Desde el pasado 3 de enero muchas cosas han cambiado en el plano económico. Un nueva Ley de Hidrocarburos, flexibilización de sanciones, liquidación de divisas en las mesas de cambio de la banca y un viraje completo de las proyecciones económicas para el 2026. Sin embargo, hay un tema que aún no se toca y que los especialistas señalan que no será tan fácil de atender: el aumento del sueldo para los trabajadores venezolanos.
Hoy, el salario mínimo en Venezuela es prácticamente simbólico. Permanece congelado en 130 bolívares desde marzo de 2022 y equivale a unos 40 centavos de dólar, por lo que en la práctica no funciona como salario. El ingreso real se paga vía bonos, especialmente en el sector público: un bono de alimentación de 40 dólares y el llamado bono de guerra económica, de 120 dólares, ambos sin incidencia en prestaciones. El resultado es un modelo donde el salario desapareció y fue reemplazado por transferencias discrecionales.
En la calle, las expectativas de que esta realidad salarial cambie son muchas. Videos en redes sociales ironizan con los posibles sueldos que tendrán maestros y empleados públicos. Se habla de mil dólares, de mil quinientos, de dos mil. La realidad es que los analistas advierten que esto no es posible, al menos en el corto plazo.
¿Las razones? La cantidad de trabajadores del Estado no permite un ajuste de sueldos a ese nivel y además la Ley de Trabajo como está en este momento formulada no da el margen de maniobra a las empresas para cumplir con pasivos laborales.
Un Estado enorme
En Venezuela mucha gente trabaja para el Estado. Las cifras no son exactas ante la falta de publicación de data por parte del gobierno. Los datos más precisos que se tienen son del año 2022, cuando la ONG Trasparencia Venezuela recibió un borrador del presupuesto de la nación, que tampoco se publica por ningún medio desde el 2017.
Lo que reveló la ONG resultó alarmante. Para el 2022 la administración pública nacional incluía más de 5,5 millones de trabajadores, de los cuales alrededor de 4,44 millones pertenecían al sector militar. Esto representa más del 80 % de la nómina pública adscrita al ámbito militar y no al sector civil tradicional como educación o salud.
Dentro de esos números, Transparencia Venezuela contabilizaba 364.625 docentes y 42.489 funcionarios del sector salud, cifras que contrastan con el volumen total de empleados estatales según esa misma documentación presupuestaria.
El ingeniero y especialista en finanzas, José Miguel Farías, apunta que, más allá del dato bruto, este tamaño responde a décadas en las que la nómina pública fue utilizada como herramienta de control político y clientelismo.
En ese entorno, intentar pagar salarios “dignos” sin reducir de manera significativa el peso del Estado no solo tensiona las finanzas públicas, sino que hace prácticamente imposible sostener una política salarial homogénea que abarque tanto a empleados civiles como a la vasta estructura militarizada sin llevar al colapso fiscal.
El Estado venezolano tiene 2,4 millones de empleados porque durante décadas usó la nómina pública como herramienta de control político y clientelismo. Intentar pagarles salarios 'dignos' sin reducir el tamaño del Estado es garantizar el colapso fiscal. Primero lo primero.
No solo es el tamaño de la nómina, también es el encogimiento prolongado de la economía. Entre 2013 y 2021, el Producto Interno Bruto (PIB) del país se redujo en más de 75 %, como resultado de años de recesión prolongada, hiperinflación, colapso de la producción petrolera y destrucción del aparato productivo no petrolero . Aunque desde 2022 se han observado señales de estabilización parcial, el tamaño actual de la economía sigue siendo apenas una fracción de lo que fue hace una década y eso no se revierte de la noche a la mañana.
Esa contracción tiene efectos directos sobre el mercado laboral. Una economía más pequeña implica menor demanda interna, menos ventas y márgenes más reducidos para empresas y comercios, lo que limita de forma estructural la capacidad de pagar mejores salarios.
En muchos sectores, incluso donde se ha logrado reactivar operaciones, los ingresos no alcanzan para sostener aumentos salariales significativos sin poner en riesgo la viabilidad del negocio. El resultado es un círculo vicioso: baja producción, bajos ingresos y sueldos que permanecen deprimidos, tanto en el sector privado como en el público.
El economista y consultor Jesús Palacios estima que, incluso con un crecimiento anual del PIB cercano al 10 %, tomaría entre 10 y 15 años para que el PIB per cápita vuelva a los niveles previos a la crisis de 2013, por lo que no se puede tampoco esperar que los ingresos se recuperen de la noche a la mañana.
El reto del capital humano
Incluso si el entorno económico mejora y aumenta el interés de inversión extranjera, Venezuela enfrenta un obstáculo estructural: la escasez de mano de obra calificada. El estudio Colapso de Capital Humano en Venezueladel centro de pensamiento ANOVA documenta que millones de trabajadores formados se perdieron por el éxodo y la desprofesionalización.
Entre 2015 y 2021, la población económicamente activa cayó cerca de 33 %, el número de trabajadores con educación superior se redujo 27 %, y los años de escolaridad incorporados a la fuerza laboral retrocedieron casi 40 %.
Para empresas e inversionistas, este déficit de talento es una de las principales barreras para expandir operaciones, incluso cuando las condiciones macroeconómicas parecen más favorables.
Entonces, ¿el aumento de sueldo?
Un aumento en los ingresos es posible, pero lamentablemente para mucho es poco probable que sea el que esperan. Cualquier recuperación del ingreso de los trabajadores dependerá de que el crecimiento económico sea sostenido y no solo coyuntural. En una economía que aún intenta estabilizarse y con una base productiva reducida, los márgenes para aumentos salariales generalizados siguen siendo estrechos.
A este escenario se suma un marco legal que dificulta los ajustes. La actual Ley Orgánica del Trabajo resulta inviable en el contexto venezolano, tanto para el Estado como para el sector privado. La rigidez en materia de pasivos laborales, prestaciones y estabilidad hace que cualquier aumento del salario base implique compromisos futuros que muchas empresas —y el propio Estado— no están en capacidad de asumir.
