El diputado y miembro de la comisión de Energía y Petróleo, Antonio Barreto Sira, indicó este lunes que el derrame inició el pasado 2 de noviembre a las 11:00 pm. Sin embargo, el hecho pudo conocerse hasta este fin de semana, pues según el parlamentario la Guardia Nacional tiene cercada la zona y no permite el acceso al lugar.
El parlamentario explicó que el oleoducto de 36 pulgadas, que lleva petróleo desde San Diego de Cabrutica al Complejo Industrial José Antonio Anzoátegui, sufrió una ruptura debido a la falta de mantenimiento.
Barreto Sira aseguró en declaraciones a El Estímulo desde la zona afectada que la tubería, que tiene una vida útil de 15 años, nunca ha sido reemplazada.
Precisó que se han derramado entre 30.000 y 40.000 barriles, convirtiéndolo así en el segundo derrame más grande en la historia de Venezuela, luego del ocurrido en 2012 en el río Guarapiche, estado Monagas, cuando se perdieron unos 80.000 barriles de crudo.
El vertido “afectó notablemente” a los habitantes de la zona urbana y rural próxima al río Guarapiche donde se registró el percance, declaró a los medios de comunicación Gabriela Yánez, entonces presidenta del ente estatal Aguas de Monagas, encargado del suministro del servicio en ese estado.
El diputado destacó además que el crudo puede llegar al río Orinoco, pues el río Pao que desemboca en ese torrente también se vio afectado.
Barreto Sira consideró que Petróleos de Venezuela (Pdvsa) ha manejado muy mal la situación pues, en su opinión, mantuvo el derrame en secreto por varios días. Además, calificó como escueto el comunicado emitido por la estatal.
El también diputado Carlos Andrés Michelangeli, dijo a través de su cuenta de Twitter que más de 130 fincas de productores agropecuarios entre pequeños y grandes, ya habían sido afectadas por el derrame en el río Aribi, hasta la tarde del lunes.
«Verificamos el terrible daño ambiental», dijo el diputado al acusar a Pdvsa de esconder el informe oficial sobre el suceso.
«Es de grandes magnitudes y sigue su curso hacia el río Orinoco, afecta a los animales, hay una mortandad de peces, es un daño ecológico muy fuerte, el agua que sale de los grifos tiene petróleo», denunció.
El parlamentario afirmó que los derrames de petróleo en Pdvsa son diarios, «en menores magnitudes pero frecuentes». «Nuestros niveles de seguridad industrial han decaído. Lo que vivimos es el ocaso, el destrozo de una empresa tan importante, no hay mantenimiento, no hay inversión y para muestra un botón», manifestó.
Barreto Sira informó que este martes solicitará a la Asamblea Nacional que se designe una comisión especial, integrada por diputados oficialistas y de oposición, para que se investigue el caso con especialistas en el lugar.
El ingeniero y experto en mantenimiento, Víctor Pérez, dijo que “nuevamente la ineficiencia del gobierno quedó en evidencia, no existen técnicas de mantenimiento predictivos y ensayos no destructivos, que permitan determinar una posible falla de una tubería. Igualmente no cuentan con políticas de reemplazo”.
El especialista aseguró que no existen modelos de gestión de activos y tampoco se están aplicando las normas ni siguiendo las recomendaciones para el manejo de tuberías.
El también profesor universitario destacó que las tuberías tienen bajas probabilidades de fallar, pero conllevan altos riesgos que se traducen en catástrofes medioambientales, que pueden perjudicar a los seres humanos, por lo cual es necesario que se encuentren en buen estado para evitar estas situaciones.
Víctor Pérez criticó que el gobierno mantenga cercada la zona por parte de la Guardia Nacional, lo que ha impedido el traslado del personal especializado hacia la zona afectada, y una inspección verídica.
Pdvsa emitió este lunes un comunicado en su portal web, en el que informó que funcionarios de la compañía se encuentran desplegados atendiendo a las comunidades situadas en el sur de Anzoátegui, afectadas por la filtración de crudo ocurrida en el oleoducto ubicado en la comunidad de Santa Clara.
«Actualmente, la estatal ejecuta un plan de acción estructurado a través de ocho puntos de control, desde Santa Clara hasta Atapirire, en un radio de más de 50 kilómetros, en los cuales se activó personal especializado de la Faja», agrega.
