En un reciente informe, el banco advierte que la selección de Luis Salas como jefe del gabinete económico introduce nuevos elementos de incertidumbre sobre la voluntad del gobierno de honrar sus compromisos internacionales.
Los mercados no han leído positivamente el nombramiento del académico Luis Salas como ministro de Economía Productiva. Pese a que dirige un despacho sin cartera, las firmas de análisis financiero consideran que las teorías del joven investigador, de corte marxista, encuentran oídos en las instancias más altas del gobierno.
«Creemos que el ascenso de Salas marca el primer momento en la administración de Maduro en el que un académico radical está a cargo de la política económica», señala el reporte de Bank of America.
Pese a que la posición del nuevo ministro sobre el pago de la deuda no es del todo clara, el banco hace referencia a la cercanía que podría tener con la del economista español Alfredo Serrano Mancilla, quien, según el informe, también asesora al gobierno venezolano. Serrano Mancilla se ha extendido más sobre el tema, incluso alabando el impago en el que incurrió Ecuador en 2008.
«Sobre Venezuela, escribió que cualquier debate sobre el pago de la deuda debe empezar por la premisa básica de que las deudas sociales no son negociables, sugiriendo que el país no debe honrar sus obligaciones internacionales si al hacerlo pone en peligro su capacidad de responder a sus compromisos sociales», sostiene la firma.
Bank of America también indicó que existen razones políticas que generan aún más incertidumbre sobre el pago de la deuda. «En 2015, el gobierno escogió honrar las obligaciones de deuda antes de una elección, en la cual terminó perdiendo la mayoría calificada por un pequeño margen. Tendría sentido si las autoridades reevalúan su decisión desde el punto de vista político dada la posibilidad de un referendo revocatorio», escribieron los analistas.
Este año, el país debe llenar un hueco de $25 mil millones en su balanza de pagos. Pero las proyecciones en los precios del petróleo ponen más presión sobre esa cifra, ya que si que si la cesta venezolana promedia en $30 y el gobierno evita recortar aún más las importaciones, las necesidades de financiamiento se elevan a $40 mil millones.
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