Un estudio de ANOVA Policy Research, impulsado sobre todo por los apagones, calcula que la precariedad de los servicios públicos sacó a 494.763 personas del mercado laboral en 2026 y le costó a la economía hasta US$1.600 millones, con un impacto que golpea con más fuerza a las mujeres
En 2026, la crisis de electricidad y agua en Venezuela dejó de ser solo un problema de calidad de vida y se convirtió en un freno medible a la economía. Así lo documenta el más reciente Policy Brief de ANOVA Policy Research, que cruza microdatos de encuestas de hogares con modelos de regresión para precisar realmente cuánto le cuesta al país que siete de cada diez familias tengan que organizar su día en torno a la llegada del agua o a la hora del apagón.
La respuesta, según el estudio, es inquietante. Un total de 494.763 personas dejaron de trabajar como consecuencia directa de la precariedad de los servicios, lo que equivale a US$1.159,4 millones no percibidos en salarios (1,04% del PIB) y hasta US$1.600 millones de producto que la economía dejó de generar, unas 1,4 décimas del PIB de 2026.
El Índice de Precariedad de Servicios (IPS) que construye ANOVA, y que marca como precario a todo hogar con baja frecuencia en el suministro de agua o de electricidad, o en ambos, venía dando un respiro en 2025. Ese año la proporción de hogares afectados había bajado de 59,5% en 2024 a 48,5%. Sin embargo, ese alivio se esfumó este año. En 2026 el indicador saltó a 70,2%, el nivel más alto de toda la serie, lo que representa un salto de 21,7 puntos porcentuales en apenas doce meses.
¿El culpable principal? El racionamiento eléctrico. La proporción de hogares con cortes de luz diarios pasó de 37,1% en 2024 a 62,8% en 2026, casi dos de cada tres familias. Los hogares con servicio eléctrico continuo, que ya eran minoría en 2024 (8,2%), se redujeron aún más, a 6,9%.
El agua, con una infraestructura que lleva más de una década degradándose, avanza en la misma dirección aunque a ritmo más lento. El 35,8% de los hogares reportó baja frecuencia en el suministro este año, y la proporción de familias que reciben agua por tubería menos de un día a la semana subió de 15,4% en 2024 a 22,1% en 2026.
El hallazgo central del estudio es que esa precariedad no se queda en la puerta de la casa, sino que se traslada al mercado laboral. Entre las personas de hogares sin fallas en los servicios, la tasa de participación laboral es de 66,5%; entre las de hogares precarios, de 60,2%. Es una brecha bruta de 6,3 puntos que, al controlar por otras características del hogar y de las personas, se reduce a 4,4 puntos, pero no desaparece. Con la tasa de ocupación el patrón se repite: 62,5% frente a 56,6%, una brecha que el modelo ajusta a 3,9 puntos.
El mecanismo, dice ANOVA, es directo. Sin dinero para pagar alternativas privadas, como plantas eléctricas y cisternas, los hogares mas vulnerables solo tienen su propio tiempo para sortear la escasez. Acarrear agua, almacenarla de madrugada, reorganizar la jornada en torno al horario del apagón son tareas que compiten, hora por hora, con el tiempo disponible para generar ingresos.
Uno de los datos más reveladores del estudio es que la crisis no golpea igual a hombres y mujeres dentro del mismo hogar. En los hogares sin fallas de servicios, las mujeres ocupadas ya trabajaban 3,2 horas semanales menos que los hombres. En los hogares con precariedad, esa brecha se dispara a 5,6 horas menos, lo que representa un incremento de 75% explicado por un «efecto diferencial» de 2,4 horas semanales que recae específicamente sobre ellas.
Los datos muestran que, ante la escasez, hombres y mujeres del mismo hogar ajustan su oferta laboral en direcciones opuestas. Mientras ellos trabajan 1,7 horas más, probablemente para compensar la presión sobre el ingreso familiar; ellas absorben la carga adicional de la supervivencia doméstica y recortan horas de trabajo remunerado.
En un país donde la participación laboral femenina ya es de las más bajas de la región (50,8%, frente a 75,7% de los hombres, según estimaciones previas de ANOVA), el reporte concluye que la rehabilitación de los servicios básicos también es, en el fondo, una política de igualdad de género.
El plan de contingencia eléctrica que el Gobierno decretó a finales de marzo (45 días de racionamiento) se extendió, y en agosto, con la demanda en 15.726 megavatios frente a una disponibilidad cercana a 12.000, la administración pública terminó trabajando en días alternos y media jornada. Los acuerdos anunciados para recuperar capacidad de generación, entre ellos el memorando entre Corpoelec y GE Vernova, tardarán años en sentirse en la red.
Para ANOVA, esa es justamente la señal de alarma. La única medida que el Estado ha tomado frente a la crisis eléctrica (reducir la jornada de los trabajadores públicos) no resuelve la escasez, solo le devuelve tiempo libre a la fuerza laboral para que ella misma lidie con el colapso.
«La productividad laboral está severamente limitada cuando siete de cada diez hogares organizan su día en torno a la llegada del agua y al horario del apagón, y cuando el propio Estado reduce su jornada para ahorrar electricidad», concluye el informe.
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