En varias ciudades de Perú diversos gremios están amenazando con paros para presionar al presidente izquierdista Pedro Castillo a frenar las alzas o congelar los precios, algo que el gobierno no puede decretar debido a que la Constitución consagra el libre mercado desde hace tres décadas.
A la limeña María Jesús Avilés ya no le alcanza su salario para comprar alimentos para su familia. «Antes podíamos comer aunque sea un arroz con huevo. Ahora comer arroz con huevo es un lujo», dice con pesar esta mujer a la AFP en el mercado La 70 de Condevilla Señor, en el norte de la capital del Perú.
«El sueldo es demasiado bajo para la canasta básica y todos los hogares de Perú están sorprendidos. Ante cocinaba con 20 o 30 soles [unos 5 o 7,5 dólares], ahora tienes que agarrar el doble porque no alcanza», agrega esta funcionaria municipal de 58 años.
Como ella, millares de peruanos están angustiados por las alzas de los precios de los alimentos, una secuela de la guerra en Ucrania.
«La situación está muy crítica, te vas al mercado y tienes que estar como limosnera buscando precios y los precios están altos», se lamenta María del Carmen Ávila, de 56 años, en el mismo centro comercial.
«Voy a preparar carne picante. Antes comprábamos medio kilo de carne, ahora compramos solo un cuartito con un poco de papita para poder subsistir», indica esta ama de casa a la AFP.
(En Perú viven hoy 1,3 millones de migrantes venezolanos, muchos de ellos en condiciones de pobreza y de inseguridad alimentaria. Estas son cifras de R4V (Plataforma Regional de Coordinación Interagencial, auspiciada por la ONU y ACNUR para coordinar los esfuerzos de respuesta en 17 países de América Latina y el Caribe a la situación de los migrantes venezolanos).
No está claro hasta ahora cómo la situación económica de Perú afecta a los empobrecidos venezolanos. Ese es el segundo país con más migrantes llegados en varias oleadas desde Venezuela, después de Colombia, donde viven 1,8 millones de venezolanos entre migrantes establecidos y refugiados.
La mayor parte de estos venezolanos están asentados en la Lima Metrop0litana, una enorme región urbana que agrupa a 8,5 millones de habitantes de un total de 33 millones que tiene este extenso país.
Los venezolanos son el 84% de la población de extranjero de Perú, según datos oficiales de 2019.
El tercer país en número de refugiados y migrantes es Ecuador, con 513.000 personas, y el cuarto Estados Unidos, con 465.000, según datos de la plataforma, que se consideran por debajo de los números reales porque es difícil contar a los migrantes no autorizados.
Varios expertos advierten que todos los países que albergan a más venezolanos de una otra forma sufren la inflación mundial, el alza de los alimentos y las turbulencias económicas. Esto a su vez golpea la posibilidad de esos migrantes de enviar remesas que se han convertido en un importante motor de la actividad comercial en la incipiente recuperación de Venezuela.
En marzo, los precios de los alimentos subieron en Perú 3,41% en promedio, la mayor variación mensual en 26 años, según cifras oficiales.
«Los precios están muy elevados. La situación está difícil y mi pensión no me alcanza», dice a la AFP Julia Lázaro, de 70 años, quien percibe una jubilación mensual de 460 soles (124 dólares).
La angustia por los mayores precios ha generado protestas en Lima y otras ciudades, con saldo de un muerto y una quincena de heridos en choques con la policía.
Pero las alzas no son un problema exclusivo de Perú.
Los precios mundiales de los alimentos alcanzaron en marzo «un nivel nunca registrado» debido a la guerra en Ucrania, que afecta seriamente al comercio de cereales y aceites vegetales, indicó a inicios de abril la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Ante este complicado escenario, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio y el Programa Mundial de Alimentos de la ONU llamaron a que se tomen medidas urgentes contra la creciente «inseguridad alimentaria» en los países no desarrollados.
«Es fundamental proporcionar rápidamente apoyo a los países con inseguridad alimentaria de forma coordinada», afirmaron en un comunicado conjunto los jefes de estos cuatro organismos, el 13 de abril.
Entre las medidas que propusieron están proveer financiación para apoyar a los agricultores y aumentar el suministro de alimentos en esas naciones.
Las protestas por las alzas de alimentos y combustibles no han estado dirigidas directamente contra Castillo, pero por momentos se confunden con manifestaciones convocadas por grupos opositores radicales que buscan la salida anticipada del mandatario, en el poder desde hace nueve meses.
Desde diciembre de 2017, por el Congreso peruano han pasado seis mociones de «vacancia presidencial» (destitución), como las que llevaron a la caída de Pedro Pablo Kuczynski (derecha) en 2018 y Martín Vizcarra (centro) en 2020. Castillo se salvó del mismo destino cuando un intentó de destituirlo fracasó en marzo.
Todo esto eleva la tensión política y genera incertidumbre en un país que ha tenido cinco presidentes en poco más de cuatro años.
Bajo esta coyuntura, el Índice de Confianza del Consumidor, que elaboran la encuestadora Ipsos y Apoyo Consultoría, cayó en abril a 34 puntos, su nivel más bajo en 18 años.
Para apaciguar los ánimos, fue derogado el 12 de abril el impuesto a las ventas de pollo, huevos, fideos, harina, azúcar, carnes y otros alimentos básicos, así como el tributo a los combustibles.
Además, Castillo elevó 10% el sueldo mínimo a 1.025 soles (277 dólares) a partir del 1 de mayo.
Sin embargo, la Conferencia Episcopal considera que «las medidas económicas que se han dado en los últimos días […] resultan insuficientes».
«No están focalizadas a contrarrestar el duro impacto económico que estamos viviendo».
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