad jurídica, el deterioro de la infraestructura y casos judiciales aún sin resolver
Las reformas económicas promovidas por el gobiernode Venezuela para atraer capital extranjero todavía no logran disipar las dudas de los inversionistas internacionales.
Aunque las autoridades han flexibilizado normas y abierto sectores estratégicos a la inversión privada, persisten preocupaciones relacionadas con la seguridad jurídica, la independencia de las instituciones y las condiciones operativas del país, según un informe de Reuters
Una docena de fuentes consultadas por Reuters, entre inversionistas y firmas de asesoría internacional, coincidieron en que la incertidumbre legal continúa siendo el principal obstáculo para concretar nuevos negocios.
Entre las preocupaciones figuran la resolución de disputas comerciales, la independencia del sistema judicial, los antecedentes de expropiaciones durante las últimas dos décadas, los mecanismos de arbitraje y la posibilidad de que se mantengan restricciones cambiarias que afecten la repatriación de capitales.
Durante una conferencia petrolera celebrada en Houston en mayo, la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, destacó que la nueva legislación petrolera incorpora mecanismos para resolver controversias tanto dentro como fuera del país. Sin embargo, potenciales inversionistas consideran que aún falta evidencia sobre cómo funcionarán estos mecanismos en la práctica.
«En estos momentos no existe seguridad jurídica», declaró a Reuters un abogado vinculado a una firma consultora internacional. Según la agencia, varias empresas consideran que continúan expuestas a riesgos regulatorios y legales.
Además de las preocupaciones legales, las deficiencias de infraestructura representan otro factor que frena la llegada de capital extranjero.
Empresarios consultados por Reuters señalaron problemas en puertos, carreteras, sistemas eléctricos, suministro de agua y servicios logísticos. Estas limitaciones obligan a las compañías a contemplar inversiones adicionales antes incluso de iniciar operaciones productivas.
Jesse Cole, presidente de la firma Sky Drop Capital, explicó a Reuters que una evaluación realizada en el puerto de Guanta reveló carencias importantes, entre ellas fallas eléctricas, ausencia de sistemas de refrigeración adecuados, limitaciones en el suministro de agua y escasez de servicios de transporte pesado.
Las dificultades coinciden con diagnósticos recientes sobre el sistema eléctrico nacional. Expertos estiman que Venezuela enfrenta déficits de generación y frecuentes interrupciones de servicio que afectan tanto a la población como a la actividad industrial.
Las nacionalizaciones ejecutadas durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro siguen influyendo en la percepción de riesgo del país.
Según Reuters, varios inversionistas reconocen avances en la apertura económica, pero consideran que el historial de expropiaciones mantiene viva la incertidumbre sobre la protección de los activos extranjeros.
Esteban Elias, director para América Latina del bufete Leech Tishman, señaló que muchos empresarios todavía se preguntan si situaciones similares podrían repetirse en el futuro.
La preocupación no es menor. Empresas internacionales como ConocoPhillips obtuvieron en años anteriores laudos arbitrales multimillonarios contra Venezuela tras perder activos durante procesos de nacionalización.
Una fuente consultada por Reuters resumió el sentimiento de parte del sector privado al señalar que algunas compañías aún sufren una especie de «estrés postraumático» derivado de experiencias previas en el país.
Otro elemento que genera inquietud entre potenciales inversionistas son los casos judiciales que involucran a trabajadores del sector energético y representantes de empresas extranjeras.
Reuters reportó que al menos 78 empleados de Pdvsa permanecen detenidos en el marco de investigaciones por presuntos delitos relacionados con corrupción y contrabando de combustibles. Familiares de los trabajadores han cuestionado las acusaciones y denunciado limitaciones para ejercer plenamente su defensa.
La agencia también destacó el caso del abogado José Ignacio Moreno, vinculado a la minera canadiense Gold Reserve, quien permanece detenido desde 2023 acusado de traición y conspiración.
Según analistas citados por Reuters, este tipo de casos genera preocupación entre inversionistas extranjeros porque plantea interrogantes sobre las garantías procesales y la protección de profesionales que trabajan para compañías internacionales.
Empresas de sectores como minería, transporte marítimo, productos químicos, servicios petroleros y farmacéuticos continúan reuniéndose con autoridades y evaluando proyectos potenciales. Sin embargo, muchas permanecen en una fase preliminar de análisis.
Un ejecutivo farmacéutico indio consultado por Reuters señaló que el país necesita construir confianza mediante reglas claras y procesos transparentes que permitan a los inversionistas entender cómo ingresar al mercado y cómo proteger su capital.
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